Bajo presión
Una de las consecuencias de la polarización de la vida pública en el país es que, antes de preguntarnos si alguien está en peligro, cuestionamos a qué bando pertenece para poder asignarle la categoría de víctima. Eso ocurre con el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez.
En alguna homilía, el obispo declaró no estar de acuerdo con las autoridades, dijo: “Nos hablan de libertad y de pluralidad, pero están amenazando con la cárcel al que piensa diferente o al que dice algo”, también mencionó a las madres buscadoras y la falta de apoyo real. No indicó nombres o partidos, no violó ninguna ley por expresar su opinión; sin embargo, sus declaraciones despertaron la furia de algunos seguidores de la Cuarta Transformación.
José Lápiz publicó en X: “Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen. Putas ratas con sotana”. La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes detectó la publicación el 1 de octubre mediante ciberpatrullaje y abrió investigación de oficio por presuntas amenazas y apología del delito. El fiscal Manuel Alonso García dijo que no se trató de una publicación aislada: Lápiz habría reiterado mensajes similares durante la semana.
Una vez que se hizo pública la investigación en contra de José Lápiz, el creador de contenido intentó desmentir los hechos, borró publicaciones, argumentó que se estaban tergiversando sus opiniones, incluso acusó a la IA y a conductores y cadenas de noticias de complotar en contra suya.
En la conversación pública no tardó en aparecer la contabilidad política: unos dijeron que el obispo había provocado al poder; otros, que era una víctima de la intolerancia oficialista; una tercera parte, la más cómoda, decidió que el asunto era una exageración de la oposición.
La conducta de José Lápiz es repugnante. Nadie, o casi nadie, se detuvo en lo elemental: ponerle precio a la integridad de una persona no es crítica, no es libertad de expresión, es violencia anunciada. Podemos discutir si un obispo debe hacer señalamientos políticos desde el púlpito. Expresar que su homilía fue parcial, imprudente o simplemente equivocada. Podemos replicarle, contradecirlo, ridiculizarlo incluso, si se decide que la sátira es el camino. Todo eso cabe en la conversación democrática. Todo excepto ofrecer dinero para agredirlo.
La libertad de expresión no protege el derecho a ponerle precio a la vida de quien piensa distinto. Protege la crítica, la burla, la discrepancia, la herejía y hasta el insulto, pero no convierte la amenaza en opinión ni la coacción en debate.
Cuando la víctima es un obispo, una parte de la izquierda siente que debe medir sus palabras, como si condenar una amenaza fuera traicionar una causa. Cuando la víctima es un periodista incómodo para el gobierno, una parte de la derecha descubre de pronto la defensa de la libertad de expresión.
En diversas tribunas, los opositores aprovecharon el caso para argumentar los intentos de censura desde el gobierno, lo que menos importó fueron las amenazas, aprovecharon los acontecimientos para caracterizar burdamente a los seguidores de la Cuarta Transformación y convertirlos en una horda de violentos.
El caso no terminó ahí. Circuló un video en el que se aseguraba que Mario César Macías, director de Palestra, agredía al obispo. La acusación corrió rápido, sin frenos, sin contexto y con una bandeja de indignación lista para servirse. Después se indicó que el video fue sacado de contexto y el propio obispo, mediante un material del Correo Diocesano, aclaró que no hubo agresión en su contra. No se aclaró ninguna duda, sólo ensució la discusión pública, un video descontextualizado bastó para convertir a un periodista en sospechoso público. Los defensores del obispo acusaron al director de Palestra de promover la violencia en contra de la Iglesia y en redes sociales se le amenazó indicando que ya sabían quién era y dónde vivía.
Otro mecanismo de la polarización: no sólo divide opiniones; reparte humanidad. El obispo deja de ser un hombre y se convierte en “el clérigo conservador”. El periodista deja de ser un profesional y se convierte en adversario. José Lápiz deja de ser un sujeto al que hay que investigar y se convierte en “el morenista”. Las etiquetas no explican a las personas; las preparan para el escarnio.
Cuando alguien deja de ser persona para convertirse en etiqueta, resulta más fácil amenazarlo, exhibirlo o justificar que esté expuesto.
A la investigación sobre el caso del obispo, se sumó el reclamo de periodistas aguascalentenses por la falta de un mecanismo funcional para proteger a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. No es un reclamo corporativo, ni una coartada para impedir investigaciones. Es una advertencia: si un video descontextualizado puede poner a un comunicador en el centro de una tormenta, el Estado tiene la obligación de responder con la misma seriedad con la que responde cuando la víctima le conviene.
El mecanismo de protección a periodistas no puede ser un premio para quienes incomodan al poder ni una pieza decorativa para quienes incomodan a la oposición. Si la protección se activa según la utilidad política del amenazado, no estamos hablando de seguridad: estamos hablando de miedo administrado.
En el caso del obispo ya hubo reacciones por parte de la autoridad, mientras que ante las amenazas al director de Palestra se ha guardado silencio. No basta con proteger al obispo, esa misma reacción deben tener las autoridades en el caso del periodista señalado con un video recortado. Se deben usar todas las herramientas para la protección de los derechos de todos, sin importar su procedencia o relevancia en el ámbito público.
La coherencia no consiste en condenar la violencia contra los nuestros y justificar la exposición de los otros. Consiste en entender que los derechos no se distribuyen por cuota partidista, que la libertad de expresión no depende de quién habla y que la integridad de una persona no pierde valor porque sus ideas no coincidan con las nuestras.
En México, cada vez que alguien es amenazado, la primera pregunta parece ser si merece protección, no si está en peligro. Si para defender los derechos de alguien primero necesitamos saber si es de los nuestros, no defendemos derechos: defendemos privilegios.
Coda. Al obispo lo amenazaron. A Macías lo amenazaron. Ninguno de los dos necesitaba una credencial para merecer que alguien lo defendiera.
@edilbertoaldan
