El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de «corruptos» y de «socavar gobiernos elegidos democráticamente».
Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado, en la que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
El fiscal superior, Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrucpión y de violencia contra la mujer, Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el coronel de policía Frans William Cabrera son otros de los afectados.
La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que «atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región».
En el caso de Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional «por su participación en casos de corrupción graves».
Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca «ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer».
Los ciudadanos colombianos y ecuatorianos con restricción
La Administración de Donald Trump impuso restricciones a otros nueve bolivianos que no poseen actualmente visas pero se declararon «ineligibles» para obtenerlas en un futuro.
La medida incluye a dos ciudadanos colombianos, el empresario Euclides Antonio Torres y a Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que, recuerda el Departamento de Estado, es parte de la coalición del Pacto Histórico.
Asimismo, impone sanciones en Perú al juez del Tribunal Constitucional del Primer circuito de Lima, Juan Carlos Núñez.
Las restricciones alcanzan a otros dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, aunque no especifica ningún nombre.
«El mensaje del presidente Trump y del secretario (Marco) Rubio es claro: los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos», concluye el comunicado.
Parlamento de Bolivia pide información
Por su parte, el Legislativo de Bolivia solicitó este lunes a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de EE.UU. sobre sus acusaciones de presunta corrupción contra el fiscal general boliviano, Roger Mariaca, por las que esa nación le revocó el visado junto a otros funcionarios y exfuncionarios.
El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció que, junto al titular de la cámara baja, Roberto Castro, hicieron una solicitud al Ministerio de Exteriores para que, «por los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el secretario de Estado de Estados Unidos toda la información oficial disponible sobre estos señalamientos» contra Mariaca.
«Necesitamos conocer su alcance y contar con los documentos y antecedentes que puedan ser proporcionados al Estado boliviano», sostuvo Ávila en una declaración a los medios ofrecida junto a Castro.
El senador oficialista señaló que las acusaciones hechas desde EE.UU. contra el fiscal general y otros funcionarios y exfuncionarios «exigen una respuesta seria» y que la «gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad».
«Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas», indicó Ávila y agregó que se pidió al vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, que convoque «con carácter de urgencia» a una sesión parlamentaria para abordar este asunto.
También consideró «necesario» que Mariaca «se aparte del ejercicio de sus funciones» mientras se aclaren las acusaciones en su contra, «en resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia, la justicia y la transparencia de las investigaciones».
La respuesta del fiscal general de Bolivia
Mariaca rechazó las acusaciones de presunta corrupción por las que el Gobierno de Estados Unidos le revocó el visado y exigió «respeto» a la «soberanía» de su país, tras considerar que se busca «condicionar» o «interferir» con el trabajo del Ministerio Público boliviano.
En una declaración desde Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, Mariaca señaló que recibió «con mucha sorpresa» la decisión de EE.UU. «respecto a la prohibición de ingreso a su territorio de varios ciudadanos bolivianos», incluido él mismo.
«No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando como fiscal general del Estado (…) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior», expresó.
También afirmó que no puede permitir que su «trayectoria» e «imagen sean afectados sin que exista la posibilidad de que los hechos sean esclarecidos en las instancias correspondientes».
«Podemos tener diferencias, podemos ser críticos, podemos expresar desacuerdos, eso forma parte de las relaciones entre Estados democráticos. Pero una cosa es expresar una posición y otra muy distinta es pretender condicionar, interferir o afectar el trabajo de una institución soberana, como lo es el Ministerio Público», sostuvo.
Mariaca vinculó la decisión de EE.UU. con las «implicaciones» que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza la Fiscalía, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.
«Si cumplir con mi deber, defender la independencia de nuestras instituciones y sostener ahora la soberanía de Bolivia significa enfrentar presiones o represalias, asumiré esa responsabilidad porque la función pública no puede estar condicionada por el temor», agregó.
