La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades federales investigan posibles operaciones de lavado de dinero de los hermanos Hernández Casillas, señalados por presuntas irregularidades en contratos electorales millonarios, aunque hasta ahora no han encontrado vínculos de los empresarios con grupos de la delincuencia organizada.
En la conferencia mañanera, la Mandataria federal explicó que las investigaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se concentran en movimientos de recursos provenientes de contratos públicos que habrían sido transferidos de manera irregular entre distintas cuentas bancarias.
"No se ha encontrado que pudieran pertenecer a un grupo delictivo, lo que se está trabajando, a través del SAT de la propia UIF, son acciones de lavado de dinero", dijo.
La Presidenta explicó que las operaciones investigadas no necesariamente implican la participación de organizaciones criminales, pues también pueden involucrar recursos provenientes de contratos públicos transferidos de manera irregular.
De acuerdo con la investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
La titular del Ejecutivo federal indicó que la UIF deberá integrar la información bancaria correspondiente para determinar si existen elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desarrolla sus propios procedimientos de fiscalización.
Detectan movimientos financieros sospechosos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, informó que las investigaciones sobre los proveedores electorales identificaron indicadores de riesgo relacionados con transferencias rápidas de recursos y operaciones entre personas sin una actividad comercial aparente.
"Tampoco puedo decir que es irregular sino que tengo yo identificadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita", señaló.
El funcionario explicó que entre las señales de alerta se encuentran depósitos que permanecen poco tiempo en una cuenta antes de ser transferidos, así como movimientos hacia personas que aparentemente no mantienen relaciones comerciales con quienes envían el dinero.
Reyes Colmenares señaló que también se revisan transferencias a estudiantes y personas adultas sin una relación comercial aparente, como parte de los indicadores utilizados para detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Explicó que la UIF trabaja con reportes de operaciones inusuales y sospechosas proporcionados por instituciones financieras y otros sujetos obligados, además de información contenida en sus propias bases de datos.
El titular de la UIF confirmó que fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas 25 personas físicas y 15 morales relacionadas con las investigaciones sobre proveedores electorales.
Precisó que todavía esperan que las instituciones bancarias informen cuántas cuentas corresponden a las personas y empresas incluidas en la lista, así como los montos de los recursos inmovilizados.
Ante la pregunta de si Guadalupe Taddei, presidenta del INE, se encuentra entre las personas bloqueadas, Reyes Colmenares no confirmó ni descartó su inclusión y explicó que la legislación impide divulgar los nombres de quienes integran esa lista.
El funcionario recordó que las investigaciones sobre estos proveedores tienen antecedentes de años anteriores y que, durante la gestión de Pablo Gómez al frente de la UIF, ya se habían realizado bloqueos de cuentas y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República.
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