Una juez federal concedió al ex Gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la suspensión definitiva en el amparo que promovió contra su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de combustible mediante ferrotanques.
La resolución la dictó Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, de acuerdo con reportes de Tijuana, que ubicó el asunto en el juicio de amparo 1085/2026.
"Se concede a (...) la suspensión definitiva solicitada", resolvió la juzgadora, según el extracto de la interlocutoria en los registros del Órgano de Administración Judicial, difundido por medios locales.
La suspensión mantiene la causa en la etapa intermedia e impide dictar el auto de apertura a juicio oral mientras no se resuelva el fondo del amparo.
El acto reclamado es el auto de vinculación a proceso que dictó en julio la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Altiplano, Alejandra Ramírez de la Vega.
La medida no anula la vinculación ni es una resolución de fondo, pues la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación y el proceso sigue su curso hasta antes del juicio.
Ruffo Appel, de 74 años, cumple la prisión preventiva en su domicilio de Ensenada, custodiado por la Guardia Nacional, tras pasar dos meses y medio en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada.
La FGR lo acusa como socio fundador y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, empresa a la que atribuye la importación ilegal de gasolina y diésel con un daño al fisco estimado en 4 mil millones de pesos
No es la primera suspensión que obtiene contra la vinculación.
A inicios de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca declaró infundada una queja de la FGR contra la suspensión definitiva otorgada por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez.
Los magistrados rechazaron el argumento de la Fiscalía de que la medida afectaba el interés social por tratarse de delitos de alto impacto.
Después, el expediente pasó al juzgado de Lazalde Íñiguez para evitar resoluciones contradictorias, pues ella ya llevaba otro amparo del exgobernador.
En ese otro juicio, el 889/2026, la jueza le concedió en septiembre una suspensión contra la negativa a cumplir la prisión preventiva en casa.
El 25 de septiembre, el juez de la causa le autorizó el resguardo domiciliario por su edad y salud, y el amparo fue sobreseído.
