Las encuestas electorales, los espectaculares y los informes legislativos se han convertido en mecanismos de promoción política anticipada que permiten posicionar aspirantes antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, advirtió José Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando.
El activista cuestionó la credibilidad de las mediciones de preferencias políticas que ya circulan en San Luis Potosí, al considerar que la publicación de resultados contradictorios por parte de distintas casas encuestadoras, incluso durante un mismo mes y sobre un mismo asunto, despierta dudas sobre la metodología y la imparcialidad con que se realizan.
A su juicio, estas herramientas han dejado de ser instrumentos para conocer la opinión pública y se utilizan como vía para respaldar decisiones tomadas desde las dirigencias partidistas.
González sostuvo que este mecanismo, impulsado inicialmente por Morena, comienza a replicarse en otras fuerzas políticas, entre ellas el PAN, como una forma de presentar ante la ciudadanía decisiones sobre candidaturas que, desde su perspectiva, ya fueron tomadas por los grupos de poder.
Encuestas bajo sospecha
Para el representante de Ciudadanos Observando, uno de los principales problemas es que las mediciones pueden arrojar resultados radicalmente distintos pese a abordar el mismo tema y en periodos cercanos.
Esta disparidad, consideró, obliga a cuestionar los criterios utilizados por las empresas responsables y abre la posibilidad de que las cifras respondan a intereses políticos más que a estudios de opinión rigurosos.
El señalamiento va más allá de la confiabilidad de los números: los partidos han encontrado en las encuestas una fórmula para revestir de legitimidad la selección de sus aspirantes, sin que necesariamente exista una participación ciudadana efectiva.
Vacíos legales y falta de sanciones
Sobre la posibilidad de sancionar a encuestadoras por resultados presuntamente manipulados, González indicó que actualmente no existe un mecanismo efectivo que permita revisar y castigar el contenido de sus publicaciones. Explicó que las propias fuerzas políticas establecen las reglas internas de sus procesos, lo que limita la vigilancia externa.
Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 213 que el Consejo General del INE emitirá las reglas, lineamientos y criterios que deberán adoptar quienes realicen encuestas o sondeos de opinión en procesos federales y locales, y que durante los tres días previos a la elección y hasta el cierre de casillas queda prohibido publicar resultados, estas disposiciones se enfocan en el momento de difusión y no en verificar si los resultados reflejan fielmente la realidad. Por ello, planteó la necesidad de contar con una instancia autónoma que examine la metodología, el diseño muestral y los controles sobre su contenido.
Coordinadores, revistas e informes: las vías de promoción anticipada
La promoción de figuras políticas antes de las campañas oficiales es otro de los aspectos que preocupa a la organización. González indicó que una de las prácticas consiste en presentar a determinados aspirantes como coordinadores, una figura que permite mantenerlos visibles y recorrer distintas zonas sin que formalmente se anuncien como candidatos.
También mencionó la colocación de espectaculares y la difusión de imágenes de políticos en revistas, bajo el argumento de que se trata de entrevistas o contenidos realizados por terceros y no de publicidad contratada directamente.
A estas estrategias sumó los informes legislativos que, de acuerdo con su crítica, en ocasiones terminan funcionando como escaparates de imagen personal, más que como ejercicios de rendición de cuentas; consideró que estas prácticas aprovechan vacíos en la legislación para mantener presencia pública antes de los tiempos establecidos.
Campañas oficiales hasta 2027
En cuanto al calendario, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) avanza en la organización del proceso electoral local concurrente 2026-2027, que comenzará formalmente el próximo 15 de noviembre con la instalación del Consejo General. La elección está prevista para el 6 de junio de 2027, cuando en San Luis Potosí se renovarán la gubernatura, las 27 diputaciones del Congreso local y los 59 ayuntamientos.
González explicó que, por ahora, no existe autorización oficial para que aspirantes a diputaciones o alcaldías desarrollen campañas como tales. Sin embargo, advirtió que la diferencia entre promoción política y actividad electoral formal permite que continúen estrategias de posicionamiento que mantienen a los posibles candidatos en la conversación pública.
Gastos electorales, cifras aún sin definir
Otro punto pendiente es el monto que podrán destinar los aspirantes a sus campañas. González señaló que todavía no hay una cifra definida sobre los límites de gasto para 2027, pues estos se conocerán cuando avance la organización electoral. En procesos anteriores, el CEEPAC aprobó límites específicos para precampaña por tipo de elección y estableció que el tope máximo de gastos de campaña será equivalente a un porcentaje del financiamiento público de campaña.
Cuestionó además la capacidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que existen casos en los que los recursos utilizados superan ampliamente lo reportado. Afirmó que algunos llegan a gastar hasta cien veces más de lo declarado.
Para Ciudadanos Observando, el problema no se limita a conocer cuánto dinero podrá utilizar cada candidato, sino a garantizar que los gastos efectivamente realizados correspondan con lo informado ante las autoridades.
Cabe destacar que mientras las reglas y los topes económicos del siguiente proceso aún están pendientes, la organización advierte que la disputa por posicionar nombres ya encuentra espacios en encuestas, publicidad e informes, sin que exista hasta ahora un mecanismo integral de revisión.
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