¿Lo dije o lo pensé?
Es común encontrar en las páginas web de la mayoría de las instituciones de educación superior los logotipos de organismos acreditadores. Que si la licenciatura está avalada por tal consejo, que si los procesos cumplen con cierta norma internacional, que si subieron en el ranking. Para las familias que hacen el esfuerzo de enviar a sus hijos a estudiar, esos distintivos dan tranquilidad, suenan a garantía. Pero cualquiera que haya dado clases o trabajado ahí adentro sabe que la realidad es bastante distinta.
Pregúntale a un coordinador o a un docente qué implica un proceso de acreditación. Rara vez te van a hablar de mejoras reales en la enseñanza. Te van a contar de meses enteros llenando formatos, cuadrando estadísticas, actualizando bibliografías a las carreras y persiguiendo firmas para armar carpetas de evidencias. Cuando se acerca la visita de los evaluadores, la escuela entera se vuelca al papeleo. Se revisa que las listas coincidan, que las actas estén archivadas y que los programas usen los verbos correctos, que estudiantes y docentes se aprendan el speach. Se cumple el trámite, se realiza el cuantioso pago al organismo acreditador, se obtiene el reconocimiento, se toma la foto oficial y, al lunes siguiente, todo sigue igual.
Ahora bien, sería injusto decir que estos procesos no sirven para absolutamente nada. Obligan a las instituciones a mantener un nivel mínimo de organización. Gracias a esas revisiones, muchas universidades se ven forzadas a mejorar infraestructura, comprar libros actualizados, formalizar reglamentos y dar certeza en sus trámites. En un país donde abundan las escuelas patito con instalaciones precarias y poca seriedad, contar con supervisión externa ayuda a filtrar a las instituciones que al menos cumplen con las condiciones básicas para operar.
El principal punto es que confundimos control administrativo con calidad educativa. Una universidad puede tener sus archivos en orden y aun así graduar estudiantes con serias deficiencias. Un temario puede verse impecable en el documento que revisa el organismo evaluador, pero el verdadero aprendizaje se da en el salón de clases. Y ahí aparece el aspecto que las certificaciones casi siempre pasan por alto, las condiciones en las que trabajan los maestros.
En la mayoría de las instituciones de educación superior, la enseñanza depende de profesores de asignatura pagados por hora. Muchos trabajan en varias escuelas a la vez para alcanzar un ingreso digno, no tienen estabilidad de un semestre a otro y, por si fuera poco, deben absorber el trabajo burocrático que exigen las acreditaciones sin recibir pago extra por esas horas. Resulta contradictorio presumir excelencia certificada cuando quien está frente al grupo apenas tiene tiempo para preparar su clase o revisar trabajos con detenimiento.
Hoy las acreditaciones funcionan más como un requisito comercial que como una medida fiel del aprendizaje o una herramienta de verdadera mejora. Si una universidad no las tiene, pierde presupuesto o pierde alumnos frente a su competencia; por eso las buscan con tanta urgencia. Qué bueno que existan para poner orden en la administración escolar, pero hay que dejar de venderlas como prueba automática de buena educación. La calidad se demuestra cuando el egresado sabe ejercer su profesión, no cuando la rectoría cuelga una placa nueva en la recepción.
