Asociaciones civiles y organizaciones empresariales solicitaron al coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, revisar la redacción de su propuesta en materia de cargos ocultos en plataformas digitales y abrir un espacio de diálogo para realizar un análisis técnico y jurídico de la misma.
En una carta dirigida al legislador, indicaron que, aunque coinciden con él en la necesidad de promover prácticas que fortalezcan la transparencia y permitan a consumidores decisiones de compra informadas, aprobarla en sus términos conlleva riesgos, como el encarecimiento de costos para el consumidor.
El viernes pasado, Monreal presentó una iniciativa que busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a proveedores de plataformas a informar a estos el precio definitivo que pagarán, a fin de evitar que distorsionen esa tarifa con cargos que no fueron informados desde el inicio.
Los firmantes pidieron revisar la redacción, en particular lo referente a la obligación de informar el "precio total y definitivo" desde el primer momento de la oferta.
Detallaron que en diversos modelos legítimos de comercio y servicios digitales existen componentes del precio que únicamente pueden determinarse con información que se obtiene durante el proceso de compra.
Señalaron que la legislación vigente ya establece obligaciones en materia de información sobre el monto total a pagar en los artículos 7 y 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que resulta conveniente analizar si los problemas que busca atender la iniciativa derivan de una ausencia regulatoria o si pueden ser atendidos mediante una adecuada aplicación y supervisión de las disposiciones vigentes.
Subrayaron la necesidad de distinguir el goteo de precios de la determinación progresiva del costo de una operación, ya que la incorporación de un concepto al precio en una etapa posterior de la compra no constituye, por sí misma, una práctica de goteo de precios.
Agregaron que los cargos obligatorios y los servicios opcionales requieren un tratamiento diferenciado, porque la propuesta no distingue suficientemente entre cargos inherentes e ineludibles del producto o servicio y aquellos que se originan en decisiones posteriores de la persona consumidora.
"Garantías extendidas, seguros de envío, empaques especiales, modalidades de entrega exprés u otros servicios complementarios pueden seleccionarse durante la operación y, por su propia naturaleza, no necesariamente forman parte del precio que puede mostrarse desde el primer momento de la oferta.
"Una regulación orientada a combatir cargos ocultos debería preservar esta distinción y asegurar que ningún costo obligatorio previamente conocido sea agregado unilateralmente, sin impedir la oferta transparente de servicios adicionales u opcionales", plantearon.
Además, advirtieron que no todas las plataformas puedes ser consideradas proveedoras, de ahí la necesidad de analizar su participación en cada transacción atendiendo su papel efectivo.
Consideraron también que algunos conceptos en la iniciativa requieren mayor precisión, como "primer momento de la oferta", "precio inicialmente anunciado", "cargo adicional no informado previamente" y "contenido publicitario o promocional".
Los firmantes advirtieron que establecer una obligación de precio fijo y definitivo desde el primer momento encarecería artificialmente la oferta para cubrir riesgos de que el costo real exceda al estimado.
"Un efecto no deseado sería que los proveedores incorporen márgenes o precios máximos conservadores para cubrir el riesgo de que el costo real exceda al estimado. Esto encarecería artificialmente la oferta mostrada a la generalidad de las personas consumidoras para cubrir el riesgo de un número menor de casos con variaciones mayores, lo que resultaría contrario al propio objetivo de transparencia que persigue la iniciativa", sostuvieron.
Las asociaciones solicitaron un "espacio razonable" para realizar un análisis técnico y jurídico detallado de la propuesta que permita identificar sus posibles implicaciones y, en su caso, formular observaciones y propuestas que contribuyan al objetivo la misma y a su adecuada implementación.
Entre los firmantes se encuentran la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Alianza In México, Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier (ANMEC) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).
Además, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Digital Media Association (DIMA) y Motion Picture Association (MPA).
