La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Gobierno de Jalisco a garantizar los derechos a la protesta social, la libertad de expresión, la asociación y la reunión pacífica, tras los hechos registrados el 11 de octubre durante una manifestación por la calidad del agua en Guadalajara.La movilización comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de Seguridad Pública estatal, ciudadanos y personas defensoras de derechos humanos exigieron soluciones ante las denuncias por el deterioro del agua potable en distintas colonias de la zona metropolitana.De acuerdo con reportes periodísticos citados por la CNDH, integrantes del Escuadrón Antimotines habrían utilizado gas lacrimógeno y chorros de agua a presión para dispersar a las personas congregadas; entre las presuntas víctimas había menores de edad, adultos mayores y representantes de medios de comunicación.Hubo detenciones arbitrariasFamiliares y medios también reportaron detenciones arbitrarias y lesiones durante los enfrentamientos, ante estos señalamientos, el organismo nacional pidió que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen las posibles responsabilidades conforme a derecho.La CNDH relacionó las protestas con las denuncias ciudadanas por la calidad del agua potable en Guadalajara y municipios metropolitanos, cuyos habitantes han expresado preocupación por los posibles efectos sanitarios y las condiciones del sistema de abastecimiento.Protestas es un ejercicio de derechosEl organismo recordó que, mediante la Recomendación General 46/2022, advirtió que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución mexicana y los tratados internacionales. También sostuvo que cualquier intervención policial debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de garantizar la integridad de las personas.Asimismo, informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares para procurar atención médica y respeto a los derechos de las personas detenidas.La CNDH ofreció su cooperación a las autoridades estatales, en caso de que requieran su intervención dentro de sus atribuciones. Finalmente, condenó toda forma de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y reiteró que la protesta pacífica constituye una expresión legítima de participación ciudadana que las autoridades deben proteger.
