Aguascalientes, AGS.- Aguascalientes se encuentra entre las 19 entidades federativas que ya cuentan con algún tipo de regulación sobre el uso de teléfonos celulares en los planteles educativos, aunque a nivel nacional todavía no existe una legislación federal unificada, señalaron especialistas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.Gabriela de la Cruz Flores, directora del IISUE, explicó que en México y América Latina existe un creciente interés por establecer políticas públicas sobre la presencia de estos dispositivos en las aulas. En el caso mexicano, además de Aguascalientes, entre los estados que cuentan con alguna ordenación se encuentran la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.La investigadora señaló que la discusión nacional ocurre mientras la Secretaría de Educación Pública realiza consultas con docentes de distintas entidades para avanzar hacia un marco regulatorio.De acuerdo con De la Cruz Flores, el debate no debería limitarse a decidir si los teléfonos deben permitirse o prohibirse, sino considerar la manera en que su uso puede incorporarse a programas que favorezcan una ciudadanía digital. El planteamiento adquiere relevancia ante datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales señalan que el 81 por ciento de las personas mayores de seis años en México utiliza diariamente un teléfono celular.Por su parte, la investigadora Janneth Trejo Quintana expuso que existen razones pedagógicas y cognitivas para establecer límites en las escuelas, debido a que los dispositivos pueden convertirse en una fuente permanente de distracción durante las clases. Recordó que estudios citados en la discusión indican que una interrupción puede requerir alrededor de 20 minutos para recuperar la concentración.Trejo Quintana añadió que el uso de redes sociodigitales también se encuentra relacionado con la salud mental y mencionó investigaciones que hallaron correlaciones entre estas plataformas y distintas condiciones psicológicas o emocionales, por lo que se pronunció en contra de una prohibición generalizada y a favor de lineamientos claros mediante políticas públicas.Finalmente, Sebastián Plá Pérez, también investigador del IISUE, planteó que cualquier regulación debe tomar en cuenta las diferencias entre niveles educativos y considerar cómo los teléfonos modifican las dinámicas de socialización dentro del aula, al permitir que una persona permanezca físicamente en la clase mientras mantiene actividades en entornos virtuales.
