Hay ideas que no regresan con el uniforme que las hizo tristemente célebres. No necesitan camisas pardas, saludos romanos ni multitudes marchando al ritmo de una consigna. En el siglo XXI, las corrientes autoritarias pueden llegar vestidas de modernidad, envueltas en discursos de libertad económica, seguridad, nacionalismo, moral tradicional y desprecio por quienes piensan diferente.
El peligro comienza cuando esas ideas dejan de parecer extremas y empiezan a presentarse como soluciones naturales a los problemas de la sociedad. Aguascalientes no está al margen de esta discusión. En el debate público local se observan discursos conservadores y expresiones de confrontación ideológica que merecen un examen crítico. La pregunta no es si una persona tiene derecho a ser de derecha, defender el libre mercado o profesar valores tradicionales. Por supuesto que lo tiene. La pregunta es otra: ¿en qué momento la defensa de una posición política comienza a justificar la exclusión, la intolerancia, la concentración del poder y el desprecio por los derechos de los demás? Es ahí donde conviene hablar del neofascismo.
El fascismo histórico no fue simplemente una ideología conservadora ni una expresión radical del patriotismo. Fue un proyecto autoritario que subordinó las libertades individuales, persiguió a sus adversarios, exaltó al líder, convirtió a determinados grupos sociales en enemigos y destruyó los contrapesos democráticos.
Las expresiones contemporáneas de la extrema derecha no son idénticas a los movimientos fascistas del siglo XX. Sin embargo, diversos investigadores han identificado semejanzas preocupantes en algunos liderazgos actuales: el antipluralismo, la construcción permanente de enemigos, el nacionalismo excluyente, la hostilidad hacia las minorías y la pretensión de subordinar las instituciones a una voluntad política personalista.
América Latina ofrece ejemplos de esta transformación. Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador representan experiencias diferentes, con contextos, políticas y trayectorias propias, pero forman parte de un debate regional sobre el crecimiento de las derechas radicales, el personalismo y las tensiones entre autoridad y pluralismo democrático. No sería riguroso reducirlos a una misma categoría sin examinar sus diferencias; tampoco sería prudente ignorar los rasgos autoritarios que especialistas han señalado en determinadas expresiones de estos movimientos.
En México, Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en una de las figuras empresariales más visibles del enfrentamiento político y mediático. Su presencia pública, sus críticas al gobierno, su defensa de posiciones favorables al mercado y su estilo confrontativo forman parte de una discusión nacional sobre la relación entre riqueza, medios de comunicación, libertad de expresión y poder político.
No basta, desde luego, con ser empresario, millonario o crítico del gobierno para ser considerado neofascista. Las etiquetas ideológicas requieren argumentos y evidencia, no descalificaciones automáticas.
Sin embargo, sí es legítimo examinar críticamente el modelo de sociedad que se promueve desde determinadas plataformas de enorme influencia. ¿Qué ocurre cuando la riqueza se presenta como prueba suficiente de superioridad moral? ¿Qué sucede cuando los derechos sociales se describen como privilegios injustificados, mientras el éxito económico se convierte en la medida fundamental del valor de las personas? ¿Qué consecuencias tiene que la discusión pública se transforme en una confrontación permanente entre supuestos vencedores y perdedores?
En Aguascalientes, la discusión merece particular atención. El conservadurismo tiene una presencia histórica y cultural legítima en la vida del estado. Hay ciudadanos que defienden convicciones religiosas, modelos familiares tradicionales, políticas de seguridad más severas o una economía de mercado. Ninguna de esas posiciones, por sí misma, constituye fascismo.
Pero una cosa es defender una tradición y otra pretender imponerla a toda la sociedad. Una cosa es cuestionar a un gobierno y otra negar legitimidad a quienes lo apoyan. Una cosa es defender la seguridad pública y otra considerar que cualquier medida de fuerza está justificada, sin importar los derechos humanos. Una cosa es discrepar de las políticas de igualdad y otra convertir a las mujeres, las personas de la diversidad sexual o las minorías en objetivos de hostilidad.
Es precisamente en estas fronteras donde debemos observar las voces públicas que participan en la conversación política de Aguascalientes.
No afirmo que toda expresión conservadora de Aguascalientes participe de ese proyecto. Para sostener una acusación semejante sería indispensable examinar declaraciones, propuestas, acciones y alianzas concretas. Lo que sí merece atención es cualquier discurso que, desde posiciones de poder o influencia, normalice la exclusión, glorifique la fuerza por encima de la ley o presente la desigualdad como una condición que no merece cuestionamiento.
Una de las paradojas de nuestro tiempo es que algunos discursos autoritarios se presentan como defensores absolutos de la libertad. Hablan de libertad frente al Estado, pero pueden mostrar escasa tolerancia hacia quienes cuestionan sus convicciones. Invocan el orden, pero no siempre conceden el mismo valor a los derechos de todos. Defienden la libertad de mercado, pero pueden desentenderse de las condiciones materiales que permiten ejercer otras libertades.
La contradicción es importante: la democracia no consiste únicamente en permitir que cada quien haga lo que quiera. Supone instituciones que limiten el poder, derechos que protejan a las personas y reglas que obliguen tanto a los gobernantes como a los ciudadanos más poderosos.
Frente a estas tendencias, la respuesta no debe ser el miedo ni la censura. Debe ser una ciudadanía informada, capaz de distinguir entre una discrepancia legítima y una amenaza a los derechos democráticos. Aguascalientes necesita un debate público donde las propuestas económicas puedan discutirse sin convertir a los pobres en culpables de su condición; donde la seguridad no se utilice para justificar abusos; donde las convicciones religiosas convivan con la libertad de conciencia; donde las diferencias políticas no se traduzcan en persecución y donde la riqueza no otorgue a nadie una autoridad moral superior.
Necesita, además, que sus voces públicas respondan por lo que dicen y hacen. Quienes ejercen influencia tienen una responsabilidad proporcional a su capacidad para moldear la conversación colectiva. No se trata de prohibir ideas incómodas. Se trata de confrontarlas con argumentos, evidencias y principios democráticos. No se trata de impedir que la derecha participe en la vida pública. Se trata de exigir que todas las corrientes políticas respeten los derechos, la legalidad y la pluralidad.
La tarea consiste en observar, documentar y discutir. En examinar quién promueve la intolerancia, quién debilita los contrapesos, quién pretende situarse por encima de la ley y quién utiliza el miedo o el resentimiento para justificar la exclusión de otros. Aguascalientes tiene derecho a decidir su futuro político mediante el debate libre, la participación ciudadana y el respeto a las diferencias. Ninguna tradición, partido, gobierno o fortuna personal debe colocarse por encima de esos principios.
La historia demuestra que las democracias no siempre desaparecen mediante un golpe espectacular. A veces se desgastan lentamente, a través de palabras que normalizan el desprecio, discursos que dividen a la sociedad entre superiores e inferiores y promesas de orden que exigen sacrificar derechos.
Por eso, hablar del peligro neofascista en Aguascalientes no debería ser una consigna para descalificar al adversario. Debería ser una invitación a vigilar, con rigor y sin complacencia, cualquier intento de convertir la intolerancia en virtud y el autoritarismo en una solución.
Porque una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que los poderosos pueden decirlo todo sin recibir críticas. Es aquella en la que nadie, por poderoso que sea, puede decidir quién merece tener derechos y quién debe quedarse sin ellos.
Y esa es una frontera que Aguascalientes, como cualquier sociedad democrática, no debe permitir que se cruce.
