INEstabilidad

Las instituciones electorales no solamente organizan elecciones: sostienen una parte esencial de la confianza pública en la democracia. Por eso, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una crisis, sus consecuencias trascienden a sus integrantes y alcanzan al conjunto del sistema electoral mexicano.

Los acontecimientos de los últimos días obligan a mirar más allá de la controversia inmediata. Los señalamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés, la renuncia a la presidencia del Instituto y las declaraciones de diversas consejerías sobre presiones y amenazas han colocado al organismo en una situación que exige explicaciones, transparencia y rendición de cuentas. Son acusaciones que deben investigarse, no condenas anticipadas.

Por ello, la respuesta institucional debe ser clara: toda contratación pública está sujeta a revisión y cualquier irregularidad debe tener consecuencias conforme a derecho. Sin embargo, reducir la discusión a determinar quién contrató o quién conocía a determinado proveedor sería insuficiente. El problema de fondo es otro: ¿cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de la autoridad encargada de organizar las elecciones?

La discusión política ha incorporado también a la presidenta de la República, quien ha rechazado que Guadalupe Taddei pertenezca o tenga alguna relación con Morena y ha solicitado revisar las contrataciones de administraciones anteriores, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova. Sin embargo, el debate no debería agotarse en determinar a qué partido se vincula o se deja de vincular una consejera electoral, a la ciudadanía no le debe preocupar la filiación política que se atribuya a quien encabeza el Instituto, sino tener la certeza de que sus decisiones no favorecen a ninguna fuerza política, lo que importa es la imparcialidad, la autonomía y el correcto manejo de los recursos públicos. Por ello, La fiscalización debe esclarecer hechos, no convertirse en una herramienta de confrontación política ni operar con criterios selectivos.

A esta situación se suma la inconformidad de los trabajadores del propio Instituto. El pasado 9 de noviembre, personal de los Módulos de Atención Ciudadana realizó un paro nacional para exigir mejores salarios y condiciones laborales, con repercusiones en 544 de los 841 módulos del país. En Aguascalientes, trabajadores de los tres distritos electorales también se sumaron a las manifestaciones para expresar inquietudes relacionadas con sus percepciones y condiciones de trabajo. Se trata de personal que desempeña una función esencial en la atención ciudadana y en la operación de los servicios registrales electorales, por lo que sus planteamientos merecen ser escuchados y atendidos por las vías institucionales correspondientes.

Ambos temas conducen a una pregunta legítima: ¿se están administrando los recursos públicos con criterios de eficiencia, transparencia y prioridades institucionales? Ambos asuntos cuestionan el manejo de los recursos de una autoridad electoral, que dicho sea de paso no son patrimonio de sus titulares, sino recursos públicos cuya administración debe responder al interés general.

Ahora bien, conozco el funcionamiento de las instituciones electorales desde una perspectiva profesional. Como presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, tuve la oportunidad de mantener relación institucional con el INE, sus distintas consejerías y quienes encabezaron su presidencia. Esa experiencia me permite sostener que la defensa de una institución no debe confundirse con la defensa personal de quienes la dirigen, como tampoco la crítica a sus titulares debe convertirse en una descalificación general de la institución.Las personas servidoras públicas pasan; las instituciones permanecen, por ello, los señalamientos deben esclarecerse sin prejuicios ni privilegios.

El riesgo mayor aparece cuando los partidos políticos convierten cada controversia institucional en una oportunidad para desacreditar al adversario y obtener beneficios políticos. En lugar de contribuir al esclarecimiento de los hechos y asumir la responsabilidad que les corresponde, aprovechan la coyuntura para profundizar el desgaste del INE. Así, entre señalamientos y deslindes, las responsabilidades quedan en segundo plano. La crítica es legítima, pero no debe convertirse en un instrumento para debilitar a las instituciones sin contribuir a resolver sus problemas.

Urge entonces, recuperar la confianza institucional. El INE debe fortalecer sus controles, transparentar sus decisiones y atender las inquietudes de sus integrantes. El Gobierno federal debe respaldar las investigaciones sin interferir en ellas; los partidos políticos deben evitar utilizar estas controversias como instrumentos de deslegitimación, y las autoridades competentes deben actuar con rigor e independencia.

La democracia mexicana no puede permitirse que la desconfianza se convierta en la regla. A la ciudadanía no le interesa de qué partido se diga que es una consejería electoral; le interesa que ninguna autoridad tenga partido, que los recursos públicos se administren correctamente y que su voto esté protegido por instituciones imparciales. Porque cuando se pierde la confianza en quienes garantizan las elecciones, lo que se debilita no es solamente una autoridad electoral, sino la propia democracia.