Aguascalientes, AGS; A cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzara a establecer criterios contra la criminalización del aborto, Aguascalientes se encuentra entre las entidades donde el plazo legal para interrumpir voluntariamente un embarazo fue reducido, de acuerdo con información de organizaciones defensoras de los derechos reproductivos.En 2023, la Primera Sala de la SCJN determinó que las disposiciones de Aguascalientes que criminalizaban de manera absoluta la interrupción del embarazo eran contrarias a derechos como la autonomía reproductiva, la salud y la igualdad.Posteriormente, el Congreso estatal estableció un plazo de 12 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo, pero ocho meses después lo redujo a seis semanas, modificación que ha sido cuestionada desde el ámbito judicial. La propia SCJN ha documentado que el Código Penal de Aguascalientes contempla la criminalización del aborto voluntario a partir de la sexta semana de gestación.El caso de Aguascalientes es utilizado por Mujeres Vivas, Mujeres Libres como ejemplo de que la despenalización no necesariamente se traduce en un acceso uniforme al procedimiento. Angie Contreras, portavoz de la organización, sostuvo que el reconocimiento del derecho debe estar acompañado por condiciones que permitan ejercerlo efectivamente.“En estos años han cambiado muchas cosas y vale la pena reconocerlo. Hoy hablamos del derecho a decidir desde un lugar muy diferente al de hace cinco años. Pero una cosa es que en la mayoría de nuestros estados se despenalice parcialmente y otra que se reconozca como un derecho a la salud y que podamos ejercerlo”, señaló.El panorama nacional también ha cambiado. De acuerdo con la información proporcionada por la organización, hasta junio de 2026 el aborto había sido despenalizado en 24 de las 32 entidades federativas, aunque la existencia de un límite de semanas y las condiciones para acceder a los servicios varían entre estados.En 2025, además, la SCJN estableció jurisprudencia en la que determinó que las autoridades administrativas locales del sector salud deben implementar, difundir y organizar servicios de salud para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.Para Mujeres Vivas, Mujeres Libres, uno de los pendientes es precisamente trasladar los criterios judiciales y las reformas legales al acceso efectivo a los servicios de salud, de manera que las condiciones no dependan de la entidad donde reside una persona.
