Aguascalientes, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Bernardo “N”, señalado como probable responsable del delito de Fraude, en perjuicio de dos víctimas, luego de que presuntamente las engañara para que realizaran una inversión relacionada con la remodelación y comercialización de departamentos.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el imputado presuntamente ofreció a las víctimas participar en un esquema de inversión para la remodelación de departamentos, estableciendo como parte de la ganancia la celebración de un contrato de promesa de venta respecto de uno de los inmuebles.
Confiando en la propuesta, las víctimas habrían entregado diversas cantidades de dinero; sin embargo, pese a los compromisos establecidos, no recibieron el departamento que presuntamente les sería entregado como resultado de su inversión.
Como parte de las indagatorias, la agente del Ministerio Público llevó a cabo diversas diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, mediante las cuales se obtuvieron datos que permitieron establecer, de manera preliminar, que el imputado no contaba con los permisos correspondientes de las autoridades competentes para llevar a cabo la operación planteada y que el inmueble se encontraba sujeto a una limitación de dominio que impedía disponer libremente del mismo.
Una vez judicializado el asunto, Bernardo “N” se presentó de manera voluntaria ante la autoridad judicial para participar en la audiencia inicial. Durante el desarrollo de la misma, la representación social expuso los datos de prueba recabados durante la investigación, con los cuales sustentó la imputación formulada en su contra.
Luego de analizar los argumentos presentados por las partes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Bernardo “N” por el delito de Fraude, además de imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar los elementos expuestos durante la audiencia.
Finalmente, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público y las partes podrán continuar con las diligencias correspondientes dentro del proceso penal, conforme a las disposiciones legales aplicables.
