En México parece que discutir la violencia nos obliga a elegir bando: o estás con las mujeres o defiendes a los hombres. Esa falsa disyuntiva empobrece el debate y, peor aún, debilita la justicia.
El Congreso de la Unión tiene sobre la mesa una discusión que merece atención. En abril y septiembre de 2026, legisladores como Celia Esther Fonseca Galicia, del Partido Verde, y José Alfonso Rubalcava Jiménez, del PAN, presentaron propuestas para endurecer las sanciones por denuncias falsas y establecer mecanismos de corroboración de hechos. Estas fueron turnadas a comisiones para dictamen; aunque aun no son reformas aprobadas, esto permite tener un matiz entre lo absoluto dentro de esta discusión de bandos.
Es importante recordar que el Código Penal Federal ya contempla sanciones por determinadas conductas de falsedad y simulación de pruebas. La ley es muy clara, la aplicación no.
Mas allá de estas propuestas en el Congreso, el verdadero reto legislativo consiste en demostrar qué vacío jurídico persiste, si las nuevas sanciones son proporcionales y cómo evitar que una reforma termine castigando indirectamente el derecho legítimo a denunciar.
Es asi de claro: una mujer no es automáticamente inocente por ser mujer. Un hombre tampoco es culpable por ser hombre. La perspectiva de género no debería servir para sustituir las pruebas por prejuicios, del mismo modo que la presunción de inocencia no puede utilizarse para desacreditar a quien denuncia violencia.
En esta situación hay tres escenarios: una denuncia verdadera, una denuncia deliberadamente falsa y una investigación que no logra esclarecer los hechos. Confundirlos es una irresponsabilidad. Que no se acredite un delito no demuestra, por sí solo, que alguien haya mentido; acusar tampoco equivale a probar culpabilidad.
Entonces: ¿cómo exigir corroboración sin retrasar una medida urgente de protección? ¿Cómo sancionar la mentira deliberada sin sembrar miedo entre quienes necesitan denunciar? ¿Cómo impedir que las redes sociales dicten sentencias antes que los tribunales?
La respuesta no está en creer ciegamente ni en sospechar de todos. Está en investigar con rigor, proteger cuando exista riesgo, garantizar la defensa y sancionar las conductas ilícitas con pruebas y conforme a la ley.
La justicia no necesita víctimas perfectas ni culpables predeterminados. Necesita presupuesto. Y también necesita hechos, pruebas, instituciones competentes y jueces independientes.
Porque cuando el género decide quién merece ser creído antes de investigar, ya no estamos defendiendo derechos: estamos reproduciendo prejuicios.
