En estos tiempos
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En estos tiempos resulta indispensable hablar del Instituto Nacional Electoral. Su historia representa uno de los esfuerzos más importantes de la sociedad mexicana por construir instituciones capaces de actuar con independencia del poder político. Su presente, en cambio, nos obliga a reflexionar sobre la facilidad con la que puede deteriorarse la confianza pública que tomó décadas construir.
Después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 1988, México enfrentó una profunda crisis de legitimidad política. Hasta entonces, la organización de los comicios estaba a cargo de la Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación. Es decir, el gobierno participaba directamente en la organización de las elecciones en las que competía el partido gobernante.
La respuesta llegó en 1990 con la creación del Instituto Federal Electoral, aunque fue hasta la reforma constitucional de 1996 cuando alcanzó plena autonomía respecto del Ejecutivo. La lógica de aquella transformación era sencilla: retirar al gobierno de la conducción de las elecciones y construir una autoridad ciudadana, independiente de los intereses partidistas, que ofreciera garantías de imparcialidad a todos los contendientes.
El IFE, convertido en INE en 2014, fue producto de acuerdos políticos, exigencias ciudadanas y reformas constitucionales. Su credibilidad no nació de la virtud de quienes lo presidieron, sino de la confianza que los mexicanos depositaron en una institución sometida a reglas que debían estar por encima de los intereses particulares. Aquella confianza permitió que el organismo electoral adquiriera reconocimiento dentro y fuera del país.
Sin embargo, la confianza institucional que tarda décadas en construirse puede deteriorarse en muy poco tiempo. En apenas tres años, el INE ha enfrentado controversias que han afectado su credibilidad. La asignación de legisladores por representación proporcional, cuyos efectos de sobrerrepresentación fueron duramente cuestionados; los llamados acordeones de la elección judicial y, recientemente, las acusaciones de irregularidades en contrataciones durante la presidencia de Guadalupe Taddei, han colocado a la autoridad electoral en el centro de una discusión que trasciende la actuación de sus funcionarios.
Este último episodio merece particular atención. Durante el gobierno de López Obrador se impulsó el denominado Plan B, cuyo propósito declarado era reducir los costos y reorganizar el funcionamiento del INE. Aunque sus principales disposiciones fueron invalidadas por la Suprema Corte, posteriormente se aprobaron reformas que ampliaron las facultades de la presidencia del Instituto, particularmente en materia de nombramientos.
La discusión no debería limitarse a determinar si Guadalupe Taddei actuó correctamente o si las acusaciones en su contra llegan a acreditarse. El problema institucional es más profundo: cuando se concentran atribuciones y se reducen los mecanismos de control, la integridad de una institución depende cada vez más de las cualidades personales de quien la dirige. Y precisamente para evitar esa dependencia se construyeron las instituciones modernas.
Lo ocurrido con el INE forma parte de un proceso más amplio. Desde la alternancia presidencial del año 2000, México emprendió un esfuerzo por fortalecer las instituciones destinadas a garantizar derechos y establecer límites al poder. Durante el gobierno de Vicente Fox se creó el IFAI y se establecieron las bases de la autonomía del INEGI. Con Felipe Calderón llegaron las reformas constitucionales de justicia penal de 2008 y derechos humanos de 2011. Durante la administración de Enrique Peña Nieto se transformó el IFE en INE, se fortaleció la autonomía del INAI y se crearon organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
Aquellas instituciones no fueron perfectas ni estuvieron exentas de corrupción, ineficiencia o cuestionamientos. Sin embargo, respondían a una misma concepción del Estado: distribuir el poder público, profesionalizar determinadas funciones y establecer autoridades capaces de supervisar las decisiones gubernamentales sin depender directamente de quienes las adoptaban.
A partir de 2018 comenzó una transformación de sentido distinto. Durante el gobierno de López Obrador desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se sustituyó la Policía Federal por la Guardia Nacional y se impulsaron reformas que modificaron la estructura de diversos organismos públicos. Con Claudia Sheinbaum continuó la reorganización institucional: desaparecieron el INAI, el IFT y la Cofece, cuyas atribuciones fueron redistribuidas, mientras que la reforma judicial modificó profundamente los mecanismos de integración y funcionamiento del Poder Judicial.
