El 10 de septiembre de 2026 arrancó formalmente el proceso electoral federal 2026-2027. En juego: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos locales. Es la primera gran prueba electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum y, en muchos sentidos, la más compleja desde 2006. Lo que sigue es la radiografía del país al momento del arranque: quién llega fuerte, quién llega herido y qué tan confiable es el árbitro.
El oficialismo: Claudia Sheinbaum llega con una aprobación promedio de 68% —una de las mandatarias mejor evaluadas de América Latina—, aunque la desaprobación subió de 19% a 25% en un año. Su imagen personal se ha mantenido separada de los escándalos del partido. Morena, en cambio, llega con tres frentes abiertos que le cobran factura simultáneamente.
El primero es la corrupción. El huachicol fiscal —un esquema de contrabando de combustibles con un perjuicio estimado de 600 mil millones de pesos— encabeza una lista que incluye el caso Segalmex, con desvíos de entre 9,500 y 15,000 millones.
El segundo es la disonancia con su propio discurso. Morena construyó su capital político sobre la bandera de la honestidad y la austeridad. Cuando sus cuadros viajan en aviones privados, portan ropa de marca y acumulan propiedades y fortunas inexplicables, cada escándalo pesa el doble. La presidenta tuvo que recordarles en una carta a los militantes que “la parafernalia del poder es del pasado, no de Morena.”
El tercero —y el más grave— es el de los vínculos entre el oficialismo y el crimen organizado. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado formalmente en una corte de Nueva York de operar para el narcotráfico. El retiro de visas estadounidenses a figuras de la 4T: Andy López Beltrán, la gobernadora de Baja California. Hernán Bermúdez, el “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno del hoy senador Adán Augusto López, detenido como presunto líder del cártel “La Barredora”. Ninguno de estos casos ha sido explicado con claridad por Morena, y la FGR no ha tenido prisa en investigarlos. Todo esto en un país con más de 35,000 homicidios al año y 130,000 desaparecidos. Que ese sea el telón de fondo de una elección, y que el partido en el gobierno no tenga una respuesta clara sobre su propia relación con quienes generan esa violencia, es el peso más difícil que Morena carga de cara a 2027.
Con todo eso sobre la mesa, la preferencia electoral de Morena prácticamente no se movió: de 33.5% a 33.4% según Mitofsky. El voto duro resiste. Pero la simpatía no: imagen positiva de 56% a 49.4%, negativa de 23.9% a 34.9%. El ancla que lo sostiene son los programas sociales: 42 millones de beneficiarios en 2026, constitucionalizados desde 2024 y por tanto estructuralmente difíciles de atacar. El control territorial sembrado durante ocho años está dando su cosecha. PVEM y PT saben lo que valen: sin ellos no hay mayoría calificada, y negocian en consecuencia.
La oposición. El PAN sigue siendo la segunda fuerza: de 10.4% a 14.8% según Mitofsky, con imagen positiva que mejoró de 27.9% a 31.2%. Pero el rechazo a votar por sus candidatos se mantiene en 44.1%. Tiene críticas, no tiene proyecto. El PRI eligió la confrontación y la bravuconaría: creció de 7.3% a 10.4%, pero sigue siendo el partido más repudiado: 48.7% no votaría por él. Movimiento Ciudadano tiene la estrategia más clara: van solos, sin alianzas que les carguen negativos, y la apuesta les funciona. De 7% en 2021 a 9.8% hoy, capturando el voto que no es Morena y que tampoco se siente representado por la oposición tradicional. Su reto: conservar Nuevo León y afianzar ese electorado flotante.
La gran alianza luce poco menos que imposible. MC ha cerrado esa puerta de manera reiterada. PAN y PRI oscilan entre el sí y el no. Una alianza sin MC sumaría entre 25 y 28 puntos de preferencia efectiva frente al 41.7% del bloque oficialista: tan intrascendente como la de 2024. El dato definitorio: 28% de los ciudadanos no declaró preferencia. Ese voto define la elección.
Por su parte El INE llega al proceso con legitimidad fracturada. Los que salían a las calles a gritar que el INE no se tocaba hoy lo demeritan; la oposición acusa parcialidad en el Consejo General, incluida su consejera presidenta Guadalupe Taddei. Los partidos adelantan descaradamente sus campañas sin que el árbitro los sancione. El presupuesto recibe embates sistemáticos. Y un día antes del arranque formal, la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino —segunda persona en importancia operativa del instituto— presentó su renuncia irrevocable.
El TEPJF llega en condición más precaria: opera con 5 de sus 7 magistrados, con más de 300 días incompleto, arrastrando cuestionamientos por resoluciones que han favorecido al oficialismo. El mismo oficialismo que retribuyó ampliando dos años el periodo de los magistrados y abriéndoles la posibilidad de volver a competir en la elección judicial, extendiendo su permanencia hasta 17 años. El TEPJF es la única autoridad que puede anular una elección.
Valdría la pena recordarles a todos los aspirantes a puestos de elección popular la idea sobre la que se construyó el Estado moderno: que el poder político no es un fin en sí mismo sino un instrumento puesto al servicio de los gobernados. Locke, Rousseau, Montesquieu —los arquitectos del Estado moderno— coincidían en lo esencial: los hombres ceden parte de su libertad al Estado a cambio de tres cosas concretas: seguridad, protección de sus derechos y procuración del bien común. Nada más. Y nada menos.
