Un tribunal federal determinó en definitiva revocar la absolución de Gerardo Sosa Castelán y llevarlo a juicio por delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos, en agravio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca negó en última instancia el amparo con que el político hidalguense pretendía que esta causa penal en su contra fuera cancelada o sobreseída, con alcances de sentencia absolutoria, tal como había resuelto un juez de primera instancia.
El 25 de septiembre de 2024 Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, canceló o sobreseyó por falta de elementos el procedimiento penal contra Sosa Castelán.
La FGR impugnó el fallo y logró revertirlo el 21 de noviembre de 2025 con la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación de Toluca, el cual sostuvo que fue ilegal el fallo del juez Salazar, porque no era competente ni tenía facultades para resolver la cancelación del proceso.
La razón es que desde el 5 de junio de 2023 el caso había pasado a la etapa de juicio, lo que implica que el proceso que instruía Salazar ya había terminado y ahora el acusado estaba sometido a la jurisdicción de un Tribunal de Enjuiciamiento, no a la del juez de control.
El ex presidente del Patronato de la UAEH presentó un amparo contra esa determinación, pero el Primer Tribunal Colegiado de Apelación se lo negó; si bien impugnó el fallo, ahora el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la misma ciudad ha puesto punto final al asunto con una sentencia en la que confirma la negativa del amparo.
"El juez de control no tenía facultades, no tenía competencia para poder decidir sobre esta petición de sobreseimiento, ya que el asunto se encontraba ya en etapa de juicio, esto es correspondía en todo caso al tribunal de enjuiciamiento el pronunciarse sobre esta petición de sobreseimiento que realizó la defensa", dijo la magistrada ponente Amalia del Carmen Fernández Barquín, durante la sesión del pleno del 1 de octubre.
"En ese sentido se considera correcto que se haya avalado las circunstancia de que el juez de control no podía conocer de esta solicitud y, bueno, tampoco fue correcto entonces que llevara a cabo la audiencia (de sobreseimiento), incluso se llevó a cabo el desahogo en un medio de prueba y posteriormente se decretó este sobreseimiento, careciendo de competencia jurisdiccional el juez de control".
Yolanda Romero Vázquez y Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ambos magistrados de elección popular, aprobaron el proyecto de sentencia.
En junio del año pasado el entonces Consejo de la Judicatura Federal suspendió temporalmente al juez Gregorio Salazar Hernández, precisamente por haber emitido el fallo en favor de Sosa Castelán. A la fecha, no se ha determinado una sanción.
Una de las consecuencias del fallo del colegiado es que e volverán a colocar un brazalete electrónico al acusado, nuevamente tendrá prohibido salir del País y estará bajo el monitoreo permanente a través de llamadas telefónicas y videollamadas, aunque en libertad provisional.
También, le fijarán fecha para el inicio del juicio en el que, de ser hallado culpable, podría alcanzar una condena de hasta 55 años de prisión y el pago de 30 mil días multa, como lo solicitó la Fiscalía General de la República en la audiencia intermedia.
Según la acusación de la FGR, de 2011 a 2018 la empresa "fachada" Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. recibió 58 millones 245 mil 948 pesos de 10 personas relacionadas entre sí, incluida la UAEH, y luego trianguló el dinero en beneficio de Sosa Castelán, sus familiares y allegados.
Los accionistas realizaron retiros por 48 millones 569 mil 840 pesos y en ese periodo destinaron 23 millones 567 mil pesos al político hidalguense, lo que lo convirtió en el principal destinatario de los recursos.
Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020 en la Ciudad de México y luego procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El 3 de febrero de 2022 le concedieron la prisión domiciliaria en su residencia de Pachuca.
El 24 de mayo de 2024 le cancelaron la prisión domiciliaria y le otorgaron la libertad provisional con brazalete electrónico, el monitoreo permanente a través de llamadas telefónicas y videollamadas, así como la prohibición de salir del país, medidas a las que ahora volverá a ser sometido.
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