Ahí la llevamos
Un muchacho me hacía señas hacia la cara. Al principio no entendí qué quería decirme. Me acerqué, me mostró sus dientes y descubrí que tenía un problema importante en la boca.
Ocurrió durante una de las visitas que he realizado a centros de rehabilitación en Aguascalientes. Hablé con los responsables del establecimiento y con su familia para que me permitieran llevarlo al dentista. Después de revisarlo, el especialista explicó que llevaba años con aquel padecimiento y que podía representar un riesgo mayor para su salud.
Años. Esa palabra se me quedó dando vueltas. Aquel muchacho estaba intentando superar una adicción, recuperar su vida, volver a empezar. Pero había una necesidad básica de salud que seguía sin resolverse.
Y entonces me hice una pregunta que hoy quiero compartir: yo pude llevar a un muchacho al dentista, ¿pero quién va a llevar a los otros?
Pensemos en una familia que lleva meses o años luchando contra la adicción de un hijo. Un día, por fin, acepta recibir ayuda. Lo llevan a un centro de rehabilitación con toda la esperanza del mundo. ¿Quién les garantiza que está en buenas manos? ¿Quién vigila su salud, su seguridad, las condiciones en las que vive y el trato que recibe?
En junio de 2026, autoridades sanitarias informaron que Aguascalientes tenía alrededor de 116 centros registrados y más de diez establecimientos temporalmente suspendidos por incumplimientos. Entre las observaciones se mencionaron documentos, instalaciones y personal médico. Es un reporte de aquella fecha, no una cifra actualizada al día de hoy.
Pero tampoco sería justo meter a todos en el mismo costal. He visitado centros con buenas condiciones y personas comprometidas que trabajan todos los días para ayudar. Algunos hacen enormes esfuerzos con recursos limitados. Merecen reconocimiento y acompañamiento. Otros necesitan corregir deficiencias, y donde exista maltrato o violación de derechos, la autoridad debe actuar.
Una persona no pierde su dignidad por tener una adicción. Tampoco pierde su derecho a recibir atención médica, apoyo psicológico y un trato humano.
Por eso propongo abrir una conversación distinta. Si llevamos servicios de salud a las colonias, ¿por qué no acercarlos también a los centros de rehabilitación? Podemos coordinar caravanas con revisiones médicas y dentales, detección de padecimientos, orientación psicológica y canalización profesional. Protección Civil podría apoyar, dentro de sus atribuciones, en la prevención de riesgos.
No se trata de sustituir la supervisión sanitaria ni de dar un cheque en blanco a nadie. Se trata de comprender que regular y ayudar no son tareas contrarias. Podemos hacer las dos cosas.
Como regidor de Jesús María y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, estoy convencido de que la seguridad también comienza con la prevención, la salud y las oportunidades. Cada institución tiene atribuciones diferentes, pero los problemas de una familia no vienen divididos por dependencias de gobierno.
Jesús María podría convocar una mesa de trabajo con autoridades sanitarias, Protección Civil, especialistas y centros dispuestos a cumplir las normas, para explorar un programa piloto de acompañamiento y atención. Y debemos pensar en lo que sucede después: cuando alguien sale de un centro necesita seguimiento, vínculos, educación, trabajo y una comunidad que no le cierre la puerta.
Rehabilitarse no es solamente dejar una sustancia. Es recuperar un proyecto de vida. Por eso el éxito no puede medirse únicamente por los días que alguien permanece internado, sino también por las posibilidades reales que encuentra al salir.
Aquel muchacho necesitaba un dentista, no un discurso. No podemos depender de una visita casual para descubrir estas necesidades. Necesitamos instituciones que se acerquen, escuchen y atiendan.
Porque no se trata solamente de supervisar dónde están. Se trata de preocuparnos por cómo están.
Nadie debería quedarse solo cuando está intentando volver a empezar.
