Ministros salientes delegaron a la nueva Corte revisar si son legales los decretos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar autos chocolates, beneficio que, dos días antes de terminar su sexenio, extendió hasta septiembre de 2026.
En su última sesión, el 13 de agosto, la Primera Sala de la Corte aceptó la solicitud de un tribunal colegiado para atraer uno de varios amparos que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) promovió para impugnar los decretos que López Obrador empezó a emitir en 2022.
Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el decreto tendrá modificaciones, "porque han habido abusos en esta apertura que se hizo", mismas que serán anunciadas la próxima semana.
Por cuatro votos contra uno, la Sala enfatizó que una cosa es la importación legal de vehículos usados y otra la regularización de los que entraron ilegalmente al País.
"El análisis del caso permitirá confrontar la pretendida necesidad de regularizar vehículos de procedencia extranjera, frente a la existencia de legislación que tipifica como contrabando la posesión de un vehículo de procedencia extranjera sin la documentación que acredite su legal estancia en el País", explicó la Sala.
"Esto es, resolver la tensión existente entre la comisión de un delito de contrabando y el contenido de un decreto que pretende regularizar la condición del vehículo sin transitar por el procedimiento previsto para su importación, e inobservando que el vehículo a regularizar carece de la documentación que evite la configuración del delito de contrabando".
También destacó que se debe analizar si esta regularización causa un daño desproporcionado a la industria automotriz nacional, pues se trata de una posible competencia desleal, y de la introducción de unidades que no cumplen requisitos ambientales.
La Ministra Loretta Ortiz, única integrante de la ahora extinta Primera Sala que sigue en la Corte, votó en contra de la atracción.
Cuando terminó el sexenio de López Obrador, se habían regularizado unos 2.5 millones de autos chocolates, previo pago de 2 mil 500 pesos por unidad, lo que dejó una recaudación de 6 mil 239 millones de pesos, en teoría destinados a tapar baches.
La AMDA, que agrupa a más de 2 mil 600 distribuidores de automóviles nuevos, urgió al Congreso en junio pasado a derogar el decreto del ex Presidente.
Como parte del litigio de uno de estos amparos, en mayo de 2024 una jueza federal ordenó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), responsable del programa, varias medidas para mitigar los daños por la regularización.
"Bajo la estrategia que más estime conveniente, verifique que estos (vehículos) cumplan la normativa aplicable en materia de funcionamiento mecánico, emisiones de gases contaminantes y seguridad pública, así como que efectivamente encuadran en el presupuesto temporal aplicable", ordenó la jueza.
El SNSP nunca cumplió esta suspensión, que fue revocada en abril pasado por un tribunal colegiado.
