Bajo presión
El caso Next Energy tiene todos los ingredientes de un escándalo político: dinero público, un contrato de largo plazo, una empresa que no entregó el servicio pactado, funcionarios bajo investigación, pagos anticipados, una sentencia mercantil y un empresario en prisión. También tiene lo que suelen necesitar los partidos en tiempos electorales: Morena encuentra una oportunidad para golpear al panismo y Acción Nacional un expediente que preferiría mantener bajo control.
Pero el ruido partidista no responde la pregunta central. Tampoco la responden las declaraciones de la Fiscalía ni la defensa del empresario. ¿Quién diseñó, autorizó y se benefició de un esquema que comprometió el futuro financiero de la capital?
El contrato PPS 002/2019 se firmó el 28 de marzo de 2019, bajo la administración municipal de Teresa Jiménez. Se vendió como eficiencia energética: un parque fotovoltaico que modernizaría el alumbrado y ahorraría dinero al municipio. El lenguaje de la innovación pública siempre es seductor porque convierte el gasto en inversión y la deuda en modernidad.
La aritmética dice otra cosa. El contrato se valuó en 949 millones de pesos, pero distintas investigaciones periodísticas han hablado de un compromiso de hasta 7 mil 854 millones en treinta años, y alguna cifra, que debe tomarse con reservas hasta que el expediente completo sea público, habla de más de 20 mil millones hacia 2050.
La primera pregunta no es penal. Es política: ¿quién y por qué comprometió tres décadas de presupuesto municipal, con qué información en la mesa? La legalidad de un contrato no garantiza su conveniencia. Puede tener firmas, sellos y dictámenes, y ser, de todos modos, ruinoso.
La Auditoría Superior de la Federación encontró algo difícil de defender, más de 132 millones de pesos pagados a Next Energy entre 2019 y 2021, antes de que la infraestructura operara. Esos pagos se registraron contablemente como consumo de energía eléctrica.
La contradicción es elemental. Si el servicio no existía, ¿por qué se contabilizó como consumo? Si eran anticipos, ¿por qué no se llamaron así? La contabilidad pública no es un detalle técnico: es el idioma en el que un gobierno debe explicar qué hizo con su dinero. Cambiarle la etiqueta a un pago no cambia su naturaleza jurídica, lo que hace es esconder su dimensión política.
Next Energy devolvió 154.1 millones de pesos, IVA incluido, pero el Ayuntamiento no canceló en sus registros el gasto original ni acreditó el destino de esos recursos al regresar. Un peso público no se limpia solo porque se reintegra: tiene que aterrizar en una cuenta identificable, registrarse con transparencia y quedar sujeto a comprobación. Si un municipio recibe una devolución y no puede explicar dónde quedó, el problema ya no es solo de la empresa.
Previsible, hace unos días, la defensa del empresario Eugenio Maiz Domene denuncia una cesión de derechos equivalente al 30 por ciento dentro del fideicomiso del proyecto, y pide que la FGR investigue quién se benefició. Los fideicomisos son las zonas grises favoritas del gobierno: administran dinero público con documentos que casi nunca son accesibles.
El problema está en nombrar la palabra “fideicomiso”, porque no prueba nada por sí solo. Lo que hace falta es el instrumento completo, público: contrato constitutivo, comité técnico, beneficiarios, movimientos financieros. La pregunta no es si hubo cesión. Es si fue legal, autorizada y ajena a cualquier funcionario con interés en el proyecto.
La defensa sostiene que a Maiz Domene se le fabricaron delitos para mantenerlo preso apenas pudo salir por la acusación original de fraude: contradicciones sobre las cámaras del Cereso, un testigo que luego no pudo ser localizado. Son señalamientos que no se pueden desechar con una sonrisa ni aceptar como verdad automática. Si había cámaras, deben exhibirse. Si no las había, hay que explicar por qué. En un Estado de derecho, la Fiscalía prueba; el acusado no tiene que demostrar su inocencia.
Una defensa agresiva tampoco prueba inocencia. Hay que mantener separadas dos preguntas que la discusión pública insiste en fundir: ¿se cometió un delito patrimonial?, ¿la Fiscalía sostiene el caso con pruebas válidas? Es perfectamente posible que ambas respuestas sean incómodas a la vez, que haya habido una operación irregular y, además, un abuso procesal, o que ninguna lo sea.
En marzo de 2026 un juzgado mercantil rescindió el contrato y ordenó devolver más de 600 millones de pesos. Es una victoria jurídica. No es una absolución política para quienes firmaron ni una condena penal automática para la empresa. Un juicio mercantil decide si un contrato debe cancelarse, no si hubo fraude, peculado o cohecho; que el municipio haya ganado no significa que la ciudad haya salido ilesa: años de recursos comprometidos, litigio y presupuesto atrapado no se borran con una sentencia favorable.
La administración municipal actual, la de Leo Montañez, puede alegar que heredó el problema, lo que no la exime de esclarecerlo. Teresa Jimenez tendrá que explicar qué sabía, qué le informaron y qué decidió cuando empezaron las observaciones. No se trata de condenarla mediáticamente por los actos de sus subordinados. Se trata de recordar que nadie puede reclamar el crédito político de una obra exitosa y alegar desconocimiento cuando aparecen las irregularidades.
Tampoco la oposición queda exenta: exigir explicaciones es un derecho, convertir cada denuncia en sentencia es otra cosa. La crítica partidista puede abrir una investigación, no la sustituye; el problema es que en Aguascalientes están más interesados en el ruido, el escándalo mediático, que en el esclarecimiento de los hechos. Lo que ahora importa es que la defensa le escribió a Claudia Sheinbaum, el caso llegara a la conferencia matutina, acaso habrá un señalamiento y ya, sólo eso, una mención que se perderá entre los muchos otros casos que tiene que atender la presidenta.
El expediente contractual completo (adendas, dictámenes, autorizaciones de Cabildo) sigue sin ser público. Mientras no lo sea, la discusión seguirá dependiendo de filtraciones y versiones interesadas, que es el terreno donde a nadie le conviene que se quede.
La corrupción contemporánea rara vez llega en un sobre. Llega en un expediente técnicamente impecable, un comité que aprueba, un fideicomiso que administra, una contabilidad que clasifica bien las cosas que no debería clasificar así. El mecanismo no necesita un solo rostro. Eso no significa que no tenga responsables: significa que hay que buscarlos uno por uno, antes de que el caso se archive como una historia donde todos tuvieron un poco de razón y nadie tuvo toda la culpa.
Coda. Hasta ahora, nadie ha pagado por Next Energy. La oposición obtuvo ruido, el gobierno ganó tiempo, la defensa consiguió trasladar el debate y la Fiscalía abrió nuevas preguntas. La ciudad, en cambio, se quedó con la factura.
@edilbertoaldan
