¿Lo dije o lo pensé?
Encasillar la política únicamente en izquierda y derecha es una simplificación obsoleta. Basta identificar quién propone algo para aprobarlo o rechazarlo, según su bando. Así, cualquier error propio merece paciencia y cualquier acierto ajeno despierta sospechas.
Esta clasificación nació durante la Revolución francesa. En 1789, al discutirse el veto real en la Asamblea Constituyente, los defensores del veto absoluto se agrupaban a la derecha de quien presidía (el alto clero, la nobleza cortesana más conservadora, monárquicos moderados que buscaban un sistema bicameral al estilo británico); sus adversarios, a la izquierda (La gran mayoría de los representantes del Tercer Estado como abogados, médicos, comerciantes e intelectuales, respaldados por párrocos del bajo clero y un grupo de nobles liberales conocidos como el "Partido Patriota"). Había una disputa concreta sobre los límites del poder del rey. Con el tiempo, aquellos nombres adquirieron otros contenidos políticos, económicos y sociales.
Recordar ese origen debería ayudarnos a discutir con menos fanatismo. Las palabras respondieron a un conflicto histórico y sus significados cambiaron. Pretender que hoy expliquen por sí solas cualquier decisión sobre seguridad, salud, impuestos o libertades es pedirles demasiado.
En pleno siglo XXI, seguir reduciendo toda la política a izquierda y derecha es una forma de pereza intelectual que algunos políticos aprovechan para dividir a la sociedad. Podemos examinar presupuestos, contrastar promesas, atender prioridades y revisar resultados, pero seguimos discutiendo como si conocer la filiación de alguien bastara para darle la razón.
Los desacuerdos sobre la desigualdad, la propiedad y las responsabilidades del Estado siguen vigentes y merecen ser discutidos con argumentos. Apoyar programas sociales y exigir que se evalúen sus resultados es perfectamente coherente. También lo es defender la actividad empresarial y reclamar que se castiguen la evasión fiscal y los abusos laborales. Tener una posición política no obliga a justificar todo lo que haga un partido.
El problema se agrava cuando la ideología sirve para justificar lo que hace el propio partido, señalando que una mentira requiere comprensión y una irregularidad puede esperar. Si lo hace el adversario, exigimos un castigo inmediato. Cambiar de criterio según el responsable es una deshonestidad que deberíamos dejar de tolerar.
Un gobernante puede hablar de justicia social mientras concentra poder,otro puede defender la libertad,pero se molesta cuando alguien lo critica. Nos dejamos llevar por el discurso sobre los hechos. La obligación de un ciudadano empieza por señalar esas contradicciones, especialmente cuando vienen de alguien a quien apoyó. Haber votado por una persona no obliga a defender a capa y espada todo lo que haga, no se trata de pasión futbolera.
Exijamos explicaciones que puedan comprobarse. Cuánto cuesta una medida, a quién beneficia, qué consecuencias tendrá y quién responderá si fracasa. Las respuestas deben poder cuestionarse sin que nos acusen de traición. Si un proyecto necesita descalificar toda crítica para sostenerse, tiene un problema que ninguna definición ideológica puede resolver.
Ya basta de conceder indulgencias por afinidad política. Un gobierno que roba, reprime o incumple debe responder por ello. Que se llame de izquierda o de derecha es secundario. Ninguna convicción merece que renunciemos a exigirle cuentas al poder.
