Municipio 12

A principios de octubre, un grupo de ciudadanos de Asientos presentó un amparo indirecto contra la creación de Villa Juárez. Es un recurso contra un decreto. Pero su abogado, Rubén Díaz López, le atribuye un segundo propósito que interesa más que el primero: que la autoridad deje de tratar al ciudadano como menor de edad.

Antes, el recuento de cómo se crea el municipio 12 de Aguascalientes: el 28 de agosto, el Congreso del Estado aprobó la creación del municipio con 19 votos a favor (PAN, PRI, PRD y Verde) y 7 en contra, los de Morena. La diputada de Movimiento Ciudadano no estuvo presente. A Asientos se le segregan 437 kilómetros cuadrados, más de 29 mil habitantes y alrededor de 118 comunidades. El diputado Rodrigo González Mireles advirtió que perderá hasta 40% de sus ingresos. La Presidencia, la tesorería, el catastro, la policía y la recolección de basura de un nuevo ayuntamiento cuestan dinero, y nadie ha explicado de dónde saldrá sin debilitar a Asientos. La presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Corchado, señaló que el proyecto careció de análisis serios sobre suficiencia presupuestaria, infraestructura, agua y energía.

La iniciativa para crear este municipio separándolo de Asientos, fue promovida formalmente por los diputados Heriberto Gallegos Serna y Luis Salvador Alcalá Durán, con el respaldo activo del alcalde de Asientos, José Manuel González Mota, a pesar de la amenaza de poder perder hasta 40% de sus ingresos, de acuerdo a lo que dijo un diputado morenista.

Los promotores de la municipalización sostienen sus razones con un argumento que parece difícil de rebatir, lo que se intenta es acercar el gobierno a la gente. Las comunidades que hoy conforman Villa Juárez están lejos de la cabecera de Asientos y mal comunicadas con ella, aseguran que esa distancia ha limitado su acceso a servicios públicos.

Un ayuntamiento propio, indican, acercaría trámites, decisiones y servicios. El diputado Gallegos Serna presentó la creación como una decisión de largo plazo y como la culminación de una aspiración comunitaria. Se agregan otros argumentos: la población sería suficiente para sostener una administración propia, la separación podría impulsar el desarrollo industrial y económico de ambas demarcaciones y, según legisladores promotores, mantener el esquema actual podría terminar desplazando hacia Villa Juárez la cabecera efectiva de Asientos.

El problema es que todas esas ideas son promesas. Ninguna de ellas trae costo.

La cercanía no es un concepto: es una nómina. Para que el gobierno esté cerca de alguien hay que construirlo: una presidencia municipal, una tesorería y una contraloría, un cuerpo de seguridad pública, áreas de obras y servicios, un catastro que cobre el predial, un registro administrativo, personal sindicalizado o de confianza, vehículos, inmuebles, equipamiento y sistemas contables y de transparencia. Cada una de esas oficinas es la forma material que adopta la promesa de cercanía. Y cada una de ellas cuesta. El argumento a favor describe los beneficios del municipio y omite la factura de la burocracia que tiene que existir para entregarlos.

La factura tiene un agravante, en lo que se formaliza la separación, Asientos seguirá prestando los servicios, es decir, el municipio que pierde hasta 40% de sus ingresos, según advirtió el diputado González Mireles, será el que sostenga la transición. Durante el debate se cuestionó además que el dictamen no ofreciera claridad sobre cómo se repartirán los recursos en los primeros meses de operación del nuevo municipio. Se prometió cercanía y no se explicó quién paga el arranque.

Tampoco hay claridad sobre la responsabilidad del arranque. El decreto prevé un Concejo Municipal Provisional de siete integrantes, que deberá organizar la estructura administrativa, financiera, jurídica y operativa del municipio a partir del 1 de enero de 2027, antes de que exista un primer ayuntamiento electo para el periodo 2027-2030. El Congreso convocará a la selección de esos concejales. Lo que no se conoce son los criterios con los que se hará. Los siete concejales tomarán decisiones de presupuesto, de personal y de patrimonio sin haber pasado por una elección, y la ciudadanía todavía no sabe bajo qué reglas se les elegirá.

Un vacío más: la deuda. El Congreso aprobó una reserva según la cual Asientos no conservará deudas financieras vinculadas con Villa Juárez y estas deberán liquidarse antes de que se instale el ayuntamiento electo. La redacción no dice quién determinará qué deuda corresponde a quién, cómo se calculará ni con qué recursos se pagará.

El balance entre lo que se promete y lo que se explica queda desigual. Del lado de los promotores hay beneficios enunciados y ninguna cuenta. Del lado de los críticos hay costos concretos: el recorte de ingresos, la ausencia de análisis serios de suficiencia presupuestaria que señaló la presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Corchado, y un procedimiento de transición cuyas reglas no se conocen. No se trata de contar quién tiene más gente de su lado. Se trata de contar quién ha mostrado sus números.

El amparo lo promueve Jessica Candelas, vocera de un movimiento que dice reunir entre 3 mil y 4 mil firmas de las 54 comunidades que se quedan en Asientos. Pide a la justicia federal que revise dos cosas: si el Congreso tenía facultades y si demostró la viabilidad económica del municipio antes de crearlo.

Aquí aparece el obstáculo. La Ley de Amparo exige, como regla, un interés jurídico: una afectación real y directa. Díaz López lo explica sin rodeos: la ley parece ver al ciudadano como un menor de edad, y el juez dirá que a los quejosos no les duele nada que el amparo pueda reparar. Por eso invocan el interés legítimo, el de una colectividad que no sufre un daño individual inmediato, pero sí un impacto en sus servicios, sus impuestos y su gobierno.

Díaz López va más lejos. Dice que la lucha busca que el ciudadano participe en este tipo de decisiones, no mediante figuras simuladas como los foros del Congreso, sino mediante mecanismos jurisdiccionales que le permitan, por lo menos, poner en juicio si se cumplió con los requisitos. Los legisladores promotores responden que realizaron ocho foros públicos y revisaron información financiera, demográfica y administrativa. La discusión sobre qué fue un foro y qué fue una consulta sigue abierta.

La distinción importa porque el amparo no pide al juez que decida si Villa Juárez debe existir. Pide que alguien verifique si se cumplió lo necesario para crearlo. La viabilidad de un municipio la deben evaluar expertos y analistas, con transparencia y rendición de cuentas. Lo que se discute es si el ciudadano tiene derecho a exigir que esa evaluación exista y se haga pública, o si debe conformarse con enterarse del resultado.

El propio abogado prevé que esta misma semana rechacen la demanda. Si ocurre, la ciudadanía y su defensa irían a los Tribunales Colegiados y buscarían que la Suprema Corte atraiga el caso. Un desechamiento por falta de afectación directa confirmaría, además, la tesis que el amparo quiere discutir.

El caso trasciende la geografía de Asientos. Lo que está en juego es cómo ve la autoridad a quien gobierna: como un interlocutor con derecho a preguntar o como un menor al que se le informa cuando la decisión ya está tomada. De momento, los aguascalentenses sólo parecemos adultos cuando se trata de votar.

Coda. Acercar el gobierno sin mostrar la factura no es cercanía, es distancia con burocracia.

@edilbertoaldan