El León de la corrupción

En Aguascalientes, un león alado acaba de instalarse en el paisaje urbano. La escultura pretende convertirse en un símbolo de la ciudad, una pieza monumental destinada a llamar la atención de propios y extraños. Pero, antes de convertirse en emblema, ya se ha transformado en motivo de controversia. La razón es sencilla: tres millones de pesos.

Esa es la cifra que ha encendido la inconformidad ciudadana. No porque una ciudad deba renunciar al arte, ni porque el espacio público tenga que reducirse a calles, tuberías y concreto. Una ciudad también necesita belleza, cultura y símbolos que alimenten su identidad. El problema aparece cuando las prioridades del gobierno parecen caminar en dirección contraria a las necesidades cotidianas de sus habitantes.

¿Qué significa inaugurar una escultura millonaria en una ciudad donde persisten las dificultades para acceder al agua y donde los baches forman parte del paisaje diario de numerosas calles?

Para quien abre la llave y no encuentra agua, el monumento difícilmente representa una victoria del gobierno. Para quien destruye la suspensión de su automóvil en un hoyo del pavimento, las alas del león no parecen ofrecer demasiado consuelo. Y para quien paga impuestos, la pregunta es inevitable: ¿por qué el dinero público encuentra tan fácilmente el camino hacia una obra ornamental, mientras problemas esenciales siguen esperando una solución?

Se debe exigir que el gasto público tenga sentido, prioridades transparentes y resultados verificables.

Pero la polémica no termina en el costo de la escultura.También han surgido sospechas sobre la empresa que habría estado a cargo de la obra. Entre los cuestionamientos ciudadanos se señala una posible relación entre esa compañía y un funcionario del gobierno estatal de Aguascalientes. Asimismo, se menciona que la misma empresa participaría en la decoración del ruedo de la plaza de toros.

Conviene ser precisos: estas versiones, mientras no estén respaldadas por documentos y pruebas verificables, deben tratarse como señalamientos pendientes de esclarecimiento, no como hechos demostrados. Una sospecha no equivale a una prueba de corrupción, y la responsabilidad pública exige distinguir entre ambas.

Sin embargo, la existencia de preguntas legítimas obliga a las autoridades a responder.

¿Quién propuso la contratación? ¿Qué procedimiento se siguió para adjudicar la obra? ¿Cuáles fueron las características técnicas del proyecto y cómo se justificó su costo? ¿Qué empresa recibió el contrato y quiénes son sus propietarios o beneficiarios finales? ¿Existen vínculos societarios, familiares o de negocios con servidores públicos que debieran haberse declarado? ¿Se realizaron las verificaciones necesarias para prevenir conflictos de interés?

Son preguntas elementales en cualquier democracia. No constituyen una condena anticipada, sino una exigencia de rendición de cuentas.

Si todo se hizo conforme a la ley, las autoridades tienen la oportunidad de demostrarlo mediante contratos, facturas, expedientes de contratación y dictámenes técnicos. Si existen irregularidades, corresponde a las instancias fiscalizadoras investigarlas y determinar las responsabilidades que procedan.

Lo que no resulta aceptable es pretender que el tamaño de una escultura sea inversamente proporcional al tamaño de las preguntas que suscita.

En la administración pública, la transparencia no puede depender de la buena voluntad del gobernante ni de la paciencia de los ciudadanos. Debe ser una obligación permanente, particularmente cuando se utilizan recursos que pertenecen a toda la sociedad.

El león alado, entretanto, parece haber adquirido un significado que va más allá de su diseño. Sus alas evocan grandeza; su figura, poder. Pero ningún monumento puede imponer por decreto la admiración de una población. El verdadero reconocimiento se construye con obras útiles, servicios eficientes y un gobierno capaz de explicar cada peso que gasta.

Una escultura puede embellecer una plaza. No puede sustituir una red de agua eficiente, reparar una calle ni devolver la confianza perdida.

Y si alrededor de una obra pública surgen sospechas sobre posibles conflictos de interés, el silencio institucional solo profundiza la desconfianza. La mejor manera de disiparla no es desacreditar a quienes preguntan, sino abrir los expedientes y permitir que los hechos hablen.Por eso, el título de esta polémica no debe entenderse como una sentencia judicial, sino como una pregunta política y ciudadana: ¿será el león alado únicamente una escultura costosa o terminará convertido en el símbolo de una contratación que nunca se explicó suficientemente?La respuesta no está en el bronce, la piedra ni las alas del monumento. Está en los documentos, en la transparencia del contrato y en la disposición de las autoridades para rendir cuentas.

Aguascalientes merece arte, desde luego. Pero también merece agua, calles transitables y un gobierno que no tema explicar sus decisiones.

Porque los monumentos pueden sobrevivir a los gobiernos, pero la confianza ciudadana solo sobrevive cuando el poder acepta someterse al escrutinio público.