Bajo presión
La designación de Cynthia Macías como representante de los periodistas ante el Mecanismo Estatal de Protección ha generado una protesta legítima en Aguascalientes, también ha provocado que se confunda el centro de atención. Este nombramiento no debería convertirse en una disputa entre periodistas ni en un juicio sobre las personas. El problema central es el Congreso y la forma opaca en que condujo un proceso que afecta a todo el gremio.
Los periodistas no deben ser la noticia. Su función es informar, vigilar al poder y exigir rendición de cuentas. Que un grupo de comunicadores haya tenido que interrumpir una sesión legislativa para pedir transparencia no es una crisis interna del periodismo; es una señal de alarma sobre una institución pública que tomó una decisión sin explicar suficientemente sus reglas, criterios y motivaciones.
Ryszard Kapu?ci?ski señaló que la labor del reportero consiste en interpretar la visión de los otros. La fuente principal del conocimiento, decía, es lo que cuenta la gente y la forma en que opina sobre los asuntos. Esas voces deben ser interpretadas por quien escribe, pero para hacerlo es necesario involucrarse en la vida de las personas: estar, ver, oír, compartir y pensar. Convertir a los periodistas en el centro de esta disputa por un nombramiento es perder de vista lo importante: las malas decisiones que se tomaron en el Congreso.
Tomás Eloy Martínez definió el periodismo como “ante todo, un acto de servicio". El periodismo es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, ser otro”. No importa el apellido que se le ponga al trabajo periodístico, si es de investigación, de datos, cultural, ambiental, científico o de soluciones, por definición, es un trabajo para la sociedad, no para el poder. Cuando se deja de servir al público y se emplea para atender al poder, se transforma en servilismo.
Quienes concentran la atención en el nombramiento de una periodista y no de otra están desviando la mirada de lo relevante. Personalizan el conflicto y desplazan el hecho noticioso. No se trata de si es una u otro, sino de cómo responden los diputados a las exigencias de la sociedad y de una forma de ejercer el poder cada vez más alejada de la representación popular.
Recupero otra reflexión de Tomás Eloy Martínez: “El periodismo no es un circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta”. Ese combate también demanda hacerse del mayor número de herramientas para ampliar el mundo, comprenderlo y transformarlo.
Protestar por la persona designada es olvidar que lo opaco fue el procedimiento de designación. Al personalizar los ataques se desvía la atención y se relega la responsabilidad que tiene el Congreso. Esta designación no debilita por sí misma al gremio; lo que lo debilita es un proceso que deja a quienes ejercen el periodismo sin certeza sobre cómo se eligió a su representante y sin canales reales de participación.
El reclamo de los comunicadores no es, en esencia, que Cynthia Macías sea o no la persona adecuada. Es que el Congreso no ofreció elementos suficientes para evaluarlo. No se conocieron con claridad los perfiles de todos los aspirantes, los criterios de selección ni las razones que llevaron a los diputados a preferir una candidatura sobre otra. La incapacidad para argumentar una decisión.
La elección se realizó mediante cédula, es decir, mediante voto secreto. Eso impidió saber qué diputados respaldaron a cada aspirante y dificulta exigirles responsabilidad. En un asunto tan sensible como la protección de periodistas, la opacidad no es un detalle técnico: erosiona la confianza en un organismo cuya utilidad depende precisamente de esa confianza.
Artículo 19 había advertido, antes de la designación, que el Congreso debía publicar el calendario, las etapas, los criterios de evaluación, los perfiles de los aspirantes y los argumentos de la decisión final. También pidió priorizar la experiencia en derechos humanos, libertad de expresión y protección de periodistas, además de abrir canales de diálogo con el gremio. Esas exigencias no son excesivas; son el mínimo que corresponde a una designación de interés público.
Preocupa que la narrativa se reduzca a “periodistas contra periodistas”. Esa versión convierte una demanda institucional en una pelea de egos, facciones o intereses personales. Pero el conflicto no nace de que el gremio esté dividido, sino de que una autoridad tomó una decisión sin ofrecer suficientes garantías de transparencia y participación. La pregunta esencial sigue sin respuesta: ¿por qué el órgano encargado de proteger a quienes ejercen el periodismo fue integrado mediante un procedimiento opaco?
Una representante del gremio periodístico no representa a una persona, a un medio ni a un grupo de amigos. Representa a quienes enfrentan riesgos por informar. Para que esa representación tenga autoridad necesita algo más que una mayoría legislativa: necesita legitimidad ante las personas a las que dice representar.
Cynthia Macías no debe ser descalificada de antemano ni se puede dar por sentado que su trayectoria carece de valor. El problema es que, si el proceso fue percibido como cerrado o diseñado a modo, la designación llega debilitada. La mejor salida no es atacarla ni obligarla a pelear contra sus colegas, sino exigir que el Congreso repare las deficiencias del procedimiento.
Aquí está el hecho central: hoy el Congreso no ha demostrado con hechos la transparencia de su actuación. Debe difundir los criterios, hacer públicos los perfiles y, sobre todo, presentar los argumentos de evaluación y establecer mecanismos de diálogo. Ante los cuestionamientos, los diputados deben asumir su responsabilidad y revisar el proceso, en lugar de hacer recaer la carga de la prueba en los periodistas que protestan.
El Congreso de Aguascalientes tiene una salida sencilla y necesaria: abrir el proceso, no cerrar filas. Debe explicar públicamente cómo se seleccionó a Cynthia Macías, transparentar los criterios y los perfiles considerados, y establecer un mecanismo permanente de consulta con el gremio. Ante los señalamientos, se debe revisar el uso del voto secreto en decisiones de este tipo. Cuando se trata de proteger a periodistas, la trazabilidad importa. Los diputados deben poder responder ante la ciudadanía y ante el gremio por el respaldo que otorgaron.
El Congreso también está obligado a garantizar que la protesta no sea criminalizada ni tratada como una falta de respeto. Exigir transparencia no es obstruir; es ejercer una función democrática. Silenciar o deslegitimar la inconformidad sólo confirma que el problema no es la persona designada, sino la forma en que se decidió designarla.
Antes que convertirse en una división artificial entre grupos de periodistas, este episodio debería servir para fortalecer al periodismo, no para fragmentarlo. Los periodistas pueden tener diferencias legítimas sobre candidaturas, trayectorias o estrategias de representación. Sin embargo, insisto, esas diferencias no son el hecho noticioso ni el centro de la historia.
La noticia es otra: un Congreso servil, incapaz y obstinado en cometer más errores que las legislaturas anteriores; integrado por grupos que no entienden lo que significa ser representantes populares y que pueden tomar una decisión relevante para la protección de la prensa sin ofrecer explicaciones suficientes. Frente a esa opacidad, un gremio se organizó para pedir cuentas. La atención debe permanecer donde corresponde: en el actuar del Congreso, en su deber de transparencia y en su obligación de construir un Mecanismo de Protección creíble, autónomo y útil para quienes más lo necesitan.
Coda. Si el periodismo se divide, gana la opacidad. Si mantiene la mirada en la institución que debe rendir cuentas, gana la democracia.
@aldan