La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió insuficiencia de custodios, presencia de actividades ilícitas, deficiencias de gobernabilidad y falta de programas para prevenir incidentes violentos en el penal El Castillo en Mazatlán, Sinaloa, donde dos enfrentamientos registrados en menos de 24 horas dejaron 12 muertos.
El organismo otorgó al centro penitenciario una calificación reprobatoria de 5.25 sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, cuyos resultados fueron difundidos esta semana, antes de que se desatara la violencia en el establecimiento.
La evaluación identificó problemas en el control institucional, la aplicación de sanciones disciplinarias, la capacitación de los custodios y la normatividad que regía el funcionamiento del penal.
Entre las deficiencias señaladas estuvo la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, uno de los elementos fundamentales para mantener el orden, supervisar a la población penitenciaria y prevenir enfrentamientos entre internos.
La CNDH también registró la presencia de actividades ilícitas dentro del establecimiento, aunque en el apartado correspondiente no precisó cuáles eran las conductas detectadas ni identificó a sus responsables.
En materia de prevención, el diagnóstico advirtió insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos, así como deficiencias en los mecanismos destinados a evitar violaciones a los derechos humanos.
También identificó insuficiencia de vías para presentar quejas por posibles violaciones a derechos humanos y fallas en los procedimientos institucionales para atenderlas.
Las observaciones incluyeron deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario y carencias en reglamentos, manuales, lineamientos y otras disposiciones internas, así como en su difusión y actualización.
El Castillo quedó ubicado en el rango más bajo de la evaluación de la CNDH, correspondiente a los centros penitenciarios que obtuvieron calificaciones inferiores a seis puntos.
La supervisión también exhibió problemas en las condiciones de internamiento, particularmente en los servicios de salud, alimentación, higiene de dormitorios, cocinas, comedores e instalaciones médicas.
El organismo documentó deficiencias materiales y de higiene en los espacios destinados al alojamiento de personas privadas de la libertad, así como instalaciones insuficientes o deterioradas para la comunicación con el exterior.
En el apartado de reinserción social, la CNDH detectó una clasificación inadecuada de los internos y deficiencias en la separación entre personas procesadas y sentenciadas.
También registró problemas en la integración de expedientes técnico-jurídicos, en la organización y seguimiento de los planes de actividades, además de insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
La evaluación señaló, asimismo, deficiencias en la separación entre hombres y mujeres y en la atención a personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.
Pese a las irregularidades, el organismo reconoció como aspectos favorables la existencia de actividades laborales y de capacitación, así como programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
De acuerdo con las cifras del diagnóstico, tenía capacidad para mil 699 hombres y 142 mujeres, es decir, mil 841 espacios, mientras que alojaba a mil 247 hombres y 42 mujeres, para un total de mil 289 internos.
Esto representaba una ocupación aproximada de 70 por ciento de su capacidad instalada, por lo que las deficiencias de seguridad y gobernabilidad fueron detectadas aun cuando el establecimiento disponía de espacios libres.
El documento también registró que cinco mujeres privadas de la libertad vivían con cinco hijas o hijos dentro del centro penitenciario.
En Sinaloa, la CNDH supervisó dos establecimientos penitenciarios y ambos obtuvieron calificaciones reprobatorias.
El Castillo recibió 5.25 puntos, mientras que Goros II, en Los Mochis, obtuvo 4.79, con lo que el promedio estatal quedó en 5.02.
Los resultados exhibieron deficiencias en las condiciones de seguridad, gobernabilidad, servicios básicos y reinserción social en los centros penitenciarios evaluados de la entidad.
Las advertencias cobraron relevancia después de que el jueves 8 de octubre se registró una riña en El Castillo que dejó nueve personas privadas de la libertad muertas, así como un menor de edad que se encontraba de visita, además de 16 lesionados.
El viernes se registró otro enfrentamiento que dejó dos internos fallecidos por heridas de arma punzocortante, con lo que el saldo acumulado ascendió a 12 muertos.
Las autoridades estatales iniciaron investigaciones para determinar las causas de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad dentro del establecimiento, mientras fuerzas federales reforzaron la vigilancia.
