Las herramientas que tienen las autoridades de supervisión y control del sistema financiero mexicano para prevenir y detectar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo están muy por debajo de otros países, señalaron especialistas.
Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda tienen robustos controles financieros, las millones de operaciones que corren en el sistema diariamente a nivel nacional y para el extranjero rebasan las capacidades de las autoridades locales, explicó en entrevista el despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.
"La información que tiene Estados Unidos es mucho más potente y amplia que la que tienen el Gobierno y las instituciones mexicanas.
"México no tiene forma de allegarse de información de las empresas chinas, a diferencia de Estados Unidos, que tiene sistemas más fuertes y con mayor penetración para recabar esa información", señaló en entrevista Luis Pérez de Acha, socio director del despacho.
Al respecto, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), señaló que Estados Unidos recibe mayor información del sistema bancario mundial, a la que México no tiene acceso, debido a su relevancia como potencia económica.
Añadió que los casos de CI Banco, Intercam y Vector revelan que los reguladores mexicanos deben fortalecer su canal de comunicación con sus homólogos del vecino del norte para aplicar medidas correctivas antes de que se presenten más casos similares.
"Esta es una llamada de atención de que el sistema financiero no ha implementado todos los filtros y controles para poder detectar operaciones irregulares. Si los tuvieran, no hubiéramos llegado a esto.
"Los bancos tienen que trabajar fuertemente en construir esos sistemas de control y los reguladores tienen que fortalecer su canal de comunicación con sus similares de Estados Unidos", indicó Herrera.
Si no se trabaja en robustecer las medidas antilavado del sistema financiero, abundó el economista, se corre el riesgo de generar un riesgo reputacional más severo en el futuro.