El oficialismo ha justificado estas transformaciones en la necesidad de combatir privilegios, reducir gastos y mejorar la administración pública. Pero cuando desaparecen órganos autónomos y sus funciones se trasladan a dependencias gubernamentales, resulta indispensable preguntarse si se está fortaleciendo la capacidad del Estado o ampliando el margen de actuación de quienes ejercen el poder.
Este proceso ha estado acompañado de un discurso que coloca la honestidad personal y la lealtad al proyecto político como garantías del buen gobierno. El llamado humanismo mexicano de la Cuarta Transformación —lo que quiera que eso signifique— ha convertido la probidad en una de sus principales reivindicaciones. Sin embargo, la lealtad a un gobernante no equivale a la independencia necesaria para controlar sus decisiones, y ninguna declaración de honradez puede sustituir los procedimientos destinados a prevenir el abuso del poder.
Esta discusión nos devuelve a una pregunta que Aristóteles formuló hace más de dos mil trescientos años: ¿es preferible que gobierne el mejor de los hombres o que gobiernen las mejores leyes?
En el libro tercero de su Política, el filósofo reconocía que un gobernante extraordinariamente virtuoso podía resolver situaciones que ninguna ley general habría previsto. Pero también advertía que incluso los mejores hombres estaban sujetos a pasiones, intereses y errores. La ley, en cambio, aspiraba a representar una razón que no dependiera de las inclinaciones individuales de quien ejercía el poder.
El constitucionalismo moderno desarrolló esa preocupación mediante la división de poderes, los órganos autónomos y los mecanismos de control. Las instituciones no sustituyen la necesidad de contar con buenos servidores públicos, pero permiten que el funcionamiento del Estado no dependa exclusivamente de ellos. Una institución sólida debe ser capaz de cumplir sus fines incluso cuando quienes la dirigen carecen de virtudes excepcionales.
Los resultados internacionales permiten dimensionar el problema. El pasado 21 de octubre, el World Justice Project publicó su Índice de Estado de Derecho 2026. México obtuvo una calificación de 0.39 en una escala de cero a uno y ocupó el lugar 125 de 143 países evaluados. El estudio examina ocho dimensiones, entre ellas los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, los derechos fundamentales y la justicia penal. Nuestro país obtuvo puntuaciones inferiores a 0.60 en todas ellas y acumuló una disminución aproximada del 8.4 por ciento durante los últimos cinco años.
Aunque estos resultados no pueden atribuirse exclusivamente a las reformas recientes, evidencian las dificultades que enfrenta México para garantizar que el poder público se encuentre efectivamente sometido al derecho. El deterioro de la justicia, los problemas de corrupción y la debilidad de los contrapesos no se solucionan mediante declaraciones de honestidad ni mediante la sustitución periódica de funcionarios.
La crisis de credibilidad del INE adquiere así una dimensión mayor. No estamos hablando únicamente de una institución electoral ni de las decisiones de una consejera presidenta. Estamos hablando de la capacidad del Estado mexicano para conservar organismos cuya legitimidad provenga de sus reglas, de su independencia y de la confianza pública, y no de la cercanía de sus integrantes con quienes ejercen el poder.
La permanencia del Estado mexicano, entendido como la organización política de una población asentada en un territorio, dotada de gobierno y soberanía, no puede descansar en la aparición de próceres, mesías, héroes o presidentes providenciales. Los gobiernos cambian, los partidos pierden elecciones y los liderazgos terminan. Las instituciones, en cambio, deben garantizar la continuidad del Estado más allá de quienes temporalmente lo gobiernan.
Después de veintitrés siglos, la pregunta de Aristóteles conserva toda su vigencia. México necesita servidores públicos capaces y honestos, desde luego, pero sobre todo necesita instituciones que funcionen cuando esas virtudes falten. Porque la permanencia de una nación no depende de que siempre lleguen los mejores hombres o las mejores mujeres al poder, sino de que existan leyes e instituciones suficientemente sólidas para gobernar incluso cuando no sea así.
