El árbitro y sus proveedores

Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE. La entregó formalmente a la Cámara de Diputados el lunes 26. Un día después, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta interina, mientras la Junta de Coordinación Política en San Lázaro inicia el procedimiento para nombrar a quien concluirá el periodo que Taddei dejó inconcluso, previsto hasta abril de 2032.

La salida de Taddei no cierra el caso; lo agranda. Lo que comenzó como una filtración de audios y videos: una mujer enamorada, un empresario cercano, fiestas y viajes, terminó exhibiendo algo más grave: una red de empresas, funcionarios, poderes notariales, contratos simulados y triangulación de recursos que ha contaminado al instituto y a los organismos electorales locales, entre ellos el de Aguascalientes.

Sin la prensa “tradicional”, esto no se hubiera sabido. Las investigaciones de Reforma, El Universal, Latinus, Proceso, Contralínea y otros medios fueron juntando piezas que el oficialismo no quería ver: nombres, empresas, montos, poderes, licitaciones y coincidencias demasiado convenientes.  La ASF abrió su investigación de oficio después de que el escándalo periodístico hizo imposible seguir mirando hacia otro lado.

La hipótesis central de la investigación es que al menos siete empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas habrían simulado competencia en licitaciones para obtener contratos millonarios del INE y de los OPLEs. Entre las compañías señaladas están Corporativo Zeg, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Hernández y Comercializadora Grupo Selati.

No se trata, según los reportes, de empresas aisladas que ganaron concursos por mérito. Son firmas que habrían participado en bloque, presentado propuestas como si fueran rivales y movido dinero entre cuentas vinculadas. La ASF dice investigar presuntas irregularidades, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos; los reportes periodísticos añaden contratos simulados y operaciones con empresas factureras.

Las cifras que han circulado dan dimensión al escándalo. TOL Producciones habría recibido más de 300 millones de pesos del INE durante 2025, además de contratos por 30 millones de pesos con OPLEs de varias entidades. Corporativo Zeg habría obtenido 184 millones de pesos del INE pese a contar con apenas cinco empleados registrados y habría transferido 167 millones a otras cuatro compañías. En conjunto, se habla de contratos por 514 millones de pesos vinculados con empresas relacionadas con Hernández Casillas.

En su comunicado la ASF no ha hecho públicos los nombres de las empresas ni ha validado oficialmente todos esos montos; provienen de fuentes periodísticas cercanas a la indagatoria. Únicamente confirmó que su investigación alcanza al INE, a los OPLEs, a empresas, proveedores y servidores públicos relacionados. La corrupción se extiende a los estados. Corporativo Zeg habría participado en 36 procedimientos de contratación con organismos públicos locales electorales de 14 estados, entre ellos Veracruz, Coahuila, Sonora, Campeche, Ciudad de México y Aguascalientes.

No es una coincidencia menor. Si una misma red de proveedores logró contratos en el instituto nacional y en tantos institutos estatales, la pregunta deja de ser si Taddei tuvo o no un romance. La pregunta es si el sistema de compra de material electoral fue diseñado, o al menos tolerado, para que unas cuantas empresas circularan por todo el país bajo nombres distintos y apariencias de competencia.

Ya en 2023, Contralínea había documentado que Corporativo Zeg tenía seis contrataciones con los OPLEs de Sonora, Aguascalientes, Puebla, Coahuila y Veracruz, por un monto global de 71 millones 66 mil 188 pesos. Aquel reportaje advertía sobre “empresas coyote” y contratos por más de mil millones de pesos para material electoral. Hoy, con la investigación de la ASF abierta, aquellas alertas parecen menos una denuncia aislada y más el primer mapa de algo mucho más grande.

En Aguascalientes, el caso tiene un nombre concreto: Formas Finas y Materiales. De acuerdo con reportes periodísticos, durante el proceso electoral de 2024 la empresa obtuvo un contrato cercano a los 17 millones de pesos con el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, al presentarse como única participante en la fase de propuesta económica.

