Aguascalientes, AGS; La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Aguascalientes, Erika Muñoz, se pronunció contra la propuesta de incrementar el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) del 2.5 al 3% para 2027, ya que el contexto económico actual no es favorable para imponer nuevas cargas fiscales a las empresas.
La dirigente empresarial advirtió que el gravamen representa un costo que las compañías deben cubrir incluso cuando registran menores ventas, enfrentan retrasos en sus cobros o tienen dificultades financieras. Por ello, señaló que aumentar el impuesto podría presionar especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de complicar la recuperación del empleo y las operaciones de sectores vinculados a la industria automotriz y sus cadenas de proveeduría.
Muñoz agregó que las empresas también se preparan para asumir los costos derivados de la reducción de la jornada laboral y el incremento de las aportaciones patronales para pensiones. Aunque reconoció la importancia de mejorar las condiciones de los trabajadores, sostuvo que estos cambios requieren acompañamiento, capacitación, tecnología y mayor productividad para evitar que las obligaciones acumuladas comprometan la operación de los negocios.
En lugar de elevar la tasa, CANACINTRA propone ampliar la base de contribuyentes mediante la incorporación de empresas a la formalidad, simplificar los trámites y mejorar la eficiencia del gasto público. También pidió al Gobierno estatal transparentar los resultados del incremento anterior al impuesto, explicar cómo se utilizaron esos recursos y precisar qué necesidades presupuestales se busca atender con una mayor recaudación.
Como alternativa, la también Vicepresidenta de la región Bajío-Centro de CANACINTRA plantea mantener el ISN en 2.5% y establecer una mesa técnica con la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado para evaluar los efectos de la propuesta por sector y tamaño de empresa, así como analizar otras opciones de recaudación. Considera que las empresas deben participar en las decisiones fiscales que afectan directamente su capacidad para invertir, contratar personal y mantener sus operaciones.
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