Opinión
Un país no empieza a estancarse cuando deja de crecer su PIB; empieza a hacerlo cuando deja de generar oportunidades.
Y pocas oportunidades tienen un impacto tan profundo como el empleo formal. Detrás de cada plaza que deja de generarse no hay solamente un número: hay un joven que no encuentra su primera oportunidad laboral, una familia que pospone sus proyectos, una empresa que decide esperar antes de contratar y un país que pierde competitividad.
Los datos del primer semestre de 2026 son una llamada de atención que no podemos ignorar.
Entre enero y junio se generaron 262 mil 628 empleos formales registrados ante el IMSS. La cifra podría parecer positiva si se observa de manera aislada. Sin embargo, adquiere otra dimensión cuando recordamos que México necesita crear cerca de 1.2 millones de empleos formales cada año para atender la incorporación de nuevas personas al mercado laboral. Eso significa que durante la primera mitad del año debimos haber generado alrededor de 600 mil empleos. Hoy apenas alcanzamos menos de la mitad.
Más aún, el crecimiento anual del empleo formal cayó a apenas 2.0%, por debajo del promedio histórico para este periodo. No estamos frente a un desplome, pero sí frente a una tendencia que muestra una economía perdiendo velocidad. Y cuando el empleo pierde fuerza, todo el país resiente las consecuencias.
El mejor programa social sigue siendo el empleo formal. Ninguna política pública tiene mayor capacidad para reducir la pobreza, ampliar la movilidad social y fortalecer el bienestar que un trabajo digno con seguridad social, prestaciones y oportunidades de desarrollo.
Por eso preocupa que, mientras el empleo formal desacelera, la informalidad continúe creciendo como refugio para millones de mexicanos.
Actualmente, el 55.2% de la población ocupada trabaja en la informalidad. Estamos hablando de aproximadamente 33.4 millones de personas que todos los días salen a trabajar, pero lo hacen sin acceso pleno a servicios de salud, ahorro para el retiro, créditos para vivienda o protección laboral. Son millones de mexicanos cuyo esfuerzo cotidiano no encuentra el respaldo institucional que debería ofrecer una economía moderna.
La informalidad no puede convertirse en la normalidad. Lo más preocupante es que esta situación no responde a una falta de disposición del sector empresarial para seguir creciendo. Al contrario. Los empresarios mexicanos siguen creyendo en el país. Los resultados de #DataCOPARMEX muestran que el 62.8% de las empresas tiene planes de crecimiento. Es una cifra que habla de confianza en nuestras capacidades, de resiliencia y del compromiso permanente de quienes todos los días generan empleo y pagan impuestos.
Sin embargo, ese mismo estudio revela una realidad que merece toda nuestra atención: únicamente el 39.5% considera que hoy es un buen momento para invertir. Ahí está el verdadero problema. Existe voluntad para crecer, pero las condiciones no están acompañando esa decisión.
La incertidumbre económica, la inseguridad y la incertidumbre política aparecen como los principales factores que frenan la inversión. No son percepciones menores. Son elementos que influyen directamente en las decisiones de abrir una nueva planta, ampliar una línea de producción, contratar más personal o desarrollar nuevos proyectos.
Cuando la inversión se detiene, el empleo inevitablemente también lo hace. Nuestra ubicación geográfica, la integración comercial de Norteamérica y el talento de nuestra gente nos ubican en una posición privilegiada. Pero las oportunidades también tienen fecha de caducidad.
La inversión busca certidumbre. El capital llega donde existen reglas claras, instituciones sólidas, seguridad, infraestructura suficiente y confianza para desarrollar proyectos de largo plazo. Si esos elementos no están presentes, simplemente buscará otros destinos.
Desde COPARMEX se ha planteado una ruta clara: simplificar y digitalizar los trámites que hoy frenan la actividad económica; fortalecer el Estado de derecho y combatir decididamente la extorsión; impulsar la educación dual y la capacitación técnica vinculada con las necesidades del mercado laboral; facilitar la formalización y el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas; invertir en infraestructura, energía y conectividad, y garantizar reglas estables que brinden certeza jurídica e incentiven la inversión productiva.
No son peticiones extraordinarias. Son las condiciones mínimas que cualquier economía competitiva ofrece para atraer inversión, generar empleo y crecer.
Las empresas no solamente generan riqueza. Generan oportunidades. Generan movilidad social. Generan innovación. Generan comunidades más fuertes. Y detrás de cada empresa que decide invertir existe la posibilidad de cambiar la historia de cientos de familias.
El futuro económico de México no dependerá únicamente de las decisiones que tome el gobierno ni exclusivamente del esfuerzo del sector privado. Dependerá de nuestra capacidad para construir un entorno donde invertir vuelva a ser una apuesta segura y donde generar empleo formal sea una consecuencia natural del crecimiento.
El empleo no se decreta desde un escritorio. Se construye todos los días en las fábricas, en los comercios, en los talleres, en las oficinas y en cada empresa que decide creer en México. Hoy más que nunca, necesitamos crear las condiciones para que esa confianza se traduzca en inversión, que la inversión se convierta en empresas más fuertes y que esas empresas generen el empleo formal que millones de mexicanas y mexicanos están esperando. Esa debe ser una prioridad nacional.
