Un tribunal federal resolvió no vincular a proceso a Gerardo Sosa Castelán por una presunta defraudación fiscal de 5 millones 425 mil 218 pesos, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2018. El Tribunal Colegiado de Apelación de Hidalgo determinó por unanimidad que no hay elementos suficientes para sujetar a procedimiento penal al ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por el delito de defraudación fiscal equiparable. Los tres magistrados del tribunal confirmaron la no vinculación a proceso dictada el 28 de mayo de 2026 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Pachuca. Sin embargo, el colegiado rechazó cancelar en forma definitiva la carpeta de investigación, lo que deja una ventana abierta a la Fiscalía General de la República (FGR) para enmendar y volver a judicializar el caso. "La decisión confirmatoria se limita a sostener que, con los elementos y en las condiciones procesales examinadas, no procedía vincular a proceso; no resuelve de manera definitiva la responsabilidad penal del imputado ni sustituye el análisis que corresponda ante una eventual nueva imputación", dice el fallo, dictado con base en un proyecto de la magistrada Gabriela Capetillo Piña. El tribunal concluye que la imputación carece de elementos porque no cuenta con un dictamen técnico contable del Servicio de Administración Tributaria (SAT), un requisito de procedibilidad que exige la norma para sostener un delito de defraudación fiscal. Y también, por el hecho de que la Fiscalía obtuvo la información fiscal de Sosa Castelán sin una orden judicial de por medio. Aunque en principio alegó que esta investigación originalmente fue iniciada por lavado de dinero y en esos casos no aplica la reserva del secreto fiscal, el colegiado sostuvo que la propia FGR reconoció que la indagatoria siempre fue por fraude al fisco. "Contrariamente a ello, el acuerdo formal de inicio identificó como objeto de la investigación la defraudación fiscal equiparada... y la propia Fiscalía reconoció que no existía un acuerdo de inicio que incluyera el delito previsto en el artículo 400 Bis (lavado), sino únicamente una mención en la carátula", dice el fallo. Esta imputación se basa en una querella presentada el 12 de mayo de 2021 por la Procuraduría Fiscal de la Federación contra el político hidalguense, en la que le atribuyen no haber declarado como ingresos un total de 16 millones 670 mil 889 pesos. Según la autoridad, 16 millones 440 mil pesos corresponden a un supuesto préstamo que recibió de la empresa Contabilidad Siglo XXI Pachuca y otros 230 mil 889 pesos a un depósito. El 28 de febrero de 2022 Sosa presentó su declaración anual complementaria por Internet relativa al ejercicio fiscal 2018 y, por dichos depósitos no reportados como ingresos, habría omitido el pago de 5 millones 425 mil 218 pesos por concepto de ISR. Contabilidad Siglo XXI Pachuca es la misma razón social que habría lavado 58 millones 245 mil 948 pesos y que es parte central de la acusación por la que próximamente Sosa Castelán será llevado a juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ahora, esta última es la única causa penal vigente contra el también ex diputado federal, ya que el 17 de julio pasado un juez de control de Pachuca también le dictó la no vinculación a proceso por un peculado de 5 millones 923 mil 880 pesos, dinero que le imputaron haber desviado de la UAEH.
