Consejeros del INE y representantes de los partidos alertaron sobre los riesgos del uso político de la información que llegue a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas y que, ante la falta de consecuencias jurídicas, sólo haya "llamados a misa".
Al aprobar los lineamientos de trabajo de la nueva Comisión, el Consejo General del INE garantizó que habrá confidencialidad y respeto a la presunción de inocencia cuando se revisen antecedentes de los candidatos y se busque identificar posibles nexos con el crimen organizado.
El propio presidente de la Comisión, Arturo Chávez, reconoció las limitaciones de este nuevo grupo de trabajo que verificará las candidaturas, a petición de los partidos.
"Si bien la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas facilitará la comunicación entre las instituciones, los partidos políticos y las candidaturas independientes, nuestra labor será actuar estrictamente por solicitud de parte interesada, garantizando el consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de los sujetos involucrados y la plena autonomía de los partidos políticos para decidir a quién incluyen en las listas de las personas que, voluntariamente, reitero, quieran ser verificadas.
"Esta Comisión no contará con la facultad de retirar candidaturas ni tendrá a dato sensible alguno, por lo que, así se les haya comunicado a los partidos políticos o candidatos independientes la existencia de riesgo razonable, en aspirantes valorados por parte de alguna de las instituciones mencionadas, información a la que INE no tendrá acceso", indicó Chávez.
Dijo que se garantizará la secrecía de los listados, así como de los resultados de la investigación que se realice con diversas dependencias.
Remarcó que la decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes, quedando en ellos la responsabilidad política ante la ciudadanía.
El representante del partido Paz, Ernesto Guerra, expresó que al final de cuentas, el trabajo de la Comisión será un "llamado a misa".
"El Legislativo tendrá que modificar el alcance de esta nueva atribución que le dan a ustedes, porque de lo contrario, como decían aquí, un estándar propio para un proceso importante tampoco se va a tener.
"Esto sólo se convierte entonces en una 'llamada a misa', en donde se les da a ustedes una lista y esa lista ustedes la mandarán a las dependencias que están aquí señaladas y serán ellas las que harán una posible investigación o no, se pone en un sobre, se le da al partido político o a la persona y ya", manifestó.
La consejera Carla Humphrey expresó que todos deben tener claridad respecto a los límites de la comisión y consideró que se debe trabajar con la obtención de la información y cómo se procesa.
"También debemos tener claridad respecto de los límites. Esta Comisión no investiga delitos, no determina responsabilidades penales, ni sustituye a las autoridades competentes, no accede al contenido de los análisis efectuados por las instancias competentes.
"Por ello, debemos distinguir claramente dos cuestiones: una cosa es que el instituto no pueda sustituir a las autoridades competentes en la evaluación especializada en riesgos, y otra distinta es cuál será su capacidad para procesar, sistematizar, dar seguimiento y asegurar la trazabilidad de la información dentro del procedimiento de verificación", alertó.
El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, expuso que el verdadero desafío de la Comisión comenzará cuando el mecanismo entre en operación.
"La expresión 'riesgo razonable' no puede convertirse en una categoría abierta mediante la cual una autoridad administrativa, financiera, de inteligencia o de procuración de justicia traslade a los partidos sospechas, señalamientos o valoraciones construidas bajo estándares distintos dependiendo de la persona revisada.
"Aquí debemos establecer una frontera con absoluta claridad. Una cosa es informar que existe una sentencia o una resolución firme, u otra informar sobre una investigación en desarrollo", subrayó.
Precisó que una cosa es la existencia de un dato preliminar y otra completamente diferente es pretender transformar cualquier elemento sin contexto ni valoración jurídica suficiente en una "sentencia política anticipada".
Dijo que la presunción de inocencia tiene que reflejarse en cada actuación derivada del procedimiento, porque dicho mecanismo no se puede convertir en una especie de "Santa Inquisición electoral" contra la oposición.
"No queremos un instrumento para fabricar sospechosos, pero tampoco queremos un instrumento para lavarle la cara a nadie", señaló.
De acuerdo a los lineamientos aprobados, la Comisión hará consultas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Sin embargo, los consejeros no tendrán acceso a investigaciones en curso, carpetas de investigación, expedientes o productos de inteligencia ni a los listados ni a las respuestas de las autoridades.
La Comisión enviará "invitaciones" a todos los partidos políticos nacionales para que entreguen sus listas con los nombres que consideren se deben indagar, pero solo la Secretaría Ejecutiva podrá ver los listados de personas por las que se pidió investigación.
Como principios de trabajo, se señala que la Comisión reconocerá la participación voluntaria de dicha revisión y habrá "absoluta confidencialidad" sobre los nombres.
La respuesta de la autoridad será técnica e informativa y no producirá efectos sobre la elegibilidad, derechos político-electorales ni podrán ser utilizados para fines distintos.
