Clave 360°
México enfrenta una paradoja financiera que debería ocupar un lugar central en la discusión económica nacional. El país necesita más infraestructura, empresas, innovación, inversión industrial, exportaciones y contenido nacional; sin embargo, los instrumentos financieros que históricamente fueron creados para impulsar precisamente esas actividades han perdido peso relativo frente al tamaño de la economía. Al mismo tiempo, la deuda pública y su costo financiero absorben una proporción cada vez mayor de los recursos disponibles.
No se trata de instituciones que hayan dejado de existir en la arquitectura financiera del Estado. Nacional Financiera, Bancomext y Banobras siguen ahí, con balances, cartera y capacidad operativa. El problema es que estar presentes no significa necesariamente conservar el peso, la influencia y la capacidad de transformación que alguna vez tuvieron. Las tres instituciones existen, prestan, colocan garantías, obtienen utilidades y mantienen niveles adecuados de capitalización. El problema es más profundo: el debilitamiento de la banca de desarrollo como gran instrumento adicional de transformación productiva, capaz de asumir riesgos, ofrecer plazos que la banca comercial no ofrece y movilizar grandes volúmenes de capital hacia actividades estratégicas.
Los números ayudan a entenderlo.
En junio de 2018, Nafin reportaba apoyos al sector privado por 481 mil 233 millones de pesos, equivalentes a 2.09% del PIB. Ocho años después, en junio de 2026, informó un saldo de crédito directo e inducido de 539 mil 155 millones. Las metodologías no son perfectamente idénticas, por lo que la comparación debe tomarse como indicativa; pero resulta reveladora: el crecimiento nominal fue apenas de aproximadamente 12% en ocho años, muy inferior al aumento del PIB nominal. Actualmente ese financiamiento equivale aproximadamente a 1.45% del producto. Y no es un problema de insolvencia: Nafin reporta activos superiores a 729 mil millones, capitalización de 18.84% y morosidad de solamente 0.94%.
Bancomext muestra una trayectoria semejante. En 2018, su financiamiento al sector privado alcanzaba 270 mil 689 millones de pesos; en junio de 2026, su cartera de crédito directo e inducido sumaba 336 mil 790 millones. Es un aumento nominal cercano a 24%, nuevamente muy inferior al crecimiento nominal de la economía durante el periodo. Y tampoco aquí existe debilidad patrimonial: Bancomext reportó activos superiores a 590 mil millones, una cartera en balance de 288 mil 532 millones y un índice de capitalización de 21.9%.
Banobras exige una lectura más cuidadosa. Es la institución más grande de la banca de desarrollo y continúa financiando infraestructura. Su cartera pasó de aproximadamente 506 mil millones de pesos en 2018 a alrededor de 697 mil millones en 2024. Pero mientras esa cartera aumentó cerca de 38%, el PIB nominal creció aproximadamente 44% en el mismo periodo. En términos relativos, su cartera habría pasado de alrededor de 2.15% a 2.06% del PIB. En síntesis, podemos decir que la capacidad financiera no ha ganado la escala que exigirían las enormes necesidades nacionales de infraestructura hidráulica, carretera, energética, urbana y logística.
Esa es precisamente la función de una banca de desarrollo: no competir simplemente con la banca comercial, sino hacer aquello que el mercado no realiza suficientemente. Financiar proyectos de maduración larga, compartir riesgos, ofrecer garantías, desarrollar proveedores, capitalizar empresas y movilizar inversión privada hacia sectores donde existe una rentabilidad económica y social que no necesariamente coincide con la rentabilidad financiera inmediata.
Pero existe otro fenómeno que merece atención. Parte de la capacidad de esas instituciones está siendo utilizada para atender requerimientos financieros del propio sector público. En 2025 se estructuró, por ejemplo, un Fondo de Inversión para Pemex de hasta 250 mil millones de pesos, financiado con créditos de Banobras, Nafin, Bancomext, banca comercial e inversionistas institucionales, respaldado además por una garantía del Gobierno Federal. El mecanismo permite pagar proyectos y proveedores de Pemex y puede tener justificación financiera; pero también evidencia el costo de oportunidad,recursos y capacidad de intermediación de la banca de desarrollo se destinan a sostener necesidades de una empresa pública altamente endeudada.
El problema se vuelve más relevante cuando observamos las finanzas nacionales.
El Paquete Económico 2027, entregado al Congreso el 8 de septiembre, prevé crecimiento real de entre 1.5% y 2.5%, con 2% como punto medio, y Requerimientos Financieros del Sector Público de 3.9% del PIB. Hacienda proyecta además que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzará 55% del PIB.
En 2018 ese indicador se encontraba en 44.8% del PIB, equivalente a 10.55 billones de pesos. En 2024 alcanzó 17.43 billones, o 51.4% del PIB; cerró 2025 en 52.6% y para 2027 se proyecta en 55%. La deuda no es mala por definición: puede ser un extraordinario instrumento de desarrollo cuando financia activos productivos. El problema comienza cuando el costo de la deuda pasada desplaza la inversión que debería generar el crecimiento futuro.
En 2027, el costo financiero de la deuda ascenderá a aproximadamente 1.575 billones de pesos, equivalente a 4% del PIB. La inversión física presupuestaria será de alrededor de 1.03 billones, o 2.6% del producto. En términos simples: México destinará aproximadamente 1.53 pesos al costo financiero de la deuda por cada peso de inversión física presupuestaria.
Y entonces aparece Pemex.
También aquí es indispensable abandonar las generalizaciones. Técnicamente, no puede sostenerse que exista una visión homogénea entre las calificadoras respecto de la calidad crediticia de la deuda de Pemex. Actualmente Moody’s califica a Pemex en B1 y Fitch en BB+, niveles que se encuentran por debajo del grado de inversión y son considerados especulativos. Sin embargo, Standard & Poor’s (S&P) mantiene BBB y R&I BBB+, todavía dentro del grado de inversión. Cabe señalar que S&P coloca a Pemex en perspectiva negativa.
Pemex ha mejorado algunos indicadores. Su deuda financiera descendió a 79 mil millones de dólares al primer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde 2014 y alrededor de 25% inferior al de 2018. Pero la propia información de la empresa reconoce la importancia del respaldo gubernamental para su estabilidad financiera; y Standard & Poor’s ha advertido que el apoyo fiscal sostenido a Pemex y CFE incrementa las rigideces de las finanzas públicas mexicanas. Al cierre de marzo, además, alrededor de 35% de la deuda de Pemex —27.6 mil millones de dólares— vencía dentro de los siguientes tres años, incluidos aproximadamente 13 mil millones en 2027.
Ahí está la verdadera paradoja,el Estado mexicano dispone de instituciones financieras, pero una parte creciente de su capacidad fiscal y financiera se ocupa en administrar pasivos, refinanciar deuda y respaldar obligaciones acumuladas, mientras el crédito de desarrollo no crece al ritmo que requiere la economía.
La pregunta fundamental, entonces, no es solamente cuánto debemos, sino qué capacidad productiva estamos construyendo con esa deuda.
México necesita recuperar una banca de desarrollo que vuelva a ser protagonista, que multiplique infraestructura, industria, exportaciones, innovación, agua, energía y empresas mexicanas. No basta con que Nafin, Bancomext y Banobras tengan buenos balances. Una banca de desarrollo debe medirse también por el desarrollo que logra provocar.
Porque un país puede refinanciar su deuda durante muchos años. Lo que no puede refinanciar indefinidamente es la ausencia de crecimiento.
