Empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron manifestaciones en la Ciudad de México y al menos 17 estados del país para rechazar el nuevo esquema de evaluación del desempeño impulsado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que podría poner en riesgo la estabilidad laboral y los derechos adquiridos del personal.
Las movilizaciones fueron encabezadas por integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), quienes expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de las evaluaciones previstas para diciembre de 2026, que abarcarán a actuarios, secretarios, oficiales judiciales y otros trabajadores de carrera.
En la Ciudad de México, los manifestantes realizaron bloqueos y concentraciones en al menos tres puntos: avenida Insurgentes, Periférico Sur y el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro. Las protestas se extendieron a diversas entidades del país, donde los empleados exigieron claridad sobre los criterios que serán utilizados para evaluar su desempeño.
Mientras se desarrollaban las movilizaciones, el dirigente nacional del sindicato, Gilberto González Pimentel, acudió al Senado de la República para solicitar a los integrantes de la Comisión de Justicia una revisión del programa, cuyos lineamientos fueron publicados recientemente en el Diario Oficial de la Federación.
El líder sindical informó que se estableció el compromiso de mantener un diálogo institucional para analizar las disposiciones y garantizar el cumplimiento del artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relacionado con la protección de los derechos laborales.
González Pimentel advirtió que las evaluaciones no deben convertirse en instrumentos para justificar despidos arbitrarios ni afectar las condiciones laborales de quienes participan diariamente en la impartición de justicia.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial rechazó que los exámenes representen una amenaza para la permanencia de los empleados. Mediante un comunicado, aseguró que el procedimiento tendrá únicamente fines de diagnóstico y que no existirán resultados de aprobación o reprobación.
"La evaluación no pone en riesgo la permanencia de ninguna persona que forma parte de la carrera judicial. Es falso que los exámenes programados para diciembre de 2026 puedan provocar el despido de trabajadores o la pérdida de sus plazas", sostuvo el organismo.
La Asociación de Jueces y Magistrados también manifestó inquietud por el nuevo sistema, al considerar que incorpora criterios subjetivos y discrecionales que podrían afectar la valoración del personal judicial.
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en Durango, donde trabajadores que protestaban frente a instalaciones del Poder Judicial exigieron dialogar con Néstor Vargas Solano, titular del OAJ. Cuando el funcionario se disponía a atenderlos, se registraron empujones entre los manifestantes, lo que provocó su caída al suelo.
Personal del organismo intervino para auxiliarlo y evitar que el incidente escalara, sin que se reportaran consecuencias mayores.
Además de la capital del país y Durango, se registraron movilizaciones en Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Yucatán.
Las protestas reflejan las diferencias entre las autoridades administrativas del Poder Judicial y sus trabajadores respecto a la implementación del nuevo modelo de evaluación, mientras el sindicato busca garantías para preservar la estabilidad laboral y evitar posibles afectaciones a los derechos del personal.
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