El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, más conocido como CONOCER, es una institución del Estado mexicano encargada de reconocer oficialmente los conocimientos, habilidades y destrezas que las personas adquieren mediante la educación, la capacitación o la experiencia.
En pocas palabras, certifica lo que sabemos hacer, independientemente de dónde lo aprendimos. Hasta ahí, todo bien.
Hace unas semanas, España se estremeció con el desahucio (como llaman los españoles al desalojo) de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue expulsada de la vivienda donde había vivido durante siete décadas.
La empresa propietaria pretendía elevar su alquiler de 500 a 2,650 euros mensuales. Usted podrá defender el derecho de propiedad, las resoluciones judiciales o los intereses empresariales. Pero hay que decirlo con claridad ¿una sociedad, sus instituciones y sus autoridades fueron incapaces de encontrar una solución para evitar semejante tragedia humana?
Maricarmen murió el pasado 7 de octubre sin regresar a su hogar.
Su historia provocó movilizaciones sociales y una profunda discusión política. Ojalá su muerte no se diluya como otra anécdota en nuestra memoria selectiva.
De España aterrizamos en nuestra patria mexa, esa que Dalí y Kafka, sin conocerse, parecen haber diseñado a cuatro manos, una distopía institucional donde lo absurdo ya no nos sorprende.
Hace unos días, mientras terminaba el café, vi en un noticiero nacional cómo se anunciaba, casi como un logro institucional, que Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, y su hija Milagros habían obtenido una certificación oficial para buscar personas desaparecidas.
Sí, leyó bien.
El Estado mexicano certificando competencias laborales para buscar seres humanos desaparecidos.
El reconocimiento corresponde al Estándar de Competencia EC1542, denominado "Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.
No se trata de una iniciativa reciente. El estándar existe desde 2023, pero ahora ha cobrado notoriedad con la certificación de estas dos mujeres.
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas. Detrás de esa cifra hay familias que aprendieron a leer el terreno, identificar posibles fosas, organizar brigadas y reconocer indicios forenses.
No porque alguna vez soñaran con esa profesión, sino porque la necesidad se volvió conocimiento.
Por supuesto que Ceci Flores y su hija merecen reconocimiento. Su trabajo es una expresión extraordinaria de valentía, perseverancia y solidaridad.
Pero ¿en qué momento aceptamos como normal que una madre deba profesionalizarse para buscar a sus hijos?
Mientras los organismos internacionales y los especialistas en educación advierten que las competencias del futuro girarán en torno a la inteligencia artificial, el análisis de datos, la creatividad y el liderazgo, nosotros comenzamos a certificar la búsqueda de nuestros desaparecidos.
Quizá pronto alguna universidad anuncie la licenciatura en madres buscadoras, con especialidad en identificación de fosas clandestinas y prácticas profesionales en territorios controlados por el crimen organizado.
Suena cruel. Lo es.
Pero más cruel resulta que una ironía así pueda confundirse con una propuesta educativa viable.
La antropóloga argentina Rita Segato desarrolló un concepto particularmente pertinente: las pedagogías de la crueldad. Se refiere a los procesos sociales mediante los cuales aprendemos a desensibilizarnos frente al sufrimiento ajeno y convertimos la violencia en parte de nuestra cotidianidad.
Y parece que cursamos esa asignatura con un aprovechamiento sobresaliente.
En una colaboración anterior señalé que prácticamente todo nos molesta, pero cada vez menos cosas nos indignan.
Aceptamos la corrupción como componente natural del sistema político. Vemos a personajes acusarse de corruptos mientras preparan sus próximas candidaturas, sin pudor alguno.
Normalizamos la violencia, las desapariciones y las amenazas. Mientras tanto, ciudadanos, empresarios y académicos competimos por crear el meme más ingenioso, como si el ingenio pudiera sustituir a la indignación.
El problema no es que CONOCER certifique conocimientos adquiridos en circunstancias extremas. Sería injusto descalificar una herramienta que puede proteger y fortalecer a quienes buscan a sus familiares.
El problema es que estamos construyendo respuestas institucionales para administrar las consecuencias de tragedias que deberíamos evitar.
Quizá el siguiente estándar certifique cómo cobrar derecho de piso sin generar denuncias, cómo administrar recursos públicos sin dejar rastro ante la Auditoría Superior de la Federación o cómo sobrevivir a la corrupción sin convertirse en cómplice.
Maricarmen murió tras defender su derecho a permanecer en casa. Ceci Flores aprendió a buscar a sus hijos porque el Estado no pudo encontrarlos.
Dos países, dos historias y una misma pregunta ¿para qué construimos instituciones si dejamos solos a quienes más las necesitan?
A Ceci, a Milagros y a todas las madres que salen a buscar con una pala, una varilla y la esperanza intacta: gracias, y perdón. Gracias por hacer lo que nos tocaba a todos. Perdón porque tuvieron que aprenderlo y solas.
Ojalá llegue el día en que ese papel ya no sirva de nada, porque sus hijos regresaron o porque ninguna madre tenga que buscar. Mientras tanto, que no se nos acabe la capacidad de indignarnos.