El dato importa por dos razones. La primera es procedimental: cuando una empresa es la única que presenta propuesta económica, la competencia deja de existir en la práctica, aunque el expediente conserve la forma de una licitación. La segunda es política: Formas Finas y Materiales es una de las compañías vinculadas a la presunta red que la ASF investiga junto con Corporativo Zeg, Cajas Graf y otras empresas relacionadas con los Hernández Casillas.

TOL Producciones, otra de las empresas bajo revisión, no aparece, al menos hasta ahora, en los documentos públicos disponibles del IEE Aguascalientes. Pero los reportes señalan que presentó licitaciones en bloque con Corporativo Zeg y Cajas Graf, ambas con contratos en Aguascalientes. Aunque la empresa no tenga contrato directo con el instituto estatal, forma parte del mismo ecosistema de proveedores que la ASF revisa.

Para Aguascalientes, esto no es un lejano escándalo capitalino. Es la posibilidad de que el dinero público destinado a organizar elecciones: urnas, paquetes electorales, documentación, materiales y servicios, haya pasado por un circuito de proveedores conectados con la misma red que hoy está bajo la lupa federal. La ASF deberá determinar si hubo irregularidades, quién las autorizó y qué responsabilidad corresponde a cada servidor público.

El martes 27, el Consejo General eligió por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional. Cruz García, consejera electoral desde abril de 2026 y expresidenta del Instituto Electoral de Puebla, estará al frente del organismo mientras la Cámara de Diputados integra un comité técnico, recibe postulaciones y designa a la persona que ocupará la presidencia de manera definitiva.

La nueva presidenta interina anunció una renovación de cargos en direcciones ejecutivas y habló de recuperar la colegialidad del instituto. También se reportaron renuncias de funcionarios del INE tras la salida de Taddei. Son señales de que la institución intenta desmontar, al menos discursivamente, la estructura de poder personal que el escándalo dejó al descubierto.

Una presidenta interina no borra un expediente. La ASF sigue investigando; la Cámara de Diputados deberá nombrar a la sustituta; y los OPLEs, incluido el de Aguascalientes, deberán abrir sus archivos, contratos y expedientes de proveedores antes de que la próxima elección llegue con las mismas facturas y los mismos nombres.

Este caso confirma algo que el periodismo mexicano suele olvidar cuando se deja seducir por el rumor: las investigaciones serias no se hacen en un tuit ni en un video viral. Se hacen cruzando registros públicos, poderes notariales, licitaciones, declaraciones patrimoniales, contratos y flujos de dinero.

Fue la prensa la que identificó la cercanía entre Taddei y Hernández Casillas; la que encontró que su chofer era apoderado de una contratista; la que siguió el rastro de empresas que parecían competir entre sí; la que documentó contratos en OPLEs de 14 estados; la que puso sobre la mesa el contrato de 17 millones de pesos en Aguascalientes. Sin ese trabajo previo, la ASF probablemente habría seguido esperando una denuncia formal que nadie iba a presentar.

Guadalupe Taddei se fue, pero el problema no se fue con ella. Quedan las empresas, los contratos, los poderes, las transferencias y los organismos electorales que durante años compraron material electoral a un círculo de proveedores demasiado familiar.

La prensa hizo lo que el oficialismo no quiso hacer: encender la luz. Ahora toca a la ASF demostrar que detrás de los audios y los videos había algo más que un romance; toca al Congreso nombrar a alguien que no herede las lealtades del pasado; y toca a Aguascalientes preguntarse, sin pudor, cuánto de esa red terminó instalado en su propio instituto electoral; más allá de las intrigas de los consejeros y los chismes en torno a la consejera presidenta.

Cuando un país descubre la corrupción por un video no tiene un problema de moralina: tiene un problema de vigilancia. Si el árbitro electoral se convierte en cliente de sus proveedores, la democracia no pierde una elección: pierde la confianza de que las urnas no se compran antes de que el ciudadano llegue a ellas.

Coda. En México las elecciones no se roban en la urna. A veces se licitan antes.

@aldan