¿Lo dije o lo pensé?
De cada cien pesos que la Federación gastará en 2027, apenas doce irán a educación. Es el cuarto rubro de un presupuesto de 10.64 billones de pesos. Esto permite entender las verdaderas prioridades del gasto como pagar los intereses de un endeudamiento cada vez más desbocado y aceitar programas clientelares que invertir en lo que genera desarrollo a largo plazo.
El primer lugar del gasto se lo lleva protección social con 2.55 billones de pesos, una bolsa absorbida por pensiones y transferencias directas que dan rentabilidad electoral inmediata, pero no construyen capacidades productivas. En segundo sitio aparece el costo financiero de la deuda pública con 1.57 billones. El costo financiero de la deudaes mayor que todo el sistema educativo nacional (1.26 billones), que también queda detrás de las participaciones a estados y municipios (1.55 billones). Más abajo vienen salud (1.11 billones) y otro barril sin fondo: 1.08 billones quemados en combustibles y energía. Vivienda (420 mil millones), transporte (210 mil millones), seguridad (170 mil millones) y justicia (130 mil millones) recogen las sobras al final de la fila.
De los 6 mil millones de pesos que los diputados recortaron al presupuesto solicitado por el INE para 2027, 3 mil millones fueron a La Escuela es Nuestra (entrega directa de efectivo sin controles claros ni impacto pedagógico medible)y 618 millones a educación inicial. Los rectores también acudieron a la Cámara. Pidieron apoyo para cubrir las pensiones y propusieron crear un fondo para reparar aulas y equipar talleres y laboratorios. Los diputados escucharon la petición, pero al fondo universitario no le tocó un peso de esa bolsa.
Mientras el presupuesto se diluye en pagar deudas y gasto clientelar, las universidades estatales naufragan entre el abandono federal y su propia negligencia histórica. El 5 de noviembre, la Universidad Autónoma de Sinaloa admitió que le faltaban 1,380 millones de pesos para cubrir las quincenas de diciembre y el aguinaldo, asfixiada por pensiones sin fondeo. En la Autónoma de Zacatecas ocurre algo igual de grave. En septiembre el rector reconoció que jamás se constituyó el fideicomiso de jubilaciones pactado desde 1991. Un rescate extraordinario resuelve la nómina de diciembre, pero en enero el boquete sigue ahí, condenando a los trabajadores a no saber si cobrarán a tiempo lo que ya devengaron.
En las aulas el deterioro es todavía más profundo. Según la ANUIES, entre 2017 y 2025 la matrícula pública de licenciatura creció 20.7%, mientras el subsidio real por alumno cayó 16.6%. Las universidades recibieron a más jóvenes con menos dinero para formarlos, y el IMCO advierte que el presupuesto para educación superior de 2027 seguirá estancado por debajo del nivel de 2015.
En el Politécnico y la UAM ya acumulan dos años de recortes reales. En la UNAM, la inversión en instrumentos científicos y equipo cayó casi a la mitad entre 2024 y 2025, obligando a alumnos e investigadores a turnarse aparatos que rápidamente se vuelven obsoletos.
Los rectores deben explicar cómo van a cumplir los compromisos que asumieron con sus trabajadores. El gobierno federal y los diputados también deben responder por el presupuesto que aprueban. La próxima vez que el gobierno presuma miles de nuevos lugares en las universidades públicas, habrá que preguntarle si el presupuesto va a crecer al mismo ritmo que la matrícula.