La democracia mexicana, como bien lo describe Robert Dahl en su concepto de poliarquía, aspira a ser un sistema donde la participación política sea incluyente, equitativa y representativa. A pesar de los avances logrados en términos de pluralidad y competitividad electoral, las desigualdades sociales y económicas, así como la desconfianza en las instituciones, siguen siendo obstáculos importantes para consolidar una democracia que sirva a todos los ciudadanos por igual.
En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas se perfilan como elementos esenciales para el fortalecimiento de nuestro régimen político. La lucha contra la corrupción no es solo una demanda ciudadana, sino una necesidad estructural para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la mayoría. Un sistema político opaco, donde las decisiones se toman al margen de los ciudadanos, no puede aspirar a ser democrático en el sentido pleno del término.
El actual gobierno federal enfrenta el reto de demostrar que la transparencia no es únicamente un principio discursivo, sino una práctica cotidiana que permita a los ciudadanos vigilar el uso del poder y exigir resultados. Esto implica no solo fortalecer los mecanismos de acceso a la información pública, sino también garantizar que las instituciones responsables de fiscalizar y sancionar actos de corrupción actúen con independencia y efectividad.
La rendición de cuentas, por su parte, es igualmente trascendental para consolidar un régimen democrático incluyente. Las desigualdades estructurales que limitan la participación de amplios sectores de la población –como el acceso desigual a la educación, la información y los recursos económicos– pueden empezar a resolverse si las políticas públicas están diseñadas con base en diagnósticos claros y si se monitorean sus resultados con rigor. Los ciudadanos deben tener la certeza de que sus impuestos se traducen en obras, servicios y programas que mejoren su calidad de vida.
La democracia mexicana no está exenta de desafíos. A pesar de contar con un sistema electoral competitivo y derechos civiles garantizados en la ley, fenómenos como la violencia política, la influencia desproporcionada del dinero en las campañas y la desconfianza en las instituciones erosionan la participación ciudadana y el pleno ejercicio de las libertades democráticas. Por ello, los esfuerzos deben enfocarse en crear un entorno donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto y a la participación política sin obstáculos ni intimidaciones.
El momento histórico que vive México exige un compromiso renovado con los valores democráticos. Los gobiernos, independientemente de su orientación ideológica, tienen la responsabilidad de demostrar que es posible construir un sistema político incluyente y eficiente que coloque las necesidades de la ciudadanía en el centro. La transparencia y la rendición de cuentas no solo fortalecen la confianza en las instituciones, sino que también son herramientas fundamentales para avanzar hacia una democracia que garantice el bienestar de todos.
La consolidación de nuestra democracia depende, en última instancia, de la voluntad política y la participación activa de los ciudadanos. Si logramos construir un sistema político más justo, transparente y participativo, estaremos sentando las bases para un México verdaderamente democrático e inclusivo, donde nadie quede al margen de las decisiones que definen nuestro presente y futuro.
