Bajo presión
Cuarenta mil pesos por “madrugar” al obispo Juan Espinoza. Eso ofreció José Lápiz en una publicación en redes sociales, detectada el 1 de octubre por la Fiscalía de Aguascalientes, que abrió una carpeta de investigación por amenazas y apología del delito y prepara una orden de aprehensión contra el “creador de contenido”. No fue un chiste de mal gusto: es la punta del iceberg de un ecosistema que premia el discurso de odio disfrazado de opinión y lo monetiza con la atención de cientos de miles de seguidores.
José Lápiz es simpatizante de Morena y defensor de la Cuarta Transformación. Transmite a diario en distintas redes para difundir noticias, atacar a la oposición y criticar a la Iglesia católica. No reportea ni genera información: comenta notas de medios tradicionales y celebra a quienes coinciden con él, con un lenguaje soez donde el insulto sustituye a la idea. Aun así, y aunque usa sus canales para vender productos al mayoreo y cobra por sesiones de zoom donde promueve su versión de la libertad religiosa, suma más de 600 mil suscriptores.
Se le presenta como “creador de contenido”, etiqueta difícil de aceptar. Lo suyo es información reciclada, coyuntura amplificada alineada a discursos de odio. Todo lo convierte en espectáculo, incluso la amenaza.
El problema no es que alguien tenga una opinión desagradable, estridente o incluso profundamente equivocada. Una sociedad democrática tiene que soportar el desacuerdo, también cuando el desacuerdo resulta incómodo, ofensivo o proviene de alguien con quien no compartimos absolutamente nada. La libertad de expresión no fue inventada para proteger las opiniones que nos gustan, sino precisamente aquellas que ponen a prueba nuestra capacidad de convivir con quien piensa distinto.
Pero una cosa es decir que alguien está equivocado y otra ofrecer dinero para que alguien lo agreda. Una cosa es criticar a un sacerdote, a un obispo o al presidente y otra convertir el daño físico contra una persona en una posibilidad que merece recompensa. El límite no está en que una expresión nos moleste, sino en que la palabra abandone el terreno de la confrontación de ideas para convertirse en una herramienta de intimidación o de incitación.
La Fiscalía investiga dos posibles figuras penales. La primera, amenazas, se configura cuando se comunica a alguien la intención de causarle un mal grave, de modo que genere temor fundado. La segunda, apología del delito, cuando se enaltece, justifica o incita a cometer un delito, como ofrecer una recompensa para que alguien agreda a una persona.
Aquí conviene detenerse porque en la discusión pública mexicana tenemos una costumbre peligrosa: llamar “libertad de expresión” a cualquier cosa que se diga frente a una cámara. Como si tener un teléfono, una transmisión en vivo y miles de seguidores convirtiera automáticamente cualquier ocurrencia en una opinión protegida de toda consecuencia. No es así. La libertad de expresión implica hablar, cuestionar, denunciar, satirizar y hasta incomodar al poder. No implica que una persona quede fuera de las consecuencias de utilizar su audiencia para amenazar o alentar la violencia.
El fiscal Manuel Alonso García ha sido enfático: no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón. La Unidad de Delitos Cibernéticos detectó la publicación del 1 de octubre, pero revisa expresiones previas del youtuber contra el obispo y otros sacerdotes, y trabaja en identificar la dirección IP para integrar las pruebas. “No se identifica que nada más fue una publicación aislada, sino que es un tema reiterativo en relación a esta amenaza”, afirmó el fiscal.
El peligro no radica solo en que Lápiz agreda directamente, sino en que otros lo hagan incitados por él. “No es que este sujeto directamente haga algo, sino lo que está él provocando, incitando a través precisamente de sus redes”, dijo el fiscal a Azucena Uresti. De ahí que la Fiscalía no espere a que ocurra una agresión y solicite la orden de aprehensión.
Hay una diferencia fundamental que conviene no dejar a un lado. Las redes sociales permiten que una persona con una audiencia considerable convierta una ocurrencia privada en una instrucción pública, aunque nunca la formule con la solemnidad de una orden. No hace falta que alguien diga “ve y hazlo” para que exista una responsabilidad sobre el ambiente que está construyendo. La repetición, la deshumanización del adversario, el insulto constante y la recompensa simbólica o económica por la agresión terminan creando un lenguaje en el que la violencia deja de parecer extraordinaria.
Eso es particularmente delicado cuando quien habla tiene una audiencia de cientos de miles de personas. El número de seguidores no convierte una mentira en verdad ni una amenaza en una opinión, pero sí modifica el alcance de sus consecuencias. No es lo mismo decir una barbaridad en la mesa de una cantina que construir todos los días una audiencia alrededor de la misma barbaridad. La plataforma no solo distribuye el mensaje, multiplica su efecto.
Notas de prensa y comentarios en redes sociales presentan esta noticia como una “disputa” entre el obispo y el youtuber. No lo es. No hay dos partes en pie de igualdad intercambiando argumentos. De un lado, un sermón crítico, pronunciado desde el púlpito, que cuestiona la coherencia entre discurso y hechos del gobierno federal. Del otro, una publicación que ofrece 40 mil pesos para que alguien “madrugue” a esa misma persona, acompañada de insultos contra sacerdotes. Llamarlo disputa es un eufemismo peligroso: normaliza la intimidación, equipara opinión con hostigamiento y reduce una amenaza de violencia a un desencuentro de posturas. Es una recompensa por violencia disfrazada de opinión.
