Aguascalientes, AGS; El diputado José Trinidad Romo Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el H. Congreso del Estado de Aguascalientes una iniciativa para reformar la fracción XII Bis del artículo 57 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
La ley vigente ya obliga a las autoridades a detectar y atender a estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje, pero lo dice en términos generales. La propuesta convierte esa frase en una ruta mínima de actuación: identificar señales de alerta en el desempeño escolar, orientar a madres, padres o tutores, canalizar a las instancias competentes y aplicar ajustes pedagógicos razonables que favorezcan la permanencia y el aprendizaje.
Estos trastornos no tienen que ver con la inteligencia. Afectan áreas concretas como la lectura, la escritura o el cálculo, y en el salón se notan en la lectura lenta, los errores repetidos al escribir, la dificultad para ordenar números o para poner por escrito algo que el alumno sí entiende cuando lo explica de palabra. Cuando nadie los identifica, se confunden con flojera, indisciplina o descuido familiar.
El manual diagnóstico de referencia en psiquiatría estima que entre el 5 y el 15 % de los niños en edad escolar presentan un trastorno específico del aprendizaje (American Psychiatric Association, 2013). En el ciclo 2024-2025, Aguascalientes tuvo más de 286 mil alumnos de educación básica, de los cuales más de 157 mil cursaban la primaria y más de 75 mil la secundaria. Aun en el cálculo más bajo, se habla de miles de estudiantes. La estadística educativa federal ubica, además, el abandono y la reprobación en secundaria de la entidad por encima del promedio nacional.
Detectar no es diagnosticar. Al docente se le pide observar al alumno que evita leer en voz alta, que no copia del pizarrón, que entrega trabajos incompletos, aunque asiste o que empieza a aislarse por miedo a equivocarse. El diagnóstico sigue en manos de especialistas, y la escuela funciona como puente entre la familia y la atención que el estudiante necesita.
Para muchas familias tampoco es fácil reconocer el problema. A veces no tienen información, no saben a dónde acudir o piensan que el bajo rendimiento es una etapa pasajera; en otros casos reciben señalamientos que culpan solo al entorno del hogar. La escuela, sin sustituir a la familia ni a los especialistas, puede orientarlas y canalizarlas a tiempo.
Los ajustes que plantea la reforma son sencillos: presentar las instrucciones de otra manera, dar más tiempo en ciertas actividades, usar distintos instrumentos de evaluación, reforzar contenidos con otras estrategias y evitar exponer al estudiante frente al grupo. Ninguno requiere equipo especial ni personal adicional.
Tampoco se abre un artículo nuevo ni se duplican obligaciones. La reforma trabaja sobre una disposición que ya existe, no crea plazas, unidades administrativas ni centros especializados, y se apoya en las capacidades con que ya cuentan las instituciones. En un momento en que el gasto público debe cuidarse, legislar bien también puede consistir en ordenar y precisar lo que la ley ya reconoce.
La iniciativa aclara que identificar señales de alerta no es para etiquetar a nadie. El propósito es que estas dificultades dejen de pasar inadvertidas. La propuesta se sustenta en el interés superior de la niñez y en la educación inclusiva, que parte de reconocer que no todos aprenden al mismo ritmo ni con las mismas herramientas.
