Uno de los principales problemas que enfrentan las universidades públicas es el rezago salarial que afecta no sólo a las y los docentes, sino también a quienes integran los cuerpos administrativos, incluso, a veces con salarios por debajo del mínimo.
Lamentablemente, en los últimos años hemos visto que el gobierno federal ha dejado a un lado a las instituciones de educación superior, es más, desapareció el recurso que aportaba anteriormente al Programa U081, el cual servía de apoyo para atender problemas estructurales de las universidades como pensiones y reconocimiento de la plantilla docente, esto, aunado a que los recursos que les han "incrementado" a las instituciones han estado por debajo de la inflación, a todas luces resulta insuficiente para mantener el poder adquisitivo del sector académico, lo que contrasta significativamente, con los incrementos al salario mínimo que la CONASAMI ha venido estableciendo desde 2016 a la fecha, los cuales han sido superiores al 10, 15 e incluso han alcanzado el 20 por ciento, en algunos años.
El incremento al salario mínimo, era algo muy necesario, sin embargo, no ha beneficiado a las universidades públicas, que no han visto incrementadas sus percepciones, y como se sabe, la nómina es a donde se destina el principal gasto de estas instituciones.
Esto, también lo podemos contrastar con el incremento que ya se autorizó para 2025, que es de 12 por ciento, tanto para el salario mínimo general, como para los salarios mínimos profesionales, oficios y trabajos especiales; incluso al SNTE en este mismo año, se le autorizó un ajuste de 10 por ciento general para personal académico y administrativo, pero además, se le garantiza que año con año sus incrementos deberán de ir acordes a la inflación; y también se les establece un piso mínimo de percepciones de 16,677 pesos al mes, lo cual es parejo para maestros, secretarias, intendentes y todo el personal que pertenece al sector de la educación básica, situación que difiere de manera muy importante, con lo que se aprobó como tope salarial para el próximo año, para las instituciones de educación superior, que es de 4 por ciento; tope salarial que está definido por lo que logra el STUNAM con la UNAM, cantidad que la Secretaría de Hacienda, toma como referencia para el incremento a las instituciones públicas de educación superior; de esta manera, si lo comparamos con la inflación estimada, que, de acuerdo a algunos expertos es de casi 5 por ciento, entonces no estamos hablando de un incremento, sino por el contrario, de un decremento en términos reales del poder adquisitivo de las y los docentes.
Por lo tanto, muy seguramente esa será la medida que se va a implementar en las universidades públicas, en el caso particular de la UAA, se ha hecho la petición de incrementar en 15 por ciento el salario, claro que conocemos las restricciones presupuestales, pero tenemos que buscar caminos y alternativas que nos permitan acceder a percepciones justas, especialmente para los maestros que no tienen base y representan alrededor del 50 por ciento de la plantilla y están en el fondo del tabulador, ellos son los que menos ganan y son quienes mantienen una parte importante de la docencia, incluso tenemos maestros que ganan menos del mínimo que se gana en el SNTE. Frente a este panorama esperamos que la nueva presidenta de la República, como universitaria que es, sea sensible a este tema y no haga de lado a estas instituciones, tan importantes para el desarrollo del país.
