Los presuntos herederos del predio ubicado en el kilómetro 52 de la carretera a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León —terreno donde el empresario Elon Musk proyectó instalar una planta de Tesla—, anunciaron que interpondrán una denuncia penal por despojo de inmueble, tras asegurar que advirtieron oportunamente al notario Sergio Reese García (titular de la Notaría Pública número 11, ubicada en la colonia Rincón de las Colinas, en Monterrey) sobre un presunto fraude inmobiliario en la compraventa de la propiedad.
María de los Ángeles García de Bryant, residente de McAllen, Texas, y vocera de los descendientes de Manuel García Rodríguez y Apolonia García Viuda de Luna —a quienes señala como los propietarios originales—, acudió en días recientes al Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León (IRCNL) para recopilar los documentos que acreditan su línea sucesoria.
De acuerdo con su testimonio, desde marzo de 2023 (año en que se anunció el proyecto automotriz) advirtió tanto al notario Sergio Reese como al gobernador Samuel García Sepúlveda y al propio Elon Musk que la operación comercial se realizaba sobre un predio en litigio, por lo que serían víctimas de un fraude.
Origen de la disputa agraria y catastral
García de Bryant relató que el conflicto se remonta a 1931, cuando un descendiente del general y exgobernador Lázaro Garza Ayala, identificado como Lázaro Dávila, presuntamente suplantó la identidad de su abuelo —fallecido en 1913— para adjudicarse derechos sobre el denominado Rancho El Carvajal, luego de que un familiar suyo adquiriera una fracción de la propiedad.
Con el paso de las décadas, descendientes de esa rama familiar —identificados como Lázaro Garza Benavides y Lázaro Garza González— se ostentaron como herederos del exgobernador para despojarlos de 2 mil 577 hectáreas. Según la denunciante, la familia se percató de la irregularidad en 2003, cuando acudieron a liquidar el impuesto predial y les informaron que su expediente catastral había desaparecido y que las tierras figuraban a nombre del exmandatario estatal.
Posteriormente, en 2019, los afectados promovieron un juicio contencioso administrativo contra quien resultara responsable durante la administración del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, encabezada entonces por Carlos Garza Ibarra.
Gestión federal y denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León
La representante de los descendientes señaló que, tras lograr recabar constancias en el Registro Público de la Propiedad, acudirá este jueves o viernes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para formalizar la denuncia por despojo.
Explicó que previamente sostuvo un acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien canalizó el asunto con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Ambos funcionarios federales le habrían indicado reunir la documentación probatoria para presentar la querella directamente ante el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar.
De acuerdo con García de Bryant, la acción legal podría alcanzar a exfuncionarios y servidores públicos en activo del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, a integrantes de la familia Garza Dávila y al propio Elon Musk, bajo el argumento de que las autoridades estatales han obstaculizado sistemáticamente sus solicitudes para recuperar las escrituras y los antecedentes catastrales del predio.
Los reclamantes manifestaron que su objetivo es que se revoque la compraventa celebrada en favor de quienes se hicieron pasar por descendientes de sus abuelos, y aseguraron que, si el magnate mantiene su interés en desarrollar la Gigafactory en Santa Catarina —luego de que el gobernador Samuel García señalara la posibilidad de retomar el proyecto enfocado ahora en la fabricación de robots humanoides en lugar de vehículos eléctricos—, ellos estarían dispuestos a venderle directamente el terreno.
Detalles financieros y registrales de la operación
Según la documentación citada por los denunciantes, la transacción inmobiliaria por mil 194 hectáreas quedó asentada el 19 de diciembre de 2024 mediante la escritura número 411 (inscripción 546, volumen 173, libro 22, sección Propiedad de la Unidad Santa Catarina, boleta 26130257 y Libro 555659).
La superficie negociada se dividió en cuatro polígonos con los siguientes valores:
• Polígono 1 (544 hectáreas): 44 millones 906 mil 243 dólares.
• Polígono 2 (644 hectáreas): 53 millones 210 mil 703 dólares.
• Polígono 3 (6 hectáreas): 576 mil 024 dólares.
• Polígono 4 (0.15 hectáreas): 13 mil 002 dólares.
En conjunto, la operación alcanzó un monto total de 98 millones 705 mil 972 dólares, equivalentes a mil 793 millones 487 mil 533 pesos (calculados a un tipo de cambio de 18.09 pesos por dólar al momento del acuerdo inicial en marzo de 2023), transacción por la cual la firma Tesla debió cubrir adicionalmente 53 millones 804 mil 626 pesos por concepto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).