¿Lo dije o lo pensé?
Reprobar una materia puede dar coraje. Recibir una observación dura, también. Pero inventar una acusación para perjudicar al profesor que puso esa calificación es una decisión que rebasa cualquier desacuerdo escolar. Hay una persona cuya reputación, trabajo y tranquilidad pueden quedar afectados por algo que nunca ocurrió.
Cuando alguien altera mensajes, inventa conductas o convence a otros de sostener una versión falsa por un conflicto personal, la universidad tiene un problema de honestidad que debe atender. La consecuencia puede llegar al salón de clases cuando un profesor teme represalias por evaluar con rigor, quizá termine pidiendo menos para trabajar tranquilo. Eso también afecta a los estudiantes que quieren aprender.
Por otro lado, una denuncia que no se comprueba no significa que haya sido inventada. La falta de pruebas y la mentira deliberada son cosas distintas. Tampoco una mala calificación desacredita por sí misma a quien denuncia. Una represalia debe demostrarse; asumirla porque el alumno reprobó sería otra injusticia.
La ética estudiantil también se expresa al aceptar una evaluación desfavorable, pedir que se revise con argumentos y reconocer lo que faltó aprender. El derecho a inconformarse merece respeto. Quien fabrica hechos para conseguir una calificación o perjudicar a alguien debe responder por esa conducta. Ser estudiante no elimina la responsabilidad por el daño causado.
Hablar de un vacío legal absoluto sería impreciso. En México, el Código Penal Federal contempla ciertos supuestos de falsedad ante autoridades y simulación de pruebas materiales para atribuir un delito a otra persona. Su aplicación a una queja en el ambiente escolar requiere revisar los hechos y la competencia legal.
El vacío institucional aparece cuando un reglamento no aclara cómo investigar una acusación deliberadamente falsa, quién resuelve y qué consecuencias proceden. Dejar esas decisiones a la improvisación permite que un mismo hecho se trate de manera distinta según las personas involucradas.
Los protocolos necesitan plazos razonables, personal imparcial y oportunidad de conocer los señalamientos y responder. Deben proteger de represalias a quienes denuncian, resguardar la información y permitir medidas preventivas justificadas mientras se investiga, sin presentarlas como condenas. Quien resuelva tendrá que explicar qué pruebas tomó en cuenta y por qué llegó a esa conclusión. También debe existir una vía para impugnarla. Resolver por la presión en redes o para evitar una mala noticia compromete la justicia del procedimiento.
También hace falta prever qué sucede después. Si se acredita que alguien mintió para dañar, debe haber una sanción proporcional y acciones para reparar el perjuicio. Archivar el expediente no devuelve por sí solo la confianza de los compañeros ni deshace una acusación difundida públicamente.
Una universidad que presume formar profesionistas íntegros tiene que asumir estas decisiones. La honestidad se debe exigiren todo momento, desde la elaboración de una tarea hasta cualquier acusación. Permitir una mentira comprobada por evitar conflictos es enseñar que perjudicar a otro puede salir gratis. Ese aprendizaje también es responsabilidad de las autoridades que prefieren no intervenir.
