La Cámara de Diputados acaba de aprobar un gasto de más de 10.6 billones de pesos para 2027. La cifra es tan grande que cuesta trabajo dimensionarla. Todo ese dinero se debe de destinar a mejorar de verdad la situación en el país. Porque una cosa es repartir el presupuesto en papel y otra muy distinta generar desarrollo. Quienes sostenemos las finanzas públicas con nuestros impuestos merecemos explicaciones claras sobre cómo se gasta y qué resultados dejará ese dinero después del sexenio.Como ya es costumbre, la chequera vuelve a concentrarse en los programas sociales, acompañados de promesas de ampliación en salud, educación y vivienda. Nadie niega que una transferencia monetaria alivia urgencias inmediatas en una casa donde el ingreso no alcanza. El engaño empieza cuando el Estado confunde repartir dinero en efectivo con construir a un verdadero bienestar sostenible. De muy poco le sirve a una familia recibir un apoyo bimestral si se le va íntegro en la farmacia de la esquina porque el hospital público no tiene medicamentos, si tarda meses en conseguir una consulta o si la escuela de sus hijos se cae a pedazos. Apostar todo a la dádiva directa tiene una enorme rentabilidad clientelar en las urnas, pero no construye movilidad social a largo plazo.Por eso conviene contener el aplauso frente a los grandes números. Asignarle miles de millones a una secretaría no equivale a resolver un problema; apenas significa autorizarla a gastar. Lo que los ciudadanos tendríamos que saber (sin necesidad de bucear en cientos de páginas de anexos técnicos ni soportar horas de propaganda matutina) es qué clínicas van a funcionar mejor, cuántas plazas docentes se abrirán donde sí hacen falta y en qué fecha exacta estarán operando las obras prometidas.Por otro lado, tenemos la preocupación sobre el crecimiento de la deuda.El presupuesto contempla un déficit superior a los 1.3 billones de pesos. El gobierno va a gastar muchísimo más de sus ingresos y cubrirá ese hueco con más endeudamiento. Endeudar a un país solo tiene sentido económico cuando ese dinero se invierte en infraestructura productiva, en atender una crisis o en proyectos que multipliquen el crecimiento futuro y permitan pagar la factura. Pero pedir prestado a esta escala para sostener gasto corriente, clientelas electorales e inercias burocráticas que no generan un solo peso de retorno es una irresponsabilidad enorme. Es comprar popularidad hoy y cargarles la responsabilidad a las siguientes generaciones.Incluso donde el gasto sí apunta a infraestructura urgente, como los seis mil 500 millones de pesos etiquetados para iniciar dos acueductos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el cheque no puede ser en blanco. Llevar agua a la ciudad es impostergable, pero la historia reciente nos obliga a desconfiar de las obras insignia plagadas de sobrecostos y opacidad. Desde hoy tendrían que ser públicos los contratos, el calendario real de ejecución y los nombres de los funcionarios que responderán si la obra se encarece o queda a medias.Ahora, que el dictamen haya pasado intacto en la discusión en lo particular confirma que la mayoría legislativa renunció a su papel de contrapeso para operar como simple oficialía de partes. Aprobar a ciegas es fácil; lo difícil (y lo que verdaderamente justificaría el sueldo de un diputado) sería llamarle a cuentas a un secretario del propio partido cuando un programa fracasa o una obra se empantana.El presupuesto de 2027 ya tiene sello oficial, pero la discusión no se cierra en el tablero electrónico de San Lázaro. Gastar billones de pesos a punta de deuda y transferencias sin retorno duradero nos va a salir muy caro si no exigimos resultados medibles. El dinero ya se lo autorizaron; ahora nos toca darle seguimiento con lupa.
