El derecho a incomodar

Cruzando calles

Un título académico puede representar años de esfuerzo y una legítima satisfacción personal. Cuando quien lo obtiene decide mostrarlo públicamente, también lo incorpora a una conversación cuyas respuestas no controla. Habrá felicitaciones, reconocimiento y hasta cuestionamientos en algunos casos. Algunas opiniones podrán ser incómodas. Lo anterior, nos lleva a la controversia sobre el doctorado de la ministra Lenia Batres. La discusión pública permite reflexionar sobre la frontera entre la crítica protegida por la libertad de expresión y las afirmaciones que pueden generar responsabilidad por una afectación ilícita al honor.

Todo parte de la difusión del título que lamisma ministra hace. Posteriormente, llega una investigación periodística exponiendo posibles irregularidades relacionadas con el programa,así como de las condiciones de obtención del grado. Ella rechazó los señalamientos y planteó la posibilidad de demandar. De inicio, debemos distinguir lo siguiente: una denuncia periodística no acredita por sí misma la invalidez de un documento, ni el rechazo de la persona involucrada tampoco clausura las preguntas y la discusión pública.

La formación profesional de una integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene relevancia pública. Examinar las credenciales con las que presenta su trayectoria puede contribuir a valorar la información y desempeño que ofrece a la sociedad. Además, cuando ella misma difunde el documento, refuerza la legitimidad de discutir públicamente su contenido y sus alcances. Quien busca reconocimiento público por un mérito debe contar también con la posibilidad de que ese mérito sea examinado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la información vinculada con la proyección pública de una persona, o difundida voluntariamente por ella, admite un margen más amplio de escrutinio. Esa exposición no supone renunciar a toda privacidad, pero sí modifica las condiciones en las que puede reclamarse la reserva sobre aquello que se decidió hacer público o que debe ser público debido al cargo.

Esto tampoco significa que una servidora pública pierda su derecho al honor. Significa que debe tolerar un margen mayor de crítica respecto de asuntos de interés público. Nuestra jurisprudencia reconoce que quienes desempeñan funciones públicas están sujetos a un control social más riguroso de sus actividades y manifestaciones. La razón está en la relevancia de lo discutido para la comunidad y en la necesidad de preservar una deliberación democrática abierta.

Estas discusiones no son nuevas para el derecho y el escrutinio público, en ese contexto, cobra importancia la llamada real malicia. El criterio adquirió relevancia constitucional en Estados Unidos con el caso New York Times contra Sullivan, resuelto por la Suprema Corte el 9 de marzo de 1964, en plena lucha por los derechos civiles. El conflicto surgió por un anuncio publicado en el periódico que denunciaba actuaciones contra ese movimiento y contenía algunas inexactitudes. Sullivan, funcionario de Montgomery, Alabama, responsable de supervisar a la policía, consideró que las críticas lo afectaban y obtuvo una indemnización en los tribunales estatales. En siguiente instancia, la Suprema Corte revirtió esa decisión.

El tribunal estableció que, para obtener una indemnización por afirmaciones falsas sobre su actuación oficial, un funcionario debía demostrar que se publicaron con conocimiento de su falsedad o con temeraria despreocupación por su verdad. El criterio buscaba preservar el espacio necesario para la discusión pública: si cualquier inexactitud bastara para imponer una condena, entonces, el temor a equivocarse podría terminar silenciando críticas legítimas. El error, por sí solo, no acredita real malicia, es decir, quien difunde una afirmación falsa sobre otra persona.

El nombre de la figura puede confundir. La real malicia no se reduce a la antipatía del periodista, al tono áspero de una publicación o a la existencia de un enfrentamiento previo. Tratándose de afirmaciones sobre hechos, resulta decisivo establecer si se difundió información falsa sabiendo que lo era o con una temeraria despreocupación por su verdad o falsedad. Este criterio también ha sido recogido y desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un ejemplo permite entenderlo. Un medio puede revisar documentos, contrastar fuentes y, aun así, equivocarse. Ese error no demuestra por sí mismo real malicia. Distinto sería que conociera documentos que desmienten su acusación y decidiera publicarla como cierta, o que difundiera una imputación pese a tener serias razones para dudar de ella. La diferencia está entre una investigación que contiene errores y la difusión de falsedades con conocimiento de ello o desprecio consciente por la verdad.

También es indispensable distinguir las preguntas de las acusaciones. Solicitar que se aclare la modalidad autorizada de un programa no equivale a afirmar que un título es falso. Señalar una aparente inconsistencia documental tampoco demuestra, sin más, la comisión de un fraude. El periodismo debe contextualizar sus hallazgos y explicar qué está acreditado y qué permanece abierto. Que un asunto merezca investigación no vuelve correctas, automáticamente, todas las conclusiones de quien lo investiga.

Al mostrar públicamente su título, la ministra dio a conocer un logro personal que puede recibir tanto felicitaciones como preguntas y críticas. Eso no significa que haya actuado de manera incorrecta ni que las irregularidades señaladas estén probadas. El interés en revisar su formación se explica por la importancia del cargo que ocupa y por su propia decisión de compartir ese logro con la sociedad.

Para este caso, la ministra conserva el derecho a responder, aportar documentos y acudir a los tribunales. Y los medios y la ciudadanía conservan el derecho a investigar, preguntar y criticar dentro de los límites constitucionales. Una eventual controversia tendría que resolverse atendiendo a las expresiones concretas, sus fundamentos y el estándar jurídico aplicable. El anuncio de una demanda tampoco acredita la falsedad de lo publicado ni demuestra, por sí mismo, que exista un intento abusivo de silenciarlo.

La reputación merece protección. El escrutinio público y la prensa también. Entre ambos, la real malicia exige algo más que medir la intensidad del agravio, obliga a examinar qué se afirmó, con qué sustento y con qué conocimiento de su verdad o falsedad. Este tipo de discusiones tiene dos caras: quien exhibe una credencial puede esperar reconocimiento; lo que no puede exigir es que la conversación termine en el aplauso;y, quien la cuestiona debe recordar que la libertad de investigar no convierte una sospecha en un hecho probado.

La transparencia exige que los servidores públicos respalden los méritos que presentan ante la sociedad, especialmente en una Suprema Corte y un nuevo poder judicial bajo intenso debate tras la reforma judicial. La prensa de investigación cumple una función indispensable al contrastar sus afirmaciones con los documentos. Antes se decía que los jueces hablaban mediante sus sentencias;si hoy también buscan reconocimiento fuera de ellas, deben admitir el escrutinio que lo acompaña. Quien presenta públicamente un mérito, lo está despojando de su intimidad y debe estar dispuesto a explicar su respaldo. Investigar ese sustento es parte del trabajo de la prensa.

 

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