La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) señaló que el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre la elección judicial valida sus advertencias previas sobre el proceso y refirió que alista un litigio internacional contra el Estado mexicano.
La asociación judicial consideró que la afirmación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que "la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región" es uno de los señalamientos más contundentes del informe.
"La JUFED expresa su absoluta oposición por la validación de un modelo de elección judicial que vulnera principios democráticos esenciales como la independencia judicial, la imparcialidad y la profesionalización de la carrera judicial y normaliza la manipulación de votantes. La falta de marcos normativos adecuados, la eliminación de los concursos de oposición y la improvisación en el diseño institucional representan un retroceso inaceptable en la construcción de un Estado de Derecho", expuso.
"Desde el inicio, JUFED advirtió que imponer un modelo de elección judicial por voto popular sin contar con garantías técnicas, normativas y democráticas, contraviene los estándares internacionales de independencia judicial reconocidos por la ONU y la CIDH. Esta reforma atenta contra el derecho humano a ser juzgado por jueces independientes e imparciales y vulnera la separación de poderes", agregó.
Asimismo informó que inició el acopio de pruebas para un litigio internacional contra el Estado mexicano en defensa del Estado de Derecho y la autonomía judicial.
En éste, dijo, presentará pruebas resultado del acopio sistemático de documentación y evidencia de las irregularidades reportadas por diversas organizaciones de la sociedad civil, observadores nacionales y actores institucionales.
"Todo este material será presentado en el litigio internacional que nuestra organización mantiene ante instancias internacionales", apuntó.
JUFED reiteró su convicción de que el respeto a la legalidad y a la independencia del Poder Judicial no es negociable. Finalmente, hizo un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilante y solidaria con el proceso de defensa de los principios democráticos en México.
La Misión de la OEA, dirigida por el ex Canciller chileno Heraldo Muñoz, documentó en su informe que el proceso de elección judicial se desarrolló sin un marco normativo claro, lo que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a tomar muchas decisiones operativas de forma improvisada.
Se detectaron "deficiencias técnicas significativas" en la conformación y actuación de los comités de evaluación, los cuales operaron con criterios dispares, sin coordinación ni uniformidad en los mecanismos de evaluación de los aspirantes.
El informe de la OEA también destacó que el nivel de exigencia fue insuficiente para evaluar la idoneidad técnica de quienes compitieron por cargos judiciales, lo cual contrasta con los estándares internacionales que demandan mérito, capacidad profesional y experiencia como requisitos mínimos.
La eliminación de los concursos de oposición y la politización del proceso de selección, junto con la revelación de que seis de los nuevos ministros fueron propuestos directamente por el Ejecutivo, configuran un "grave escenario de vulneración a la independencia judicial".
"Todo ello debilita el principio de separación de poderes y pone en riesgo la solidez del Estado", según JUFED.
"Llamamos a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilante y solidaria con el proceso de defensa de los principios democráticos en México", añadió.
La OEA observó que el proceso se dio en un plazo breve y en un contexto de polarización política. La participación ciudadana fue de aproximadamente el 12 por ciento, lo que catalogó como uno de los niveles más bajos para un proceso electoral en la región, y denotó que se registró un elevado porcentaje de votos nulos y no marcados.
La organización internacional presidida por Albert Ramchand, de Surinam, recordó que en ningún otro país se ha planteado que los jueces sean electos por voto popular.
