La Suprema Corte de Justicia atrajo hoy un amparo que busca profundizar la investigación sobre la desaparición del activista Rosendo Radilla Pacheco a manos del Ejército en 1974, durante el periodo de la llamada Guerra Sucia en Guerrero.
Por seis votos contra uno, la Corte aceptó la propuesta de la Ministra Loretta Ortiz para revisar la sentencia dictada en agosto de 2024 por la jueza federal Karla Macías Lovera, quien ordenó al Gobierno múltiples medidas por la desaparición de Radilla, incluido el ejercicio de acción penal contra varios mandos militares del periodo de 1971 a 1976, muchos de los cuales seguramente ya no viven.
Tita Radilla, hija del activista de Atoyac de Álvarez, promovió este amparo en 2018, para reclamar omisiones de la entonces PGR en una averiguación previa abierta en 2002.
La jueza Macías, que calificó en su sentencia de "inepta" a la PGR, también ordenó declarar monumentos históricos las bases militares desde las cuales se operó contra la guerrilla; retirar de todos los edificios públicos del país cualquier homenaje o alusión a funcionarios involucrados en la Guerra Sucia; y fijar una placa conmemorativa en el avión usado por militares para arrojar detenidos al mar, que se encuentra en la Universidad Aeronáutica de Querétaro.
Además, ordenó a la FGR clasificar como terrorismo de Estado el delito por el que se integra la averiguación iniciada en 2007 y establecer un equipo especial de investigación y litigo solo para este caso, entre muchas otras instrucciones sobre la forma en que debe llevarse la indagatoria.
De hecho, desde enero de 2019 la jueza concedió una suspensión en la que ordenó realizar diligencias exhaustivas para dar con el paradero de Radilla, de quien hasta ahora nada se sabe.
"¿Hasta dónde puede el juez de amparo ordenar medidas específicas de investigación y búsqueda sin invadir ámbitos técnicos o discrecionales de las autoridades ministeriales y administrativas?", fue uno de los temas que justificó la atracción, según dio lectura el Secretario General de Acuerdos durante la sesión de la Corte.
El Ministro Giovanni Figueroa dijo que el caso permitirá sentar un precedente que equilibre la autonomía ministerial con el deber Constitucional de garantizar la verdad, la justicia y un recurso efectivo.
El caso Radilla también resultó en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado Mexicano, dictada en 2009, que a su vez llevó a la Suprema Corte a reconocer a los derechos previstos en tratados internacionales la misma jerarquía de los contemplados en la Constitución, así como a ordenar su defensa oficiosa por todos los tribunales nacionales.
La CoIDH ya reconoció que México ha cumplido varios puntos de su sentencia, como las reparaciones económicas, pero en 2022 sostuvo que siguen pendientes medidas como la investigación diligente y la búsqueda de la víctima.
En junio de de 2024, la anterior integración de la Corte ordenó a la FGR reabrir la investigación por detención ilegal y tortura de cuatro parientas del líder guerrillero guerrerense Lucio Cabañas a manos de agentes federales.
Al igual que con Radilla, esos hechos ocurrieron en la primera mitad de la década de los 70, lo que en la práctica hace casi imposible encontrar a funcionarios o militares responsables que aún puedan ser procesados.
