Mientras las plataformas de hospedaje buscan incorporarse a nuevas disposiciones de la legislación turística, las aplicaciones de transporte continúan en trámites para formalizar su operación, informó el diputado Emilio Rosas Montiel.
El legislador explicó que ambos temas avanzan por vías distintas: los alojamientos temporales forman parte de la construcción de una nueva Ley de Turismo, mientras que las empresas de transporte por aplicación mantienen un procedimiento administrativo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
Airbnb: competencia, seguridad y certeza jurídica
En el caso de los alojamientos ofertados por plataformas digitales, Rosas Montiel señaló que la propuesta de regulación se encuentra incorporada en los trabajos para renovar la legislación turística de San Luis Potosí, encabezados por la Secretaría de Turismo y la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso, la diputada Aranza Puente.
El proyecto retoma planteamientos de una iniciativa presentada en 2024 por la entonces legisladora, que proponía incorporar un apartado específico a la ley para establecer un registro de estos servicios.
De acuerdo con Rosas Montiel, contar con un padrón permitiría atender tres aspectos centrales: reducir las diferencias entre los alojamientos digitales y los establecimientos tradicionales, mejorar la identificación de las personas hospedadas y verificar que quienes anuncian inmuebles tengan facultades legales para ofrecerlos.
El diputado sostuvo que los hoteles y moteles formalmente establecidos deben cumplir con obligaciones fiscales y laborales, por lo que considera necesario revisar las condiciones bajo las cuales funcionan las plataformas de hospedaje para evitar una competencia desigual.
La propuesta también busca que exista información más precisa sobre los usuarios de estos servicios. El legislador recordó que un caso ocurrido en 2024, relacionado con una menor de edad que se encontraba en un alojamiento contratado por su padre, quien no era su tutor, puso de manifiesto las dificultades para conocer la identidad de quienes efectivamente ocupan una propiedad.
Explicó que la persona que realiza la reservación no necesariamente es quien llega al inmueble, situación que podría complicar su localización cuando se requiere saber quién está hospedado.
Un tercer componente sería verificar a los propietarios y prestadores del servicio mediante requisitos como identificación oficial, Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Rosas Montiel señaló que también existen antecedentes de conflictos civiles en ciudades del Bajío, relacionados con personas que rentan una vivienda y posteriormente la ofrecen a través de estas plataformas sin ser sus propietarios.
Nueva Ley de Turismo podría estar lista en 2027
Aunque la propuesta de crear un registro para los alojamientos digitales no avanzó de manera independiente hasta convertirse en una disposición vigente, el diputado aclaró que no ha sido descartada.
Explicó que la decisión fue dar espacio a una reforma más amplia de la legislación turística. En el proceso legislativo, detalló, una ley puede considerarse nueva cuando se modifica más de la mitad de su contenido.
Además de las plataformas de hospedaje, los trabajos contemplan otros segmentos, como el turismo ecológico, incluyente y enológico, relacionado con la actividad vitivinícola.
El legislador estimó que la nueva normativa podría quedar concluida antes de que termine la actual legislatura, en junio de 2027, aunque precisó que el calendario definitivo deberá ser confirmado por la presidenta de la Comisión de Turismo.
De concretarse, la legislación incorporaría los planteamientos para establecer controles sobre los alojamientos digitales, aunque su alcance final dependerá del contenido que se apruebe.
Uber y DiDi siguen en proceso de regularización
En materia de transporte por aplicación, Rosas Montiel reconoció que San Luis Potosí todavía no concluye la formalización administrativa de estas empresas. Detalló que, a mediados de 2026, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal comenzó a otorgar facilidades y emitió un memorándum dirigido a Uber como parte del procedimiento. Sin embargo, el registro formal continúa pendiente.
El diputado explicó que estos servicios cuentan con un marco jurídico que los contempla, pero aún se encuentran en una etapa de regularización administrativa. La discusión también involucra las diferencias entre las plataformas digitales y los taxis tradicionales, cuyos representantes han señalado que no compiten bajo las mismas condiciones. El proceso abarca a otras aplicaciones de transporte, entre ellas DiDi.
Reforma laboral busca dar derechos a trabajadores de plataformas
Rosas Montiel también se refirió a los cambios impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum para reconocer derechos laborales a quienes trabajan mediante aplicaciones digitales. Recordó que en julio de 2025 comenzó una prueba piloto para incorporar a estos trabajadores a un esquema de protección social, con prestaciones vinculadas al nivel de ingresos que obtengan.
Explicó que quienes alcancen el umbral establecido, equivalente al salario mínimo mensual, pueden acceder a prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre ellas cobertura por enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y retiro, así como servicios de guardería y prestaciones sociales.
El esquema también contempla aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El diputado agregó que se prevé un paquete de reformas complementarias para noviembre de 2026, como parte de la ruta federal para ampliar la regulación de las plataformas digitales.
Con estos cambios, la discusión sobre los servicios que operan mediante aplicaciones abarca tanto las condiciones en que prestan sus actividades como los derechos de quienes trabajan en ellas.
En San Luis Potosí, mientras tanto, los alojamientos digitales deberán esperar la conclusión de la nueva legislación turística para conocer las reglas que se establecerán para su operación, en tanto que las aplicaciones de transporte continúan con su proceso de regularización ante las autoridades estatales.
