Bajo presión
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, en medio de señalamientos de presuntos conflictos de interés e irregularidades en contrataciones, ha abierto una crisis que no se puede minimizar.
El INE ya ha denunciado ante la Fiscalía General de la República, mientras la Auditoría Superior de la Federación investiga contratos, subcontrataciones y presuntos vínculos entre funcionarios y proveedores; no pasa un solo día en que no se revele un audio o video en el que se vea la red de corrupción que alcanza a más de la mitad de los institutos estatales (OPLEs). Todos los días se presenta alguna renuncia de algún funcionario relacionado con estos actos delictivos.
No se trata pues de un asunto menor. Si se comprueban actos de corrupción, no solo se habrán malversado recursos públicos: se habrá golpeado la credibilidad de la institución encargada de organizar elecciones y garantizar que el voto ciudadano tenga consecuencias reales. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó preventivamente cuentas de personas y empresas vinculadas con proveedores electorales, y la ASF ha ampliado la revisión a administraciones anteriores del INE.
En la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum no se suelta el tema, pero la obsesión de los gobiernos de Morena con mantener el control de la narrativa, ha convertido la corrupción en una discusión inútil con la oposición acerca de si Guadalupe Taddei pertenece o no al partido en el gobierno.
El primer problema es evidente: la presunta corrupción. Las investigaciones deben avanzar sin privilegios, sin ocultamientos y sin que la calidad de “institución democrática” sirva como escudo para nadie. Si hubo contratos irregulares, conflictos de interés o redes entre funcionarios y proveedores, deben identificarse a los responsables y aplicarse sanciones penales, administrativas y patrimoniales.
Pero existe un segundo problema, más peligroso a largo plazo: la tentación de convertir un escándalo administrativo en una sentencia contra toda la institucionalidad electoral. Decir que “el INE está podrido” puede ser una frase efectiva en redes sociales, pero no explica la diferencia entre la responsabilidad individual de quienes presuntamente incurrieron en irregularidades y la capacidad de una estructura nacional para organizar elecciones.
El INE no es una persona. Es una red de consejos distritales, juntas locales, personal profesional, capacitadores, funcionarios de casilla, observadores y ciudadanía. Esa estructura no desaparece porque un consejero presidente enfrente investigaciones; y, precisamente por eso, no puede ser rehén de la reputación de una sola administración.
La simplificación del discurso a si Taddei es o no de Morena está poniendo en un riesgo mayor a la democracia mexicana, un riesgo que parece estar armado desde el gobierno para tomar el control del instituto y organizar las siguientes elecciones.
La pregunta no es si el INE merece crítica. La merece, y mucha. Tampoco es si debe ser investigado. Debe serlo con toda la fuerza del Estado. La pregunta correcta es otra: ¿qué hacemos con las fallas sin debilitar la garantía de que las elecciones de 2027 se celebren bajo reglas claras, con resultados verificables y sin interferencias políticas?
Una cosa es exigir transparencia y otra muy distinta es aprovechar la crisis para deslegitimar al árbitro electoral. Cuando una institución pierde confianza, siempre aparecerán voces que propongan recortar su autonomía, someterla a controles políticos o sustituir sus reglas por decisiones discrecionales. Eso no resolvería la corrupción: podría multiplicar el riesgo de que la organización electoral quede expuesta a intereses de partido.
El INE necesita demostrar, con hechos, que puede vigilar y castigar a los suyos. Para ello, debería separar preventivamente de decisiones sensibles a las personas involucradas; publicar contratos, proveedores y avances de auditoría; solicitar auditorías externas independientes; colaborar plenamente con la FGR y la ASF; y explicar con claridad qué medidas protegen la preparación de las elecciones de 2027.
La transparencia no es una debilidad. Es la única vía realista para reconstruir confianza. Una institución que oculta contratos, protege nombres o minimiza irregularidades termina alimentando la desconfianza que dice querer combatir.
A meses de las elecciones de 2027, el peligro mayor no es solamente que existan malos funcionarios o proveedores. El peligro es que la corrupción se utilice como pretexto para debilitar al árbitro electoral justo cuando más se necesita que sea autónomo, profesional y auditable.
México no necesita un INE intocable. Necesita un INE vigilado, auditado, corregido y sancionado cuando corresponda. El país tampoco necesita que cada escándalo se convierta en una excusa para destruir la institucionalidad electoral.
La democracia no se defiende negando la corrupción. Se defiende investigándola, castigándola y fortaleciendo los controles ciudadanos. El objetivo no es salvar la reputación de una institución: es proteger el derecho de las y los mexicanos a votar en elecciones limpias, competidas y creíbles.
Si la clase política sigue estableciendo que esta serie de delitos se trata de un desencuentro entre la oposicion y el gobierno, no se ve el bosque y el riesgo de que el día de mañana, se pierda un contrapeso más.
Coda. El INE no se salva ocultando sus fallas, pero tampoco destruyéndolo.
@aldan