Aquí hay otra trampa de la conversación digital: la falsa equivalencia. Si dos personas tienen un conflicto, parece sencillo colocar sus nombres a ambos lados de una misma pantalla y hablar de “pleito”. Pero la simetría gráfica no produce una simetría moral. Que el obispo haya criticado al gobierno no coloca automáticamente en el mismo plano la crítica y una oferta de dinero para agredirlo. Que alguien haya dicho algo que nos molesta no convierte la amenaza posterior en una respuesta legítima.
Si aceptamos esa lógica, terminamos construyendo una sociedad en la que cada expresión puede justificar la siguiente escalada. Primero el desacuerdo, después el insulto, luego la descalificación, después la amenaza y finalmente la agresión. En cada paso alguien encuentra una justificación en el paso anterior. Así se deteriora una conversación pública: no porque desaparezcan las opiniones, sino porque desaparece la posibilidad de disentir sin convertir al adversario en enemigo.
Del sermón del 27 de septiembre se retomaron sobre todo estos señalamientos del obispo: “Nos hablan a nivel nacional de libertad y pluralidad, pero amenazan con la cárcel a quienes piensan diferente”; “se entrega el país en manos de delincuentes”; “a las madres buscadoras se les dice que sí las van a apoyar, muchas veces nos dicen sí con los labios y no con los hechos”. Lo que Juan Espinoza defendió no fueron privilegios, sino el derecho a disentir en el espacio público sin ser intimidado.
Uno puede estar de acuerdo o no con esas palabras. Puede considerarlas exageradas, injustas, políticamente cargadas o incluso equivocadas. Ese es el punto. Las ideas se responden con otras ideas. Al sermón se le contesta con otro sermón, con una columna, con una entrevista, con datos, con argumentos, con una protesta. Si la respuesta a una crítica política consiste en ofrecer dinero para que alguien golpee al crítico, ya no estamos hablando de debate público.
Detrás de lo que algunos quieren vender como disputa hay un problema mayor: un ecosistema que premia el ruido sobre la información. Se atiende a “creadores” que no producen nada y convierten la intimidación en entretenimiento para retener audiencia y ganar reconocimiento. Es una degradación del debate donde la opinión se confunde con hostigamiento y el disentimiento se castiga con amenazas, veladas o explícitas. Cuando el espectáculo compra cabezas, la conversación pública se vuelve un ring donde la palabra vale menos que el clic, porque el insulto gana adeptos.
No es un problema exclusivo de una persona ni de una plataforma. La economía de la atención necesita estímulos cada vez más intensos. La indignación funciona porque obliga a mirar. El insulto genera reacción, la reacción genera comentarios, los comentarios aumentan la circulación y la circulación se convierte en audiencia. Audiencia que, finalmente, se convierte en dinero, influencia o capital político. El circuito es perverso porque premia justamente aquello que debería obligarnos a desconfiar.
La amenaza de los 40 mil pesos resulta más grave que la cifra. El dinero convierte la violencia en producto. Ya no se trata solamente de que alguien odie a otra persona y lo diga frente a una cámara. Se establece un precio para la agresión, aunque sea simbólico o propagandístico. La amenaza entra al mercado de la atención y adquiere un valor de cambio. El mensaje implícito es brutal: si la indignación consigue suficientes espectadores, también puede producir ganancias.
En torno a este asunto he visto un silencio que deja avanzar la intimidación sin resistencia moral: el de un sector de “bien pensantes” que evita defender al obispo porque hacerlo los haría parecer conservadores. Defender a sacerdotes católicos no es considerado progresista; es, en el mejor de los casos, incómodo. Ese prurito revela una contradicción de fondo: se habla de libertad de expresión y pluralidad, pero solo cuando quien la necesita es alguien con quien conviene ser visto. Parece que hay víctimas buenas y víctimas malas, cuando de lo que se trata es de defender el derecho de todos por igual.
Sin rodeos: defender a Juan Espinoza de una amenaza no significa estar de acuerdo con él. Defender a un sacerdote de una agresión no obliga a compartir su doctrina. Defender a alguien que piensa distinto no convierte al defensor en miembro de su causa. La democracia no consiste en proteger únicamente a quienes consideramos buenos, correctos o ideológicamente cercanos. Consiste en aceptar que los derechos que hoy reclamamos para nosotros deben existir también para quienes nos incomodan.
¿Desde cuándo defender a alguien de una amenaza de muerte es ser conservador? ¿Desde cuándo la libertad de expresión tiene ideología? Cuando el prurito pesa más que la defensa de la vida, la conversación se vacía de principios y se llena de cálculos.
Ahí reside el verdadero problema de este episodio. No solo en quien amenaza, sino en quienes han aprendido a medir la gravedad de una amenaza según la identidad de quien la recibe. Si la víctima nos cae bien, protestamos. Si nos resulta incómoda, buscamos una explicación. Si pertenece al grupo que despreciamos, hasta podemos pensar que se lo buscó.
Ese mecanismo es profundamente antidemocrático porque convierte los derechos en privilegios de pertenencia. Hoy puede ser un obispo. Mañana puede ser un periodista, una activista, un funcionario, un político, una persona cualquiera que haya cometido el pecado de decir algo que irritó a la multitud correcta.
La libertad no puede depender de que nos guste quién habla. Tampoco la vida puede depender de que simpaticemos con quien recibe la amenaza.
Coda. Cuarenta mil pesos era la cifra. Mientras la ira siga siendo moneda corriente, siempre habrá alguien dispuesto a elevar la apuesta.
@edilbertoaldan
