San Luis Potosí, SLP.- La disminución del presupuesto federal destinado a la protección ambiental ha comenzado a pasar factura en San Luis Potosí. Seis áreas naturales protegidas de jurisdicción federal enfrentan obstáculos crecientes para operar con eficacia debido al debilitamiento institucional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cuya labor de vigilancia y sanción resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Las áreas afectadas incluyen la Sierra de San Miguelito, Sierra La Mojonera en Venado, el Parque Nacional Gogorrón en Villa de Reyes, la Sierra de Álvarez (ubicada entre Armadillo de los Infante y Zaragoza), El Potosí (en Rioverde y Santa María del Río), así como la Sierra del abra Tanchita, Ciudad Valles.
Aunque en los últimos años la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha mantenido e incluso incrementado el número de personal en algunas regiones, el problema central radica en la falta de articulación y recursos suficientes para que la PROFEPA —único organismo facultado para hacer cumplir la ley— actúe cuando se cometen infracciones como tala, caza o destrucción de hábitats en estos territorios.
"Si alguien se mete a talar o cazar en un área protegida, los de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas no pueden detener a nadie; tienen que llevar a la PROFEPA, y ésta está muy limitada, porque tiene de seis a ocho vigilantes para todo el estado, y no se dan abasto", advirtió Edgardo de los Santos Casares, presidente del Consejo Ciudadano de Vida Silvestre y Medio Ambiente de San Luis Potosí.
La precariedad de la PROFEPA es resultado directo del recorte presupuestal federal. En 2018, la dependencia operaba con más de 1,100 millones de pesos; para 2022, su presupuesto se redujo a 840 millones, es decir, una caída del 23.6%.
"Más que la falta de dinero, el problema es cómo está planteada la reglamentación y quiénes pueden hacer las detenciones. La PROFEPA está limitada tanto en personal como en recursos, y eso te impide conservar adecuadamente un área", agregó De los Santos.
La situación es tal que, salvó la Sierra de San Miguelito —la única con oficinas propias—, en el resto de las áreas los encargados operan desde sus casas o en espacios prestados por universidades. Las condiciones operativas son tan mínimas que incluso los directores de área deben cubrir con recursos propios insumos básicos para reuniones de trabajo.
"El director de un área protegida tiene que poner de su bolsa agua, manzanas o galletas para las reuniones. En ese sentido están muy reducidos", denunció.
Pese a todo, la voluntad del personal ha permitido que algunas áreas mantengan su operatividad básica. “No se trata solo de la pérdida de dinero, porque en algunas áreas se está trabajando mejor que antes, cuando había más dinero. Es más bien cómo administras el dinero y cómo están reguladas las actividades de las diversas instituciones”, puntualizó De los Santos.
La falta de regulación efectiva también afecta a los propietarios de tierras dentro de las áreas protegidas. Ante una reglamentación restrictiva y poco flexible, muchos de ellos enfrentan trabas para llevar a cabo proyectos productivos sustentables o actividades de conservación con enfoque comunitario.
"Más que la falta de dinero, el punto es cómo lograr que los propietarios se sientan respaldados por las instituciones en la materia", reflexionó.
Los recortes al sector ambiental no son exclusivos de San Luis Potosí. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2016 y 2020, el presupuesto nacional para conservación ambiental cayó más de un 80%, pasando de 880 millones de pesos a solo 183 millones. En 2022, hubo una leve recuperación de 322 millones, pero aún muy por debajo de lo necesario.
Desde 2019, los programas federales de protección y manejo de especies en riesgo fueron fusionados en un solo fondo, lo cual, lejos de simplificar, ha limitado la acción coordinada y especializada.
La tendencia apunta a una desprotección sistemática de las áreas naturales que constituyen no sólo el pulmón ecológico del país, sino también una herramienta vital frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
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