Lunes 13 de Octubre de 2025 | Aguascalientes.
La política de los viejos regímenes siempre ha buscado reducir las manifestaciones ciudadanas a caricaturas. Infiltrados, manipulados, asalariados de tal o cual partido. Cada generación que se levanta contra la inercia es acusada de lo mismo. Pero los tiempos cambian y, aunque algunos se empeñen en no entenderlo, las causas ambientales, feministas y sociales en Aguascalientes ya no caben en ese molde.
Quienes se organizaron para defender La Pona no llegaron al Palacio de Gobierno para rendir pleitesía, sino para exigir claridad. Entregaron un pliego dirigido a instituciones municipales, estatales y federales, reclamando transparencia sobre avalúos, compra de terrenos, estudios de impacto ambiental y planes de intervención en áreas naturales protegidas. No pedían favores ni privilegios; pedían que el poder rinda cuentas. Y eso, en sí mismo, incomoda.
Desde la Secretaría de Gobierno se respondió como suelen responder las estructuras cerradas. Pidiendo que los ciudadanos no se manifiesten con prensa ni protestas, sino en privado y a puerta cerrada. En su idílico, como si la política fuese un pacto íntimo entre funcionarios y súbditos. Cuando los colectivos recordaron que el Palacio no es casa de nadie, sino la sede pública del poder, se expuso una grieta importante. La ciudadanía ya no acepta negociar en silencio lo que afecta a todos.
El intento de reducir estas protestas a un espectáculo orquestado por partidos ignora lo fundamental, pues hay jóvenes, académicos y asociaciones que decidieron salir a la calle por convicción, no por consigna. No todo se mueve con dos o tres pesos ni con la orden de un dirigente. Las nuevas generaciones han crecido en un mundo que arde, que se queda sin agua, que ve cómo los pactos a puerta cerrada hipotecan su futuro. Y ante eso, no hay línea partidista que pueda detener la indignación.
El tema de La Pona no está resuelto, por más que algunos insistan en declararlo así. Mientras no haya plena transparencia sobre avalúos, adquisiciones, permisos e intervenciones, seguirá siendo un asunto abierto. Y los colectivos seguirán presentes, porque han entendido que la democracia no es el arte de aplaudir, sino el derecho -y la obligación- de incomodar.
