Miércoles 16 de Abril de 2025 | Aguascalientes.
El nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB) que se implementará para Petróleos Mexicanos (Pemex), y con el que se pretende reducir su carga fiscal, no implica necesariamente una mejor rentabilidad y operación para la empresa.
Así lo señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en su investigación "Nuevo Régimen Fiscal de Pemex: Implicaciones para la Competitividad", en la que se analiza la creación del DPB, el cual unifica los tres derechos que pagaba la compañía desde enero de 2025.
Con este se reduce la carga fiscal de la petrolera y la obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que aumentará los ingresos a Pemex pero reducirá los ingresos fiscales con los que el Estado dispone para el financiamiento de proyectos sociales e inversión.
"Aunque este cambio pretende mejorar la situación financiera y operativa de Pemex, un menor pago de derechos e impuestos no garantiza una mejora en la rentabilidad y operación de la petrolera.
"Sin controles e incentivos adecuados, los recursos liberados podrían destinarse a actividades poco rentables, como el negocio de refinación, en lugar de fortalecer áreas estratégicas como la exploración y extracción de hidrocarburos", expone el documento compartido a REFORMA en exclusiva.
La evidencia más reciente lo confirma en 2024, destacó el Imco, cuando con una menor carga fiscal Pemex registró su segunda mayor pérdida en al menos 14 años de 620.6 mil millones de pesos.
El Imco advierte que al eliminar deducciones de costos para las empresas, se reduce el atractivo para la inversión en nuevos proyectos de exploración y extracción en comparación con la explotación de campos desarrollados, maduros o con menor riesgo financiero.
Esto implicará una menor incorporación de reservas y menor producción de hidrocarburos.
La clave de que el nuevo DPB funcione con los recursos adicionales que se quedará dentro de Pemex es que se realice un cambio estructural en su gestión operativa y con ello reducir la dependencia de los apoyos económicos del Gobierno y que se sigan comprometiendo recursos públicos que pueden ser empleados en otros rubros sociales como salud o educación.
Un aspecto importante a destacar, de acuerdo con el Imco, es que con dicho cambio legal no se modificaron otras contribuciones obligatorias de la petrolera como el Impuesto por Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
